El lunes 6 de abril, Antonio "Jaime" Stiuso debería presentarse en la sede del organismo que supo controlar, por lo menos, los últimos quince años. El titular de la recientemente creada Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, lo citó para que explique supuestas "conductas dilatorias e irregulares" en torno a la investigación por el atentado contra la sede de la AMIA. Según Parrilli, 'Jaime' está obligado a asistir el lunes para explicar quince notas entre 2008 y 2011 que intercambió con Alberto Nisman sobre la profundización de lineas de investigación para la causa.
Lo más probable es que Stiuso no se presente. Su abogado Santiago Blanco Bermúdez (ex fiscal federal de Morón y representante de la familia del ex agente de la SIDE, Pedro "Lauchón" Viale) aseguró que no está en el país. En febrero, la Secretaria de Inteligencia emitió una alerta para que la Dirección Nacional de Migraciones le informe cada vez que el ex director de Operaciones quiera salir del país.
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Estas últimas dos semanas no fueron buenas para Stiuso. Las causas iniciadas en los fueros federal y penal económico continúan abiertas y con avances. Por otro lado, la causa contra Gustavo Béliz por mostrar en 2004 una foto suya parece encaminarse, nuevamente, a la absolución del ex ministro de Justicia, por medio de un dictamen de la titular de la Procuración General de la Nación. Ese organismo fue el que, esta semana, comunicó la conformación de una comisión para controlar el traspaso de uno de los bastiones de Stiuso: la Dirección de Observaciones Judiciales, alias OJOTA, encargada de las escuchas "legales".
Lavado de dinero, 94 toneladas de mercadería y operaciones comerciales sospechosas
El 27 de marzo, el fiscal federal Ramiro González le requirió al juez Sebastián Casanello abrir una investigación contra Stiuso y un grupo de ex espías, a quienes imputó por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en el marco de una denuncia realizada por la ONG La Alameda. A comienzos de febrero, González había solicitado que se levante el secreto sobre los legajos de los denunciados, algo que Parrilli concedió, por lo que ya están anexados al expediente. Allí figura que el sueldo de Jaime era de 15 mil pesos mensuales.
El fiscal tomó, en su requerimiento de instrucción, los elementos que figuraban en la denuncia y solicitó que se tomaran más de treinta medidas, entre las que figuran el pedido de informes a bancos, entidades financieras y públicas como la IGJ (Inspección General de Justicia), lugar donde deben inscribirse las empresas. Según la denuncia, Stiuso y los ex agentes Alejandro Patrizio, Horacio García, Ricardo Saller y Silvia Dicianni montaron un "complejo entramado financiero" donde habrían utilizado la fachada de la SIDE para realizar sus propias operaciones comerciales. También fueron señaladas 85 empresas, algunas extranjeras, y empresarios locales como Carlos Molinari, procesado por lavado de dinero en una de las causas que involucra a Lázaro Baéz.
La principal empresa señalada es "American Tape SRL", creada por Stiuso en 1994 y que, en lo formal, se dedica se dedica a la producción, importación y distribución de las vetustas cintas de video VHS y SVHS y otros productos de audio y video profesional.
Según consta en la denuncia, American Tape registró un aumento de capital en 2013: pasó de 6 mil pesos a 6 millones. ¿Era la empresa ubicada en el barrio de Once una secretaría de Inteligencia paralela? A esa dirección llegaban las facturas de los teléfonos que Stiuso tenía a su nombre y que pagaba con dinero de la SI.
Otra causa que lleva adelante el juzgado de Casanello es la que presentó la Procelac en base a un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que le envío la UIF. Si bien Procelac la había presentado en el marco de la causa de La Alameda, Casanello la envió a sorteo y finalmente, volvió a su juzgado. Este ROS versa específicamente sobre los seguros de los aparatos celulares que contrató Stiuso, que serían alrededor de 170. El ex agente estaba inscripto como "peluquero" en la AFIP y por eso la empresa aseguradora emitió la alerta.
La justicia en lo penal económico también tiene un expediente que inquieta al ex agente: la causa por las 94 toneladas de mercadería que habrían ingresado entre 2013 y 2014 a un área que dependía exclusivamente de Stiuso. Las 67 importaciones que señaló Parrilli (impulsor de la denuncia) fueron correctamente detalladas para dejar afuera de la imputación al ex director de la SI, Héctor Icazuriaga.
La fiscal del caso no opinó lo mismo y lo imputó junto con Stiuso y los ex agentes Nicolás Gastón Mercado y Alejandro Osvaldo Patrizio. "Es razonable conjeturar que el caso bajo examen giraría en torno al ingreso al país de mercadería de origen extranjero, documentada a nombre de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, cuyo destino resultaría incierto, invocándose y utilizándose falsamente el régimen de importación de material técnico secreto", explicó Ruiz Morales.
El juez de la causa ya comenzó a tomar varias medidas, entre las que se encuentra una solicitud a la AFIP-Aduana por detalles sobre convenios con otros países, para identificar el material supuestamente contrabandeado. También le solicitó a la SI que informe sobre la cadena de mandos desde la orden hasta el retiro de la mercadería y la autorización de las importaciones. Parrilla le remitió, a mediados del mes pasado, un nuevo listado, donde se agregan 17 toneladas más de mercadería identificada como material electrónico y médico y que no figuran dentro del patrimonio de la Secretaría.
La Dirección de Observaciones Judiciales, observada
Esta semana, la Procuración General creó un Equipo de Diagnóstico e Implementación para la Transferencia de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) a la órbita del Ministerio Público Fiscal. Para cumplir con ese objetivo nombró a una Comisión Asesora integrada por el director de la Escuela Nacional de Inteligencia, Marcelo Saín; el ex ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Léon Carlos Arslanián; el especialista en derecho procesal y reforma judicial Alberto Binder y el titular de la Oficina de Enlace Legislativo de la PGN, Félix Crous.
Ojota, como se le dice habitualmente, es en los papeles el único órgano del Estado "encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente". No obstante, siempre hubo sospechas sobre su manejo dentro de la legalidad. Funciona en un edificio de Avenida de Los Incas 3834, en Capital, donde, según Parrilli, "se intervinieron 25.950 llamadas; el 56 por ciento del interior del país, el 88 por ciento a celulares durante 2014".
El Equipo de Diagnostico creado por la Procuración hará un análisis "patrimonial, de estructura y de equipamiento" de la Dirección, que hasta hace poco, controlaba un allegado a Stiuso: Santiago Vila. La actual directora es Josefina Kelly Neira, quien ya tuvo un roce con un fiscal por las escuchas. Paulo Starc, ex número dos del Ministerio de Seguridad Bonaerense durante la gestión de Carlos Stornelli, la denunció penalmente.
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