“Dieciséis años de gobiernos radicales de Eduardo Angeloz y Ramón Bautista Mestre; y veinte años de gobiernos peronistas de José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, explican las consecuencias de la dictadura en Córdoba. El genocidio aniquiló una generación de académicos, científicos, pensadores, profesionales, militantes, artistas, dirigentes sociales y sindicales, de mucha más altura política que estos gobernantes. Muchos están desaparecidos, otros fueron asesinados y los que quedaron partieron al exilio”, sostiene Hernán Vaca Narvaja, periodista cordobés.
Hernán es hijo de Miguel Hugo Vaca Narvaja, abogado defensor de perseguidos políticos, y uno de los presos políticos asesinados en la Unidad Penitenciaria 1 (UP-1) de Córdoba el 12 de agosto de 1976; y nieto de “El Viejo” Hugo Vaca Narvaja, ex ministro del Interior del gobierno de Arturo Frondizi, secuestrado por la patota parapolicial Comando Libertadores de América (CLA) el 10 de marzo de 1976 –dos semanas antes del golpe-; torturado y asesinado en el Centro Clandestino de Detención Campo de la Ribera. “El Viejo” Vaca Narvaja aún continúa desaparecido.
A Miguel Hugo Vaca Narvaja lo habían secuestrado el 20 de noviembre de 1975 en las puertas de los viejos Tribunales Federales de Córdoba, y como alcanzó a gritar pidiendo ayuda, el poder político de la represión se vio obligado a blanquearlo y quedó detenido.
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El 23 de marzo de 1976, sólo veinticuatro horas antes del golpe cívico-militar encabezado por el general Jorge Rafael Videla; 26 miembros de la familia Vaca Narvaja –había 13 chicos entre niños y adolescentes- irrumpieron en la Embajada de México y pidieron asilo político. La tarde del golpe de Estado, tanques del Ejército rodearon la delegación y recién el 2 de abril los Vaca Narvaja pudieron viajar a México.
"A solo 20 metros de donde eran torturados los presos y desaparecidos está ubicada la Iglesia Catedral de Córdoba, y los gritos de esas víctimas quedaban confundidos con los tañidos de las campanas"
“El terrorismo de Estado impuesto por el interventor Raúl Lacabanne desde el ‘74 fue el preámbulo de lo que vendría después. La represión institucionalizada tuvo su representación más simbólica en las mazmorras del Departamento de Inteligencia D-2 de la Policía de Córdoba, donde operaba el Comando Libertadores de América. A solo 20 metros de donde eran torturados los presos y desaparecidos está ubicada la Iglesia Catedral de Córdoba, y los gritos de esas víctimas quedaban confundidos con los tañidos de las campanas”, describe Vaca Narvaja ante El Destape.
Para esta víctima de la dictadura, “Córdoba fue una pieza fundamental en el armado represivo, una de esas casas es que el amo y señor de Córdoba, Luciano Benjamín Menéndez era un fanático anticomunista, un psicópata que quería hacer una limpieza ejemplificadora: lo hizo con la familia Pujadas, lo hizo con los Osatinsky; y nosotros alcanzamos a exiliarnos en México. La Perla, junto a la ESMA son los centros de exterminio más simbólicos de lo que fue la represión en Argentina”.
La Perla
Sin dudas, el símbolo máximo de la represión ilegal en Córdoba es el centro clandestino de detención La Perla, una dependencia del Ejército ubicada en el camino que une Córdoba con Villa Carlos Paz, que estuvo activa entre marzo de 1976 y 1978. En agosto de 2016 se dictó la sentencia contra los genocidas que digitaron la vida y la muerte de unas 3.000 víctimas que pasaron por el horror de La Perla. De los 43 acusados, 38 tuvieron condenas efectivas, entre ellos, el genocida Luciano Benjamín Menéndez.
