Uno de los versos del poema Milonga del solitario de Atahualpa Yupanqui da título a esta nota. Encierra un pensamiento profundo, que comparto y que permite reflexionar acerca de diversos aspectos de nuestra realidad actual.
La limosna constituye la peor de las hipocresías porque naturaliza la situación de indignidad que se impone a quien la recibe, a la par que lava las responsabilidades sociales de quienes por acción u omisión provocan o toleran que muchas personas sean condenadas a la pobreza extrema.
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No se trata de asistencia social, deber ineludible del Estado para paliar transitoriamente las penurias de los que no tienen un trabajo para obtener su diario sustento. Es simplemente una dádiva que da aquél que tiene y le sobra, sin importarle que todo siga igual como si fuera la consecuencia de un destino inexorable.
Hasta se invoca a Dios, se hacen fastuosas fiestas de beneficencia en las que se destaca la generosidad de muchos de los que dan una ínfima parte de lo que le han robado al Pueblo. Banqueros y empresarios inescrupulosos, titulares de cuentas off shore y evasores seriales de sus obligaciones fiscales, que luego son exhibidos como personas sensibles y respetables.
Acerca de las propinas
En los llamados países “serios”, lo que en nuestras tierras llamamos propinas son costos adicionales de los consumos gastronómicos que, por lo general, están ya incluidos en la cuenta como si fuera un impuesto.
Pero el concepto social de propinas, allá por 1945, en Argentina, fue definido como un gesto ofensivo a la dignidad del trabajador. Al punto que ese fue el fundamento de un Decreto de 1946, luego consagrado como ley, para prohibirlas y reconocer en su reemplazo el derecho a una comisión colectiva–que es una de las formas que puede adoptar el salario- popularmente conocida como “laudo gastronómico”.
El Estatuto de los Trabajadores Gastronómicos fijaba una serie de parámetros (categoría del local –bar, restaurante, hotel-, puestos de trabajo y asignación de puntajes), en función de los cuales se determinaba un fondo común resultante de un porcentaje del precio del servicio abonado por el cliente y las pautas para su distribución entre todos los trabajadores de ese establecimiento.
Justamente, por tratarse de un salario que sustituía con creces las eventuales liberalidades de la clientela, se vedaba la percepción de propinas y con ello se reconocía como un derecho laboral lo que hasta entonces constituía una dádiva a gusto del consumidor.
Ni más ni menos que un dispositivo legal que instituía una participación en las ganancias de la empresa, con la consiguiente facultad de los trabajadores de controlar los ingresos del empleador para asegurarse que lo recibido por ese concepto -parte sustancial de su retribución mensual- se ajustaba a los mandatos legales.
La dictadura lo hizo
En 1980 impulsado por Martínez de Hoz, Videla y empresarios gastronómicos como también hoteleros, se derogó el Estatuto y con ello el “laudo gastronómico” por una ley de facto que planteaba, entre sus motivaciones, lo inaceptable que resultaba que los trabajadores pudieran entrometerse en la contabilidad de su empleador.
Desde entonces, la recuperación del Estatuto fue una de las principales reivindicaciones del gremio gastronómico hasta que, liviana pero no desinteresadamente, el titular del sindicato, Luis Barrionuevo, entregó por 30 dineros esa histórica conquista de los trabajadores que formalmente representaba.
En los CCT celebrados en 1992 se cedió la restauración del “laudo” por un porcentual (12%) del básico de convenio, manteniendo la “prohibición” de recibir propinas pero aclarándose que sí efectivamente el trabajador las percibía no podría ser motivo de sanción alguna. O sea, no existía prohibición real pero servía como subterfugio normativo para impedir que esas sumas pudieran ser consideradas como parte del salario.
No es necesario ser economista ni versado en matemáticas, para advertir que ese 12% era insignificante en comparación con las sumas que habitualmente representan las propinas y, mucho más, comparado con las que corresponderían de seguir vigente el “laudo gastronómico”.
Además, al no poder ser concebidas como remuneración no serían computadas para el cálculo de la retribución por vacaciones, para el aguinaldo ni para las indemnizaciones por despido. Como tampoco integrarían la base remunerativa para determinar las cotizaciones a la seguridad social, menoscabando el llamado salario indirecto.
¿Pobreza cero?
Las sensibles palabras de Elisa Carrió arengando a la clase medida para que dieran “propinas” –que ella no da, según testimonio de un camarero que la había atendido- y para que ofrecieran “changas” a quienes están sin trabajo, expresan con brutal franqueza la concepción social y laboral que forma parte del ideario de la Alianza gobernante.
El empleo, que prometieron de calidad y creciendo geométricamente, es concebido como el laboreo de changarines, emprendedores precarios, monotributistas sociales, pasantes y otras bastardas figuras de ocupación que en nada se asemejan a un trabajo digno.
El combate de la pobreza hasta su erradicación total, planteado en la campaña electoral con tanta ligereza como la eliminación de la inflación, no ha sido otra cosa que la criminalización de las protestas de los pobres cada día más numerosos y empobrecidos, la persecución de los trabajadores que se enfrentan a las políticas de precarización laboral y la ola de despidos al ritmo que marca el FMI.
Las leyes de Reforma Laboral y Previsional, tanto las ya sancionadas como las ingresadas este año al Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, se inscriben en esos mismos bizarros e hipócritas anuncios preelectorales.
Los trabajadores, sus sindicatos y las organizaciones sociales se han pronunciado claramente diciéndole NO a la Reforma Laboral, NO a la Reforma Previsional, NO a los tarifazos, NO a seguir sacrificándose para hacer más ricos a los ricos que se llevan fuera del país el producido del trabajo argentino.
Expresiones que no se han quedado en declaraciones, en palabras, sino que se han expresado en hechos, actos y movilizaciones multitudinarias que, más temprano que tarde, el Gobierno deberá considerar y atender para no agravar la crisis de gobernabilidad cuyos únicos responsables son Macri y el mentado Equipo de inútiles e inescrupulosos que lo acompañan en la gestión.
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