El gabinete económico y social del Gobierno desplegó una batería de medidas que se encargarán de desacelerar la crisis que genera la pandemia en Argentina. El incremento del gasto, los subsidios y los créditos blandos anunciados por el Ejecutivo tendrán un impacto de cerca del 2% del PBI. Con esto, dejó de lado la precaución de equilibrio de gastos y se inclinó hacia una política fiscal decididamente expansiva.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, y su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, determinaron políticas económicas que se respaldarán con un opulento aumento del gasto público. En total, se va a inyectar en la economía el equivalente a dos puntos del producto bruto interno, de acuerdo a lo que calculó el Gobierno, pudo saber El Destape de diversas fuentes oficiales. La inédita cifra colaborará a paliar los efectos del coronavirus y de la recesión que dejó la gestión de Cambiemos.
En una disertación desde la Casa Rosada, anunciaron que eximirán el pago de contribuciones patronales a los sectores afectados de forma crítica por la emergencia. Además, ampliarán el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para garantizar el empleo de aquellos que trabajan en empresas afectadas por la emergencia sanitaria. En ese marco, reforzarán el seguro de desempleo.
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Los funcionarios también adelantaron el lanzamiento de créditos blandos por unos $ 350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura. Estará integrada por una línea por $ 320.000 millones para proveer capital de trabajo a las empresas a tasas preferenciales por un plazo de 180 días con tasa de interés será 26% anual; $ 25.000 millones en préstamos del Banco Nación a tasa diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos; $ 8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo y $ 2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en los parques industriales.
El Estado aportará de forma directa. Guzmán aumentará en 40% la partida presupuestaria para los gastos de capital, con $ 100.000 millones que irán a obras de infraestructura, educación y turismo. Por último, y en vista del desabastecimiento de los últimos días, el Gobierno le solicitará formalmente a las industrias productoras de alimentos, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos, equipamiento e implementos médicos que aumenten su producción, de modo de que puedan afrontar el crecimiento de la demanda.
Horas antes, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el director ejecutivo de ANSES, Alejandro Vanoli, habían anunciado un pago extra para la asignación universal por hijo y por embarazo de $ 3.100 y para jubilados y pensionados de $ 3.000 siempre que sus haberes se encuentren por debajo de los $ 18.892, mientras que el resto recibirá la diferencia entre sus ingresos y ese monto. Además, el organismo previsional postergará el pago de las deudas de abril y mayo con ANSES de los beneficiarios de la AUH y los jubilados.
Si bien Argentina había acordado una limitación de su gasto púbico con el FMI debido al multimillonario préstamo que Mauricio Macri le solicitó pero nunca calculó cómo devolver, el organismo multilateral de crédito debió abandonar su frustrado manual neoliberal para mitigar el impacto de la pandemia. Su directora gerenta, Kristalina Georgieva, les propuso a los países "mantener el equilibrio entre preservar la estabilidad financiera, mantener la solidez del sistema bancario y actividad económica sostenida". Tal como realizó luego Alberto Fernández, la economista consideró que los bancos centrales deberían "aliviar las condiciones financieras y garantizar el flujo de crédito para la economía real".
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