La organización internacional de Derechos HumanosAmnistía realizó un duro informe sobre la tortura en Argentina.
Es porque el país tuvo que rendir examen ante Naciones Unidas sobre la situación de tortura en el país en la 60° sesión del Comité contra la Tortura de la ONU. Hacía 12 años que Argentina no rendía cuentas sobre este tema.
Por ello, Amnistía Internacional presentó un informe que señala las principales preocupaciones en relación. Destaca tres puntos: perspectiva de género en la tortura en el contexto de la atención sanitaria de mujeres y adolescentes, especialmente en situaciones de denegación del acceso al aborto legal como manifestación de un trato cruel, inhumano y degradante. La tortura y malos tratos en situación de encierro: violencia institucional, impunidad y uso abusivo de la prisión preventiva. Y monitoreo y prevención de la tortura: falta de registro e información de hechos y denuncias de tortura, falta de implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura.
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Las recomendaciones finales del Comité de la ONU a la Argentina serán publicadas el 12 de mayo. "La tortura y los malos tratos atraviesan diferentes escenarios de la vida institucional en Argentina. Desde contextos de salud hasta situaciones de encierro. Es preciso adoptar medidas concretas para desterrar esta práctica", afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Durante el examen, el Estado tuvo oportunidad de responder las preocupaciones planteadas por el Comité contra la Tortura de la ONU, que difundió Amnistía.
Sobre tortura y género, la ONU alertó sobre los altos índices de hechos de violencia contra las mujeres y femicidios y pidió información detallada sobre la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A su vez, manifestó especial preocupación sobre la práctica de obtener confesiones de mujeres que precisan asistencia médica urgente en situaciones post-aborto.
Con respecto a la política migratoria, el Comité señaló su preocupación por la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 que introduce cambios regresivos en la Ley de Migraciones y consultó al Estado si está evaluando revisar esa norma. Además, le solicitó información sobre las garantías del debido proceso en los procesos de expulsión y sobre la población carcelaria migrante.
Uno de los puntos más fuertes fue el de condiciones de detención. Allí el Comité pidió detalles sobre las causas en el crecimiento de la población carcelaria, las malas condiciones de detención y la sobrepoblación, los numerosos casos de violencia institucional y las medidas contempladas para revertir esta situación. Asimismo advirtió sobre el uso abusivo de la prisión preventiva.
Y sobre la prevención de la tortura, se pidió al Estado argentino presentar un cronograma para la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la tortura y la integración del Comité Nacional. Advirtió sobre la necesidad de que el proceso de selección de este último sea transparente.
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