Ayer el Consejo de Seguridad Interior (CSI), aprobó el nuevo protocolo de actuación en las manifestaciones públicas y el Centro de Estudios Legales (CELS) lo criticó con dureza: "Limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta", aseguraron desde el organismo.
Mediante un comunicado, el CELS explicó: "Según la resolución dada a conocer hoy, la circulación es más importante que la integridad de las personas y que los derechos a la protesta y a la libertad".
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"El protocolo amplía las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social. Al mismo tiempo, no prohíbe explícitamente el uso de arma de fuego en las manifestaciones, prohibición que se había logrado en 2004 y que fue volcada en la resolución 210/2011, ni el uso de balas de goma para dispersar la protesta. Tampoco impone obligaciones de uso de uniforme, ni de identificación de los policías y de los móviles".
Además, prosiguieron: "Este protocolo limita el ejercicio del trabajo periodístico y el efecto de control sobre los operativos policiales que puede tener al restringir el lugar en el que se deben ubicar los trabajadores de prensa que cubren la protesta" y aseguraron: "Todas estas regulaciones son contrarias a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y derecho a la protesta".
Asimismo, afirmaron que la nueva medida "limita de manera inconstitucional el derecho a la protesta al colocar al "orden público" por encima de todo".
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