La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó "fundada preocupación" por el decreto migratorio firmado por el presidente Mauricio Macri, en tanto que el Gobierno nacional rechazó intenciones "xenofóbicas" y aseguró que la Argentina es un país "de puertas abiertas" a los extranjeros.
Durante una audiencia convocada de oficio por la CIDH en Washington a partir de la modificación de la normativa migratoria en la Argentina, el presidente del organismo, Francisco Eguiguren, advirtió que existe "fundada preocupación" por el hecho de que este tipo de medidas escondan una intención de culpar a migrantes por "aumento del delito". Incluso, Eguiguren recordó que esa situación se debate en la actualidad "en el país que nos acoge", en referencia a los Estados Unidos.
A su vez, el director nacional de Migraciones, Horacio García, aseguró que la Argentina es un país de "puertas abiertas" y destacó que desde que el presidente Macri asumió se regularizó la situación de 250 mil extranjeros. García aseguró que la Argentina está en condiciones de recibir "40 millones" de inmigrantes y resaltó el "aporte positivo" de la inmigración.
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El funcionario justificó el decreto que agiliza los plazos para la expulsión de inmigrantes que cometen delitos, al indicar que se requieren plazos "razonables" debido a que con anterioridad "el trámite insumía entre 8 y 10 años". Además, el organismo que encabeza García precisó que desde que se firmó el decreto, hay "dos personas" a disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, pero que permanecen en libertad mientras se sustenta el proceso de expulsión.
A su vez, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que "no se trata de perseguir migrantes, la nacionalidad de quien delinque no" interesa en el proceso que se inicia, sino "la aplicación del Estado de derecho". Avruj expresó un "fuerte rechazo a cualquier manifestación xenófoba" y defendió la intención de "mejorar los controles en las fronteras para evitar que personas en conflicto con la ley penal" ingresen al país.
En tanto, las organizaciones Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Instituto Argentino para la igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Unión de Colectividades de Inmigrantes de Córdoba y Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina reclamaron la "anulación" del decreto de necesidad y urgencia y denunciaron una situación de "racismo institucional".
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