Un pedido de "suspensión" y "revocatoria" del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró aplicable el beneficio del 2 x 1 para un condenado por delitos de lesa humanidad fue presentado hoy por un abogado ante el Máximo Tribunal de la Nación.
El planteo fue realizado por el el letrado Daniel Igolnikov, quien reclamó la revisión de la sentencia de la Corte dictada el miércoles último a la luz de "las consecuencias que ya se empiezan a notar respecto de la paz social y especialmente en los delitos que implicaron violación de los derechos de los niños y adolescentes".
En un escrito dirigido al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el abogado argumentó que, mantener el criterio de reconocerle a los represores el beneficio del 2 x 1 "causará un gravamen irreparable social, jurídica y políticamente".
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En razón de ello, el pedido de "reposición in extremis" aludido por Igolnikov, plantea que esa herramienta sirve para "intentar subsanar yerros esenciales, groseros o evidentes, deslizados en un pronunciamiento judicial".
El pedido busca la suspensión y revocatoria del fallo del miércoles último de la Corte, que por mayoría otorgó el 2 x 1 al represor Luis Muiña, condenado a 13 años de prisión por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención denominado "El Chalet" que, durante la última dictadura cívico-militar, funcionó en el Hospital Posadas de la localidad bonaerense de Haedo.
En esa sentencia, los ministros Elena Highton, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, concluyeron que, como la ley no distingue, la norma "más benigna" alcanza a los autores de cualquier delito, en tanto que Lorenzetti y el juez Juan Carlos Maqueda afirmaron que el 2 x 1 no es inaplicable en casos de lesa humanidad.
Muiña fue condenado como coautor de privación ilegal de la libertad con abuso de sus funciones agravado por uso de violencia o amenazas e imposición de tormentos por las condiciones de cautiverio de Gladys Evarista Cuervo, Jacobo Chester, Jorge Mario Roitman, Jacqueline Romano y Marta Elena Graiff.
Esos hechos, según constancias de la causa, se registraron el 28 de marzo de 1976, en el Hospital Posadas, cuando un operativo militar con tanques y helicópteros comandado personalmente por el ex presidente de facto Reynaldo Bignone ocupó el establecimiento y detuvo a personal del centro asistencial.
Al realizar su planteo, el abogado Igolnikov sostuvo que apunta a evitar "la consumación de injusticias irreparables o de reparación lenta y fatigosa".
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