"Seguro que tenés miedo", es una de las frases que escuchan algunos de los que tienen reuniones con las nuevas autoridades macristas en varias de las dependencias estatales, con el conocimiento de que a varios compañeros ya los dejaron sin trabajo.
Es solo uno de los cinismos de esas reuniones, en las que también les piden que les dejen ver sus cuentas de Facebook y en las que los tratan de ñoquis por no realizar tareas a quienes trabajaban en programas que cerraron durante los últimos días.
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Así empieza la ola de despidos en la era PRO.
El argumento, a priori, es legítimo: echar a quienes realmente no asistieron a sus empleos durante años y cobraban sueldos altos, muchos asistidos por los gremios menos combativos y que solo defienden a quienes están inscriptos como planta permanente. Pero la excusa sirvió para desafectar a miles de asalariados considerados kirchneristas, incluso cuando muchos ni siquiera simpatizan con el Frente Para la Victoria.
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No hay tantos ñoquis. Y si los hubiese, no son el grueso de los despedidos. Pero parte de la dirigencia PRO articuló en los ministerios un sistema para que parezcan. El más grosero se da con los que menos cobran: cierran programas enteros, les esconden las computadoras, los cambian de oficinas y les sacan tareas. Luego, viene la evaluación por parte de un flamante supervisor, con la pregunta de cuál es el trabajo específico que realizaron en los últimos días. Y ante la respuesta de los empleados de que están sin labor, llega la advertencia de que son considerados prescindibles.
Esto afectó a trabajadores de todas las dependencias, pero se profundizó en La Plata donde se clausuraron programas de asistencia a los sin techo, en la Secretaría de Comercio, donde la fiscalización y seguimiento de precios dejó de ser prioridad, y en varias intendencias bonaerenses. El cierre de programas del Estado es la metodología por la cual se deja sin trabajo a varios que hasta ahora trabajaban todos los días incluso hasta altas horas de la noche.
Lo expuso una de las tantas desafectadas durante los últimos días en su cuenta de Facebook. "Después de un mes, sin tareas ni comunicación real por parte de tus nuevos jefes, te avisan –porque preguntaste con insistencia- el día 29/12 que no te renovarían el contrato que vencía el 31", aclaró esta ex funcionaria del Ministerio de Agricultura, que asegura que "fueron dos años de trabajo intensos, de laburo constante, en donde la mayoría de las jornadas laborales superaban mi horario laboral pactado" y que sus compañeros empezaron a cambiar sus fotos de Facebook y Twitter, porque es parte de lo que pedían ver los nuevos jefes.
Hoy, el grueso de los contratados por el Estado tuvieron una prórroga de sus contratos por dos meses, y en marzo se someterán a una nueva evaluación. Pero la intención del PRO, por ahora, es clara: reducir la plantilla, con la legitimidad del 51 por ciento. Es que, si bien la nueva administración contrató a varios funcionarios nuevos, más adeptos a la ideología del Presidente, Mauricio Macri, el balance da negativo y son más los que se van. La mayoría no logró tener un contrato fijo durante el kirchnerismo, pero eran quienes cumplían las tareas de los programas con mayor participación en los últimos años.
Ahora, varios de esos programas cerrarán y son varios los que dudan de qué pasará con su futuro.
De nuevo, el argumento de los ñoquis es válido, pero no el de que se necesite reducir el empleo público para poder desarrollar el país. Como estudió el sitio Chequeado, el porcentaje de empleados del sector no privado es algo superior al de la región, pero muy inferior al del resto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Entre 15.000 y 20.000 son los corridos durante los últimos días, con la conocida represión en La Plata, pero prometen ser más.
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