El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi será el reemplazante de Claudio Bonadío, quien falleció el pasado 4 de febrero. El titular del juzgado federal Nº 8 salió sorteado, por bolillero, entre siete colegas. Estará al frente del despacho con asiento en el 4° piso de los tribunales de Comodoro Py desde este martes y por el término de un año. Es decir, gestionará las causas que tenía Doctor Glock.
Martínez de Giorgi es un juez que asumió en 2012 y cultivó el bajo perfil hasta que una serie de polémicas decisiones que tomó durante el macrismo lo expusieron públicamente.
En agosto de 2016, con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación, el titular del juzgado federal Nº 8 tuvo en su despacho el caso Sueños Compartidos, en el que investigó posibles irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través del programa ejecutado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En el marco de ese proceso se quiso mostrar como un “duro” y declaró en rebeldía y ordenó la detención de la referente del organismo de Derechos Humanos, Hebe de Bonafini, porque la presidenta de Madres no acudía a los tribunales. Cuando la fuerza de seguridad llegó a la sede de las Madres, una manifestación popular resistió el avance de los uniformados. Tras el escándalo, finalmente, el juez tuvo que ceder, levantó la orden de captura y terminó yendo en persona a la institución para tomarle declaración a Hebe allí. Hasta tuvo que aclarar que no recibió presiones del gobierno macrista para tomar la bochornosa decisión. La titular de Madres de Plaza de Mayo se negó a declarar.
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Martínez de Giorgi también firmó un polémico fallo en el caso del Soterramiento del Tren Sarmiento, una obra viciada desde el inicio y que involucra a funcionarios del gobierno kirchnerista y a muchos empresarios, entre los que se encuentra el primo del expresidente de la Nación, Ángelo Calcaterra, porque el Grupo Macri estuvo relacionado a esos trabajos. Se trata de uno de los coletazos del Lava Jato. ¿Qué hizo Martínez de Giorgi en ese expediente? Procesó a los funcionarios pero no a los empresarios. Es decir, se avanzó contra quienes habrían cobrado supuestas coimas pero no contra quienes las habrían pagado. Esto derivó en que la Cámara Federal porteña declarara nula su resolución y le ordenara profundizar la investigación. En la actualidad, el caso esta de vuelta en su juzgado.
Las empresas que ganaron la licitación para las obras del Soterramiento fueron, en 2007, Odrebrecht, Iecsa, Comsa y Ghella. Con la irrupción del escándalo, ya durante el macrismo, la constructora brasileña y la española abandonaron el proyecto. Solo quedaron Ghella y Iecsa (hoy rebautizada Sacde). A pesar de la causa judicial abierta, Mauricio Macri ya como jefe de Estado decidió girar 45 mil millones de pesos para reimpulsar la obra donde estuvo invlucrada su familia y hoy está paralizada y judicializada.
Otro antecedente controvertido del reemplazante de Bonadío fue la citación a indagatoria del fiscal Federico Delgado. Ocurrió en 2018 en el marco de una pesquisa en la que se analizaba la filtración de información sensible de la causa Time Warp a medios de comunicación. El juez fue recusado por el fiscal y terminó suspendiendo la convocatoria. Esta avanzada contra Delgado coincidió con otras denuncias que impulsó el macrismo en su contra, lo que alimentó todo tipo de suspicacias. Por caso, el fiscal fue acusado penalmente por el director de la AFI, Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri.
Ahora, el titular del juzgado federal N°8 estará también al frente del juzgado federal N°11, es decir, tendrá en sus manos las causas que tenía Bonadío. Y de todas las nuevas denuncias que terminen vía sorteo en el despacho que estaba a cargo de Doctor Glock.
Las “nuevas” causas que administrará
Algunas de las causas que tramitan en el juzgado que estaba a cargo de Bonadio y que ahora administrará Martínez de Giorgi, son:
- La causa de las fotocopias de los cuadernos, donde están acusados empresarios y funcionarios kirchneristas por supuesta corrupción en la Obra Pública. El expediente está repleto de irregularidades.
- La causa Puf Puf 2, que se impulsó para intentar derribar el D’Alessiogate. La impulsaron Elisa Carrió y el fiscal Carlos Stornelli.
- La causa Paseo del Bajo, donde los involucrados son funcionarios macristas como el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Bonadío habia sobreseído a los acusados pero esta decisión fue apelada por la fiscal Alejandra Mangano y el titular de la PIA, Sergrio Rodríguez, por lo que podría (y debería) volver al juzgado federal Nº 11.
-El caso del hotel boutique que el macrismo le pagó a Alejandro Vandenbroele para que declarara en contra de Amado Boudou, caso que reveló Ari Lijalad en este medio. El artículo publicado en El Destape derivó en el inicio de una causa que fue sorteada y recayó en el juzgado que estaba a cargo de Bonadío.
Mientras Martínez de Giorgi gestione el juzgado federal Nº 11, el Consejo de la Magistratura deberá avanzar con el proceso para ocupar aquel despacho con un nuevo juez “natural”.
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