Los Macri volvieron a la carga contra la fiscala Gabriela Boquin, que logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos que intentó (e intenta) Mauricio Macri para beneficiar a su familia a raíz de la deuda que tienen con el Estado en el escándalo de Correo Argentino. En un descargo presentaron hace pocos días, al que accedió El Destape, los Macri acusan a Boquin de hacer una investigación “más mediática, ideológica y política, que estrictamente jurídica” e insistieron en que la fiscala “carece de legitimación” para intervenir ya que, según ellos, “la ley no la reconoce como sujeto ni parte del proceso”. Esto ya fue descartado por la Corte Suprema y hasta por las juezas que intervienen en la causa, que fueron parte fundamental para que los Macri no paguen sus deudas pero, sin embargo, no llegan al extremo de decir que una fiscala no puede investigar.
La jueza Marta Cirulli, que pone trabas a la investigación y que está imputada junto a Macri en la causa penal en la que se investiga el vaciamiento de Correo Argentino, escribió: “la legitimación del Ministerio Público para peticionar esas medidas ha sido estimada implícitamente por el Superior”. El “Superior” es la Sala B de la Cámara Comercial, cómplice de las maniobras dilatorias de esta causa durante más de 17 años pero que el 6 de diciembre de 2017, con la firma de las juezas Maria Lilia Gomez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, afirmó: “La Sra Fiscal posee legitimación para requerir las medidas que considere necesarias a efectos de obtener los antecedentes necesarios que permitan decidir las cuestiones pendientes en el principal de este concurso”. El 27 de diciembre de 2018 la Corte Suprema rechazó el apartamiento de Boquin pedido por los Macri. La nota del Centro de Información Judicial (CIJ) se cuidó de no poner en el título que se trataba de la causa Correo Argentino. Lo maquilló con el genérico “Legitimación de la Fiscalía de Cámara en el marco de un concurso preventivo”, que sin embargo deja en claro la cuestión sobre la legitimidad.
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Entre varias falsedades, los abogados de los Macri dicen que “todos los acreedores y síndicos han convalidado el proceso durante años”. En primer lugar, ni el Estado Nacional ni el Banco Nación, los principales acreedores del Correo Argentino de los Macri, aceptaron las propuestas de pago que implicaban altas quitas en las deudas. En los demás acreedores, hay situaciones muy extrañas, como que los estudios de abogados que participaron en el vaciamiento de Correo Argentino eran apoderados de sus acreedores.Casualmente todos los acreedores que representaban aceptaron sin chistar la oferta de pago que hicieron los Macri. Entre los estudios Kleidermacher, Tonelli y un grupo de abogados que se nuclean alrededor de Claudio Guillermo Lehmann acumularon 360 de los 708 acreedores de los Macri. Dos de esos tres estudios, señaló en un dictamen previo la fiscal Boquin, tienen miembros de su equipo en el directorio de Correo Argentino. Respecto de las sindicaturas, también son investigadas por avalar las maniobras de vaciamiento y una de ellas, por ejemplo, era manejada por Julio César Rivera, abogado de los Macri a quien el presidente ahora nombró como conjuez de la Corte Suprema.
Otro dato erróneo en el descargo de los Macri es que dicen que Boquin tuvo el expediente desde 2010 cuando lo recibió recién en 2016.
Los Macri pretenden que Boquin opine sobre si, como ellos denunciaron, el Estado se quedó con bienes de Correo Argentino de forma ilegítima. Lo insólito es que esas denuncias están radicadas no sólo en otro juzgado sino en otro fuero, el Contencioso Administrativo, mientras que Boquin es fiscal del fuero Comercial. Y que, tal como informó El Destape, la propia Corte Suprema ya estableció que no pueden compensarse la deudas de los Macri con el Estado con las supuestas deudas que le reclaman los Macri al Estado . Lo que le suelen llamar una “solución integral”, que implica pagar poco y cobrar mucho. Los Macri quieren pagarle al Estado 600 millones de pesos en cómodas cuotas y cobrarle más de 4.000 millones.
Otro punto del descargo de los Macri es que critican que la fiscala Boquin pidiera documentación contable de sus empresas de 2003 y 2004 cuando, según dicen, la ley los obliga a conservar los libros contables por 10 años. Un argumento grotesco, dado que el escándalo de este caso es que los Macri lograron estirar esta causa por más de 17 años, durante los cuales no pagaron un centavo de su deuda con el Estado y, para colmo, el Presidente intentó condonarla.
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