Para desgranar el terror y poder juzgar a los responsables de este genocidio fueron necesarios tres años y nueve meses, 350 audiencias con más de 1.000 horas de duración, por donde pasaron unos 600 testigos que contaron sus tormentos. Sin embargo, en este megajuicio que concentró 21 causas, sólo se juzgaron 700 casos, de los cuáles 311 víctimas aún hoy continúan desaparecidas.
“Con este juicio quedaron claras algunas cuestiones: el terrorismo de Estado comenzó en Córdoba bajo el gobierno de Isabel Perón, ahora se deberá investigar su responsabilidad política; siguió en la dictadura cívico-militar; y hubo un plan sistemático de apropiaciones de bebés”, coincidieron los fiscales facundo Trotta y Rafael Vehil Ruiz en agosto de 2016.
En Córdoba, la represión ilegal entre 1974 y el 24 de marzo de 1976 se instrumentó a través del Comando Libertadores de América, liderado por el capitán del Ejército, Héctor Pedro Vergez. Después del golpe, esta banda parapolicial se asimiló al Tercer Cuerpo de Ejército bajo las órdenes de Menéndez.
Los inicios
La fecha icónica del inicio del terrorismo de Estado en esta provincia mediterránea es el 9 de octubre de 1974, con un megaoperativo de la Triple A, comandado por el entonces jefe de la Policía de Córdoba, Héctor García Rey. Durante unas ocho horas, patotas de la Triple A allanaron simultáneamente las sedes del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), del Partido Comunista (PC) y del sindicato de Luz y Fuerza, que lideraba Agustín Tosco. Pese a que el operativo lo dirigió García Rey con policías y órdenes de allanamiento firmadas por la Jsticia, en los locales allanados, quedó la firma de sus verdaderos autores: AAA.
En el local del PC, los policías dejaron su marca: “Si son comunistas como (Horacio) Guarany más bien váyanse del país porque los vamos a matar uno por uno. Si cae un policía van a caer tres de ustedes bolches hijos de puta. Las Tres A”, amenazaba una de las pintadas.
La mayoría de los miembros del Comando Libertadores de América provenía de la Policía de Córdoba y del Ejército. Aunque también había elementos de la derecha peronista y lúmpenes que alternaban su vida entre la delincuencia y la militancia sindical. A diferencia de la Triple A, que fue declarada ilegal, la banda comandada por Vergez nunca pasó a la ilegalidad y luego actuó bajo las órdenes del Tercer Cuerpo de Ejército.
Para Carlos Orzaocoa, ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y abogado de organismos defensores de los DDHH, “en Córdoba hubo una serie de singularidades, ya sea por su historia de lucha, desde la Reforma Universitaria de 1918, pasando por el Cordobazo de 1969; que hizo que la represión pusiera especialmente foco en esta provincia: había un alto desarrollo de la lucha del movimiento obrero, con líderes como Agustín Tosco y el vicegobernador Atilio López; había también un fuerte desarrollo de las organizaciones revolucionarias con inserción en ese movimiento obrero y en el movimiento estudiantil. Entonces, la dictadura y antes la intervención que derrocó a Obregón Cano, vino a eliminar de cuajo esas experiencias”.
Desde hace 44 años, Orzaocoa busca a su esposa y su hije: el 21 de marzo de 1975, María de las Mercedes Gómez, quien era resposable de finanzas del PRT fue secuestrada por una patota policial cuando iba a un control de embarazo en el Hospital Córdoba.
En 1979, al igual que lo sucedido en Buenos Aires, en Córdoba la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recolectó informes sobre la represión ilegal: “Nosotros fuimos como Centro de Estudiantes de Derecho, una de las denuncias que llevamos es la de la desaparición de Raúl Mateo Molina, presidente del Centro de Estudiantes de Arquitectura y militante del PCR, secuestrado en octubre de 1976. Su mamá, Sara Luján, la “Coca Molina”, como la conocíamos, fue una de las más activas de lo que fue Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Recuerdo que hacíamos colas frente al hotel Crillón, donde llevábamos la documentación a la CIDH que habíamos recogido boca en boca, en base a testimonios de los sobrevivientes o testigos”, describió Carlos Vicente.
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