El apartamiento de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación después de once años provocará, indefectiblemente, una serie de reacomodamientos en el Poder Judicial. Sobre todo, en los tribunales federales de Comodoro Py, donde tramitan las causas políticas más sensibles del país. Allí, el titular del Alto Tribunal tiene una importante ascendencia.
Uno de los interrogantes que se abre en la nueva etapa es cómo ejercerá su poder la nueva cabeza del máximo tribunal del país, Carlos Rosenkrantz, y, sobre todo, cómo se reposicionará el abogado rafaelino en el tablero político judicial.
Cámara en movimiento
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Desde la presidencia de la Corte, Lorenzetti mantuvo un contacto fluido con el presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun. El 13 de septiembre, dos días después de que se oficialice el cambio de presidencia cortesana, el Consejo de la Magistratura definió que el juez Pablo Bertuzzi sea trasladado de forma definitiva a ese tribunal estratégico de Comodoro Py. Bertuzzi preside el TOF 4, que juzgó a Amado Boudou en el caso Ciccone.
Ahora solo resta un decreto de designación del Presidente para que se oficialice el traspaso.
No faltan quienes sospechan en Tribunales que la designación de Bertuzzi busca acorralar a Irurzun. Sobre todo, porque el Gobierno no quiere correr riesgos con la causa de los cuadernos, a través de un ajedrez político-judicial que le permita tener el expediente bajo control.
Bertuzzi recaerá en la sala I donde hará dupla con el “amigable” Leopoldo Bruglia y bloqueará cualquier postura adversa del tercer integrante de esa sala, Mariano Llorens. También será clave cuando haya que completar la sala II, en la que sólo está Irurzun.
El armado, no obstante, puede crujir. Tanto Irurzun como el Llorens rechazaron el traslado de Bertuzzi. Ambos, en una consulta de rigor del consejo, no estuvieron de acuerdo con la designación.
Los jueces cercanos a Lorenzetti
Lorenzetti también tuvo canales de comunicación aceitados con jueces como Ariel Lijo (lleva una de las causas que más preocupan a Macri, la pata penal del Correogate), Julián Ercolini e incluso Claudio Bonadio, entre otros.
En Tribunales aseguran que la decisión de Bonadio de dar un giro en la pesquisa y expandir la investigación de los anotadores Gloria del 2003 al 2015 sumó para que desde la Casa Rosada se impulsase con más fuerza el corrimiento de Lorenzetti. Vieron su mano detrás de ese movimiento. Es que con esa modificación se involucró a Macri en la causa, ya que para esos años estaba vinculado a IECSA y a una concesionaria vial (Ausol) que podría entrar en la investigación tras el testimonio del arrepentido Claudio Uberti.
¿Vuelven las escuchas a la AFI?
La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) es una especie de mini SIDE paralela que está bajo la órbita del Alto Tribunal. Se creó en febrero de 2016. La DAJuDeCo está comandada por Irurzun y Juan Tomás Rodríguez Ponte (vinculado a Lijo). El director suplente es Javier María Leal de Ibarra, presidente de la Junta de titulares de Cámaras Nacionales y Federales, quien llegó a impulsar una carta de respaldo a Lorenzetti en la Cámara de Casación -que no prosperó- durante una de las tantas arremetidas de la diputada Elisa Carrió.
Con el ascenso de Rosenkrantz se especula con un cambio de manos en la DAJuDeCO, ya que este tipo de organismo no es de su perfil: en Casación esperan la administración de esta dirección estratégica con los brazos abiertos. Otras opciones que se barajan son que vuelva a la AFI o al Ministerio Público Fiscal, donde ya no está la procuradora general Alejandrá Gils Carbó, como en 2016.
La incógnita Rosenkrantz y el ajuste en la Justicia
“A mí me tomó por sorpresa”, aseguró un juez federal de los tribunales de Retiro respecto a la elección del nuevo presidente de la Corte. Un colega suyo en Comodoro Py habló el mismo martes de “incertidumbre” por la noticia. Otros, en cambio, veían posible este escenario desde que Horacio Rosatti y Rosenkrantz –exabogado de Clarín- llegaron en 2016 al Tribunal Supremo, a propuesta de Macri. Insinuaban un cambio de era.
Con la materialización del cambio de mandamás, muchos magistrados interpretan que ahora se allana el camino para un “ajuste en el Poder Judicial”. No faltan en tribunales quienes creen que Lorenzetti “dejó hacer” porque no habría querido asumir el costo de ser él quien realice el recorte.
Entre las medidas que esperan con temor en Tribunales figuran el pago de ganancias –los jueces están en su inmensa mayoría exentos- y un recorte de gastos, algo que desde la propia Corte se rechazó el 24 de agosto pasado cuando se realizó la proyección del presupuesto para 2019.
El Alto Tribunal solicitó $10.118.765.831 para el año próximo (acordada 26/18), es decir, un 22,2% de aumento respecto al de 2018. Ahora deberá pasar por el Congreso, en el marco del presupuesto general.
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