La onda expansiva del entramado de operaciones de inteligencia vinculadas a Marcelo D’Alessio no se detiene y llega hasta Gabriel Bouzat, ex socio del presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz. El Destape accedió a un documento, hasta ahora desconocido, que fue encontrado durante el allanamiento a la casa de D’Alessio y muestra que tenía registros de viajes al exterior de Bouzat desde 2007 a 2016.
Esto significa que las esquirlas del escándalo D’Alessio-Stornelli caen cerca de Rosenkrantz. No sólo por los pedidos que ya realizó el juez Alejo Ramos Padilla para contar con herramientas que le permitan seguir adelante con la investigación sobre el entramado de operaciones de inteligencia y de espionaje ilegales, sino porque aparecen elementos que lo tocan de cerca al presidente de los Supremos. Bouzat fue su socio durante años. ¿Qué hacía D’Alessio con esos registros?
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
El juez Ramos Padilla, en su presentación en el Congreso, contó que el allanamiento al domicilio de D’Alessio hizo que la investigación diera un giro de 180 grados por el abundante material de espionaje ilegal que encontraron allí. Este documento, que hoy publica El Destape, es parte de esos materiales.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) catalogó buena parte de la información que obtuvo el juez Ramos Padilla y la dividió en tipos de documentos. Una de las categorías es la de “Información de carácter no público de posible fuente estatal”. “Dicha caracterización -afirmó la CPM- refiere a información registrada de carácter confidencial a la que sólo deberían acceder organismos oficiales bajo la custodia judicial (provincial y/o federal)”. Incluyó allí a los listados migratorios: “consiste en planillas de ingresos y salidas del país de las personas objeto de las actividades de inteligencia, que tienen como fuente las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones (por ejemplo, sistema SICAM: Sistema Integral de Captura Migratoria)”. Es el caso de los documentos que hoy publica El Destape, con la información sensible tapada para no vulnerar la intimidad de quien figura en esas planillas.
Según su currículum, Bouzat es egresado de la Universidad de Buenos Aires y pasó por la Yale University. El mismo afirma que el mismo año que se recibió en la UBA, 1984, fue asesor jurídico de la Presidencia, época de Raúl Alfonsín. Tambien cuenta que fue Consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (1992), Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (2001-2002) y que es profesor de la UBA, la Universidad de Palermo y la de San Andrés.
“Bouzat, Rosenkrantz y Asociados” era el nombre del estudio que compartieron hasta que el actual presidente de la Corte Suprema asumió ese cargo. Ahora, Bouzat comanda BRYA Abogados que, según se ocupan de aclarar en su web, continúa el trabajo de “Bouzat, Rosenkrantz y Asociados” y que el cambio de nombre se debió justamente al nuevo rol de Rosenkrantz.
Bouzat y Rosenkrantz fueron abogados del Grupo Clarín. Puntualmente, desarrollaron la estrategia para lograr que Fiberte siguiera operando de forma irregular. Como publicó El Destape, la estrategia legal de Rosenkrantz y su socio Bouzat fue utilizar una ONG trucha, la Asociación para la Defensa de la Competencia (ADC). Esta ONG trucha presentó una medida cautelar contra la resolución 100/2010, alegando un supuesto derecho colectivo de usuarios de Fibertel. La causa tuvo la carátula “Asociación para la Defensa de la Competencia c/ Estado Nacional Secretaría de Comunicaciones s/ amparo”.
ADC no tenía actividad, según sus propios balances. Otra ONG, en este caso la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) encontróque los balances de ADC tenían cifras irrisorias, como 350 pesos, sin gastos, ingresos, ni personal. Rosenkrantz, a su vez, figuraba como presidente de ADC mientras era abogado del Grupo Clarín. El domicilio de ADC era el mismo que el estudio de Rosenkrantz y Bouzat y sólo fue utilizada en dos ocasiones: en la de Fibertel y en un cuestionamiento a la fusión Telefónica-Telecom, también dentro de los intereses del Grupo Clarín. Era, en definitiva, un sello de goma para maniobras judiciales en favor de Clarín en lugar de una ONG para defender consumidores.
Cerrar sesión