Antonio Liurgo formuló la denuncia argumentando que en el decreto que dispuso el "tarifazo" dejado sin efecto por la Corte Suprema se dispuso "un incremento del precio del gas en boca de pozo que le generaría al Estado un incremento del orden de los tres mil millones de dólares, modificando de oficio el precio del millón de BTU en boca de pozo de U$$2 a más de U$$5".
Mediante ese esquema de precios, la Argentina –según la denuncia- estaría "abonando el gas más caro del mundo en boca de pozo, por voluntad y decisión del Primer Mandatario y el Ministro de Shell S.A.".
La decisión habría sido adoptada con el objetivo de "incentivar la inversión petrolera, pero dicha afirmación es absolutamente falsa puesto que está previsto para incentivar las inversiones abonar una cifra superior a los 7 dólares el millón de BTU en perforaciones nuevas, circunstancia que destruye la coartada practicada".
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En ese contexto, citó una declaración de Aranguren en una conferencia de prensa en el marco de su exposición en el Congreso sobre las tarifas del gas, en la que dijo: "Vamos a ir recuperando los gastos de producción".
La causa quedó registrada con el número 13088/2016, recayó en el juzgado federal número diez, a cargo del magistrado Julián Ercolini, y apunta a los delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, resistencia o desobediencia a funcionario público, defraudación por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública".
El abogado pidió la suspensión de la audiencia pública prevista para el viernes justamente por la "negativa a rectificar las cifras que embolsaran la multinacionales productoras de gas en boca de pozo", ya que el precio del gas en boca de pozo no será revelado, según anunció el ministro Aranguren.
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