Perú atraviesa una nueva crisis institucional y ya es difícil sacar la cuenta de cuántas crisis ha atravesado este país con sus últimos cinco presidentes involucrados en causas judiciales.
En la actual crisis, en el lapso de apenas unas horas, el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias para el 26 de enero de 2020. El Congreso lo acusó de llevar adelante un “golpe de Estado”, lo suspendió y nombró Presidenta “encargada” a la vicepresidenta segunda Mercedes Aráoz, que renunció en menos de 48 horas.
Vizcarra luego aseguró que tal renuncia no se podía concretar porque Aráoz nunca había asumido la presidencia, dado que el Congreso ya no estaba en funciones, porque había sido suspendido. Como si esto fuera poco, una importante congresista afirmaba que uno de sus colegas debía asumir la presidencia por sucesión constitucional y convocar a elecciones generales, adelantando las pautadas para 2021, que es cuando tiene que finalizar el mandato del renunciado Pedro Pablo Kuczynski, reemplazado justamente por su vicepresidente Vizcarra.
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Cada medida que se tomó, de uno y otro lado, fue justificada apelando a las leyes y a diversos artículos de la Constitución, lo que remite a un problema mucho más profundo y que excede Perú con creces, ya que en numerosos países de la región son conocidos los manejos y adecuaciones de las constituciones según el cristal con que se mire o la partitura que se toque.
En Venezuela funcionan de manera paralela una Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2015 y una Asamblea Constituyente elegida en 2017, además de un presidente -Nicolás Maduro- electo en comicios generales en 2018 y otro –Juan Guaidó– nombrado presidente “encargado” en 2019.
En Bolivia, Evo Morales fue derrotado en el referéndum el 21 de febrero de 2016, que buscaba habilitarlo para una nueva postulación. Pero dos años después el Tribunal Supremo Electoral se lo permitió.
Las constituciones y las leyes no son neutras y nunca lo fueron. Siempre fueron diseñadas para favorecer determinadas clases sociales, intereses económicos y regímenes políticos. Pero en la historia de América Latina muchas de ellas se redactaron como producto de rupturas institucionales o regímenes dictatoriales, sin que los gobiernos democráticos posteriores las derogaran. Es así como en Perú todavía rige la Constitución redactada en 1993, después del “autogolpe” de Alberto Fujimori en 1992. En Chile, la Constitución vigente fue redactada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet, aunque se le han realizado diversas modificaciones en democracia.
En numerosos países las constituciones están desactualizadas, y cada quien las adecúa a sus intereses políticos. Tal como sucede con la música, se toca la partitura como más gusta. Solo que a veces sus intérpretes pueden desafinar de la peor manera.
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