Ante la crisis energética que atraviesa el país, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), intendentes peronistas bonaerenses y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires firmarán una acción de amparo colectivo contra el nuevo tarifazo eléctrico impuesto por el Gobierno.
El reclamo se da en el marco del aumento que aplicó la Secretaría de Energía en el costo de la electricidad mayorista (MEM). A través de la resolución del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), se habilitó a las distribuidoras del servicio de eléctrico, Edenor y Edesur, a transferir ese aumento a los usuarios.
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La presentación considera que los nuevos incrementos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016. Allí, El máximo tribunal había dictaminado que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de “gradualidad” y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos.
La presentación judicial contra el Poder Ejecutivo, que impugna las resoluciones de la Secretaría de Energía y el ENRE, señala además que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”, lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.
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