En el gobierno están convencidos de que un sector del poder judicial decidió trabar los procesos iniciados por delitos económicos. Los organismos estatales de control financiero denuncian que los retrasos en la causa contra las cuentas suizas es un ejemplo más de una tendencia afianzada y encabezada por la falta de acción del juez Juan Pedro Galván Greenway, quien tiene la investigación iniciada contra Shell y una serie de bancos por presiones para devaluar el peso en enero.
"La justicia está imponiendo una lentitud que mata todas las investigaciones sobre delitos económicos. Nos está costando mucho avanzar con la estrategia en general cuando retrasan todo, no podemos generar nuevas investigaciones hasta que empiece a moverse lo anterior", se quejó en diálogo con El Destape uno de los hombres encargados de mantener la lupa estatal sobre la city y las empresas.
Galván Greenway, a cargo del juzgado penal económico Nº 7 de la Ciudad de Buenos Aires, recibió en junio una denuncia que apunta a la petrolera Shell y a los bancos HSBC, Citibank, BBVA Francés, BNP Paribás, JP Morgan Chase y Banco de la Provincia de Córdoba. Para el gobierno ya con la presentación inicial había material suficiente para realizar citaciones, cuestión que se hizo más urgente luego de que la fiscalía profundizara los datos recabados por la Unidad de Información Financiera (UIF). A pesar de contar con estos elementos, la causa no mostró movimiento en el juzgado.
Silenzio stampa judicial
Silenzio stampa judicial
El Destape quiso comunicarse con el juzgado para obtener su punto de vista sobre el ritmo de la causa, pero no recibió respuesta ni a los llamados telefónicos ni a los mails enviados. "Por el momento sólo mostró voluntad de colgar el proceso. Están identificados todos los actores, el juez podría tener actividad y al menos llamar a alguno de los que se sabe que compraron, pero no mueve nada y mantiene todo pendiente de resolución", se quejan en los organismos de control.
En tanto, desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que están "esperando respuestas del BCRA y Reuters". Esta última empresa tiene que mandar las transcripciones de las conversaciones de la mesa de dinero del Banco Central en el día de la corrida de verano.
Además de acusar a los privados, gente del propio gobierno nacional cree que hubo un comportamiento al menos permisivo de la autoridad monetaria durante la devaluación de enero. "En ese momento desde el Central (bajo la dirección de Juan Carlos Fabrega) se validó el accionar en el mercado con algo que ahora se está evitando", opinaron desde uno de los organismos de control financiero.
Shell y el HSBC compraron en enero u$s 5 millones a $ 8,70 cuando el precio del mercado mayorista era $ 7,20, es decir más de un 20% más caro. Incluso el tipo de cambio fue significativamente mayor al registrado en las restantes operaciones en las que intervino el HSBC durante ese día. Para ese entonces, el Banco Central ya había intervenido en el mercado de cambios, fijando el tipo de cambio en $8.
HSBC recibió multas por U$S 104 millones y en ese momento desde el equipo económico dijeron que la maniobra, junto con otras circunstancias, derivaron en la fuerte devaluación del peso, que inevitablemente se vio reflejada en la economía real en con un aumento de los precios de diferentes productos, entre ellos los combustibles.
Fuentes oficiales sostienen que otro ejemplo de las trabas se puede ver en la lentitud con la que se mueve la justicia en los casos surgidos de los operativos en la city contra las cuevas financieras. Según indican, las investigaciones que recayeron sobre la casa de cambio America ya tiene elementos suficientes para que se inicie el proceso en tribunales, pero desde la fiscalía retrasan la iniciativa. "Estuvimos toda una noche y vimos salir a los coleros, pero nos dicen que no hay elementos para allanar y profundizar", explican.
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