El interventor de Osdepym, José Alberto Bereciartúa, fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez por sospechas de corrupción. Designado en ese cargo por un decreto del presidente Mauricio Macri, contrató a empresas de su familia para viajes y publicidad con fondos de la obra social, que tiene ingresos por cientos de millones de pesos. Como segundo de CAME, el gremio PYME, respaldó al Gobierno durante el cierre masivo de pequeñas empresas.
El magistrado consideró que Bereciartúa reviste “el carácter de funcionario público”, por eso decidió avanzar con su investigación. Sin ir más lejos, fue nombrado por el Presidente.
Por esta razón, Rodríguez le imputó al interventor macrista “haber perjudicado los intereses confiados en el cuidado del patrimonio” de la Obra Social de Directivos y Empresarios Profesionales y Monotributistas “a raíz de la comisión de irregularidades en la administración y manejo de los recursos pecuniarios, ocasionando así un lucro indebido, con el objeto de obtener un beneficio económico para sí y para terceros” entre 2018 y 2019. En los cargos en su contra, el juez sumó “la incompatibilidad para la contratación de servicios, conforme al cargo que detentaba y también excediendo los objetivos de la obra social”.
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En un principio, el juez citó al interventor de Osdepym, a su esposa, Patricia Souto, a su hijo Pedro Ignacio y al abogado Ignacio de Jáuregui para prestar declaración indagatoria entre el 10 y el 13 de septiembre, pero terminó postergando las indagatorias por pedido de las defensas para los días 22, 23, 24 y 29 de octubre.
La complicidad ante la crisis económica
Bereciartúa avanzó en Osdepym a través de su cargo como secretario general de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la cámara que representa a la mayoría de las PYMEs en el país. A su vez, llegó a ese asiento desde la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte (Plan D), donde también ocupa la secretaría general. Allí, su esposa, Patricia Souto, es la tesorera y el vicepresidente, Ignacio Martín de Jáuregui, es un abogado que le factura servicios a Osdepym.
Pese a que se trata de uno de los grupos más perjudicados por el modelo de Mauricio Macri, CAME no emite una palabra en contra del Gobierno nacional desde el cambio de mando que sufrió hace dos años.
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Puntualmente, tras el respaldo a la marcha de la CGT del 7 de marzo de 2017, comenzó el proceso de remoción del histórico presidente de CAME, Osvalo Cornide, de acuerdo a la reconstrucción de algunos directivos. El entonces titular de la cámara empresaria había apoyado "la mayoría de los puntos de la convocatoria” de la central obrera, que exigía “reorientar la política económica” del país.
Los hechos
El juez Rodríguez adjudicó siete hechos a Bereciartúa. En varios aparece a los dos lados de las facturas, es decir, como contratante y beneficiario.
El 6 de agosto de 2018, la Cámara Empresarial de la Región Metropolitana Norte Plan D, en la que Bereciartúa ya era Secretario General, emitió una factura por $16.000 a nombre de Osdepym por “la contratación de servicios de relevamiento de cartelería publicitaria en Autopista Panamericana hasta rutas 197 y 202 (ambas manos) y rutas a Pilar, Campana y Escobar”. También sumó “el servicio de búsqueda de datos concordantes entre padrones del Plan D y Osdepym”. Para aquella fecha, Bereciartúa ya había sido nombrado Administrador Provsorio de Osdepym. A la par era directivo de la CAME.
Por este entrecruzamiento de funciones, el juez le achaca incompatibilidad para la contratación del servicio así como una violación de la Ley de Ética Pública.
Además, la contratación del servicio de búsqueda de datos en los padrones habilita a un tercero a acceder a información protegida, que, según los denunciantes, solo debiera ser utilizada por las autoridades de la obra social o requerimiento judicial. Se sospecha de “una intención de uso de la información en la elección de las autoridades a las que debía convocar la Obra Social para salir del período transitorio de la intervención”.
De acuerdo a la imputación, el 1 de septiembre del año pasado, Bereciartúa como Administrador Provisorio de la obra social contrató de forma directa a “Buruburu & Mc Orni SRL” una pauta publicitaria con un canon mensual de $314.600 “sin solicitar otros presupuestos”. Además “la selección de la cartelería disponible se efectuó a través de canales informales”. Se trata de una pauta en monocolumna en el acceso oeste de la “Panamericana/Autopista Buenos Aires-La Plata”. El monto anual de la supuesta maniobra irregular denunciada fue de $ 3.775.200.
Un tercer hecho se retrotrae al 6 de agosto de 2018, cuando Osdepym contrató servicios de prensa y difusión por $ 22.264. En el comprobante de la factura figura “Desarrollos de Comunicación, razón social: Patricia Alba Souto”. Se trata de la esposa de José Alberto Bereciartúa, quien además es tesorera de la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte Plan D. Una vez más, se le adjudica incompatibilidad para la contratación de ese servicio y violación de la Ley de Ética Pública.
Irregularidades que no acaban
La empresa “Somos Mundo.com – Central de Turismo SA” vía ocho facturas le cobró a Osdepym $ 222.900, entre el 19 de julio y 31 de agosto de 2018, por “tickets aéreos”. Bereciartúa era director suplente en la mentada firma. Pero eso no es todo. Su hijo Pedro Ignacio es el presidente.
Una serie de pagos de la obra social a un estudio de abogados también es investigada en la justicia y complica al interventor designado por Macri. De acuerdo a la denuncia, el letrado Ignacio Martín de Jáuregui le facturó a Osdepym $ 161.389,80 por “honorarios profesionales”. Ocho días después, el abogado José Emilian Aráoz de Lamadrid hizo lo propio pero vía tres facturas distintas: una por $ 151.250, otras dos por $ 121.000. Ambos profesionales registran el mismo domicilio, según se desprende de las facturas. Y Jáuregui es vicepresidente de la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana norte Plan D, donde Bereciartúa era Secretario General. Nuevamente, se trata de una incompatibilidad para la contratación de ese servicio y una violación de la Ley de Ética Pública.
Otras dos contrataciones volvieron a llamar la atención de los investigadores. El 23 de noviembre de 2018, la Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte Plan D le facturó a Osdepym $ 149.600 por “dos experiencias motivacionales de liderazgo, cabalgata de los Andes”. Tres días después repitió el mecanismo pero por una suma de $ 299.200. En esta ocasión fue por “cuatro cabalgatas de los Andes, experiencias de liderazgo empresarial”. Para aquel tiempo, Bereciartúa ya era interventor y también secretario general de la cámara.
El último hecho que se le imputa al funcionario vuelve a poner en escena a la empresa que preside su hijo y que lo tiene como directivo, “Somos Mundo.com – Central de Turismo S.A”, que le facturó, el 1 de marzo de este año, $ 157.366 a Osdepym. ¿La razón? Tickets aéreos y el alquiler de un auto.
Un hombre de Macri
Bereciartúa fue nombrado interventor de Osdepym por Macri el 26 de septiembre del año pasado (antes, desde el 8 de mayo, fue administrador provisorio). Fue vía decreto, que también llevó la firma de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
El 25 de junio pasado, se prorrogó la intervención por 90 días, por lo que su estadía en el cargo está pronto a caducar. Su salida coincidirá con su paso por tribunales.
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