El ex ministro de Energía y Minería del macrismo, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fueron procesados hoy por negociaciones incompatibles y presunto encubrimiento en la función pública. Lo hizo el juez federal Luis Rodríguez, en el marco de la causa que comenzó por una denuncia de los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
Ambos se presentaron a declarar la semana pasada. La causa, de 2016, apunta a determinar si Aranguren incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en relación con las decisiones tomadas durante su gestión que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell en operaciones de compra de gas a Chile, lo que supondría para él un beneficio económico al continuar siendo accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC. Un hecho con el que habría incurrido en “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses”.
Y a Alonso por no investigarlo desde la OA que, según confirmó ella públicamente en un programa de televisión, sólo se dedicó a observar los casos de la gestión pasada y no los del gobierno de turno que condujo Mauricio Macri.
La exdiputada macrista y actual titular de la Oficina Anticorrupción (OA) enfrentó el miércoles pasado su primera declaración indagatoria. Fue ante el juez federal Rodríguez. El magistrado la imputa a Laura Alonso haber actuado “con abuso de autoridad y violando los deberes y funciones que le comprendían en razón del cargo detentado, al dar una apariencia de legalidad y cobertura al actuar al Ing. Juan José Aranguren como Ministro de Energía y Minería”.
“Todo ello en miras de ayudar al nombrado a eludir las acciones de la oficina a su cargo en torno al conflicto de intereses que registraba, como así también las investigaciones judiciales en razón a la posible comisión de distinta conductas delictivas que se encontraban vinculadas al ejercicio de la función pública” de Aranguren en la cartera energética, añadió el titular del juzgado federal Nº 9.
Luego de esquivar a la prensa que se había reunido para entrevistarla ese día en Comodoro Py, Alonso le planteó al magistrado que “la falta de iniciación de oficio del expediente no se produjo como consecuencia de una omisión, sino simplemente porque la denuncia fue recibida en forma casi simultánea a que comenzaran a estudiarse las declaraciones juradas de los nuevos funcionarios”.
En el documento que presentó, al que accedió El Destape, argumentó que no estaba al tanto del vínculo del entonces ministro con la petrolera: “Se recibió el 16 de marzo de 2016 una denuncia en la que señalaba que Aranguren, además de haber sido previamente presidente de Shell Argentina, era también tenedor de acciones de la empresa Royal Dutch Shell, circunstancia hasta entonces desconocida”.
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