Renunció Pablo Baca, el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, el que había reemplazado a la entrañable Titina Lange de Falcone, presidenta anterior apartada luego de afirmar: “No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre”. La renuncia de Baca se produjo apenas el Cohete a la Luna publicó un audio en el que afirma que se inventaron pruebas para encarcelar a Sala.
Ya hace unos años, con encomiable honestidad, Ernesto Sanz le había explicado a María O'Donnell que la detención de Milagro Sala era una cuestión de “realpolitik” y que de no haberla llevado a cabo, su “amigo” el gobernador de Jujuy no hubiera podido gobernar “ni un solo día”.
La legislatura de Jujuy habilitó el juicio político al juez Baca, lo que no deja de ser asombroso: se lo condena por confesar una persecución a Milagro Sala sin que esa confesión anule los efectos de dicha persecución.
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Lo mismo ocurre con el hotel Boutique que el gobierno de Cambiemos le regaló a Alejandro Vanderbroele para que denuncie a Amado Boudou, según una investigación de El Destape. Como en el caso de Sala, la indignación que genera el incentivo hotelero no implica anular los efectos que obtuvo. Más allá de eso, debemos valorar que el gobierno de Mauricio Macri haya impulsado, al menos por una vez, un emprendimiento productivo.
En Jujuy también juró la nueva titular de la Oficina Anticorrupción, Josefa Herrera, asesora del actual gobernador cuando todavía era senador, quien, para despejar cualquier duda sobre su imparcialidad, afirmó "Voy a tener independencia porque son las instrucciones del señor Gobernador". Sólo faltó que la funcionaria agregara que se arrancaría un brazo antes de desobedecerlo.
Tantos asombros verbales juntos habrían atentado contra la imperial paciencia del gobernador. Según varias fuentes confiables que optaron por el anonimato, Gerardo I, visir de la Puna, maharajá del Potosí, marqués de Ledesma, León de Tilcara, Apóstol de La Paz, Zar de los 7 colores, califa de Humahuaca, Martillo de Herejes, Protector de la Justicia, Orgullo Radical y Azote de Dios, nombraría a su caballo como Presidente del Superior Tribunal de Justicia. “No es más boludo que el resto y al menos no habla”.
El Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, afirmó por su lado que no hay presos políticos sino “detenciones arbitrarias”, matiz semántico que ya había establecido el propio Presidente pero que esta vez generó críticas desde algunos sectores del oficialismo y desde organismos de DDHH. Nora Cortiñas le contestó: “Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste y molesto” y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta sostuvo: “No tengo ninguna duda que Milagro Sala es una presa política. Sucede que no existe en ningún lado, ni en el Código Penal, la definición de qué es un preso político. En cada época hay quienes entienden que es una cosa y otros que entienden otra.”
Consultado al respecto, el Canciller Felipe Solá afirmó que “no es malo que de vez en cuando haya debates en el Gobierno sobre algún tema”, lo que tendería a ilustrar que el Frente de Todos no es ese espacio político monolítico que suele describir su oposición.
La abogada Graciana Peñafort opinó por su lado: “Para mí es claro que hay presos politicos. Les llamen como les llamen, son personas perseguidas por el Poder Judicial por su adhesion a ciertas ideas políticas. Los procesos de persecución judicial que han sufrido, están viciados de nulidades tan groseras que son insultantes”, y explicó que la responsabilidad de revisar todos estos casos es de la Corte Suprema de la Nación.
En todo caso, sean presos políticos o detenidos arbitrarios, ¿es esperable que el mismo Poder Judicial que toleró o incluso incentivó esas detenciones ilegítimas encuentre la solución? La ciudadanía parece esperar más del Ejecutivo nacional que de Titina, la hotelería cuyana, la Corte o el supremo caballo del visir de la Puna.
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