Malas noticias para Mauricio Macri y su familia. El fiscal de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez presentó una demanda contra el Estado Nacional y la Presidencia de la Nación por el decreto que firmó la vicepresidenta Gabriela Michetti, pero promovió el propio Macri y que liquidó la investigación interna sobre los funcionarios que participaron de la maniobra para condonarle la multimillonaria deuda de Correo Argentino a la familia presidencial.
El fiscal Rodríguez pidió que se declara la nulidad del decreto 907 del 2018, que dio por finalizado el sumario administrativo que había ordenado en su momento el procurador del Tesoro Carlos Balbín, puesto por Macri en el cargo pero que salió eyectado por sus posiciones respecto al escándalo de Correo Argentino, entre otros casos que molestaban a la Casa Rosada. La denuncia recayó en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7, que subroga Pablo Cayssials.
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Ese decreto fue en rechazo a una apelación de fiscal Rodriguez, que insistió desde el inicio de este escándalo en investigar el rol de los funcionarios que intervinieron en el caso. Todo comenzó el 10 de febrero de 2017, tras conocerse la maniobra de Macri para condonarle es multimillonaria deuda a su familia y el fiscal Rodríguez le pidió a la Procuración del Tesoro (PTN), que es la cabeza de los abogados del Estado, que iniciara un sumario para investigar el rol de los abogados que intervinieron es ese acuerdo entre los Macri de uno y otro lado del mostrador. El entonces procurador Balbín le dio curso a la investigación, pese a tratarse de un funcionario designado por Macri y que depende directo del Presidente. Fue su catapulta fuera del Gobierno. Macri lo desplazó y nombró en su lugar a Bernardo Saravia Frías, que supo ser abogado de sus empresas familiares. “Lo de Correo hay que arreglarlo”, fue la orden que bajó Saravia Frías. Hizo los deberes, cerró el sumario que había iniciado Balbín y el fiscal Rodríguez apeló. Ante esto, la decisión quedaba en manos del presidente. El 4 de octubre, Macri se excusó de intervenir, lo que no hizo más que confirmar que existió desde el inicio un conflicto de interés respecto al tema Correo Argentino. Le dejó la firma a Michetti, que rechazó el recurso. Ahora el fiscal anticorrupción Rodríguez presentó una demanda contra ese decreto.
La Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, que comanda el fiscal Rodríguez, es un “órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional”. Puede realizar investigaciones preliminares como impulsar e intervenir en sumarios administrativos y en causas judiciales donde se investigan irregularidades administrativas y corrupción. Es el caso de Correo Argentino.
Hay un punto central, y es que Macri mandó a cerrar la investigación administrativa como si estuviera separada de la causa penal radicada en Comodoro Py y que digita el juez Ariel Lijo al vaivén de sus relaciones con la Casa Rosada, con las cuentas de su hermano Alfredo como moneda de cambio. En esa causa, Macri mandó a desplazar al fiscal Juan Pedro Zoni y nombró en su lugar a Gerardo Pollicita, primero por unos meses pero luego con mandato renovado. Con todo, en Comodoro Py la causa no solo no se cerró sino que fueron llamados a indagatoria varios de los ejecutores de la maniobra. No Macri, ya que Lijo y Pollicita saben las negociaciones nunca hay que darlas por cerradas y menos con un Presidente en ejercicio.
En la demanda, el fiscal anticorrupción Rodríguez insiste en que no se puede separar la investigación administrativa de la causa penal radicada en Comodoro Py, ya que ambas investigan lo mismo: el rol de Macri y sus funcionarios para condonarle esa multimillonaria deuda a la familia presidencial. Ante esto, plantea que hay un “escándalo jurídico”. “En buen romance, no puede afirmarse por decreto que no hubo irregularidad alguna que investigar, cuando en una causa penal el Magistrado actuante afirma que existe sospecha bastante de que funcionarios públicos nacionales (incluyendo un titular de cartera ministerial) participaron en la comisión de un ilícito. Sobre todo cuando se trata de investigaciones con una misma plataforma fáctica”, afirma. E insiste: “La interpretación que pretenda dar la Lic. Michetti respecto a la independencia entre los procesos no resiste ningún control de logicidad ni de razonabilidad”.
El fiscal Rodríguez advierte en la demanda que la clausura de esta investigación tiene varios problemas, pero señala que el más peligroso “es la afectación del interés público ocasionando un grave perjuicio social y económico a la sociedad en su conjunto, que puede derivar en un verdadero escándalo jurídico por contradecir los avances y resultados obtenidos hasta el momento en la Causa N° 1.604/17, “Aguad, Oscar y otros s/violación a los deberes de funcionario público”, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4”. Es la causa penal donde fue imputado el propio Macri y en la que la semana que viene tendrán que declarar el ex ministro de Comunicación y actual de Defensa Oscar Aguad y su director de asuntos jurídicos en ambos ministerios Juan Manuel Mocoroa.
La demanda muestra cómo, a diferencia del encubrimiento de la PTN, en Comodoro Py la causa tuvo un lento pero concreto avance al concretarse la citación a indagatoria de Aguad, Mocoroa y los abogados de los Macri Jaime Cibilis Robirosa y Jaime Kleidermacher en base a los solicitado por la propia fiscalía anticorrupción. Así, plantea la inconsistencia del decreto firmado por Michetti pero ordenado por Macri donde fundamentó que se trata de dos causas sin conexión. “Difícilmente pueda sostenerse la validez de los fundamentos esgrimidos en el Decreto cuestionado que confirma el cierre del sumario sin siquiera haber analizado la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios implicados puesto que no se convocó a ninguno como sumariado. Es decir, no se advirtió el estado de sospecha de sus conductas como sí ocurrió en la causa penal”, sostiene el fiscal Rodríguez.
En su demanda, el fiscal Rodríguez relata cómo el ex procurador del Tesoro Balbín inició el sumario administrativo, que un primer informe de la PTN dijo que no hubo irregularidades administrativas, que frente a eso él insistió y que en la PTN, ya con el nuevo procurador Saravia Frías se limitaron a incorporar las pruebas aportadas por la fiscalía anticorrupción pero se negaron a producir otras medidas de prueba. Rodríguez insistió y, de nuevo, la PTN buscó el camino corto: “arribó nuevamente a la conclusión exculpatoria en cuanto a la responsabilidad de los agentes Juan Manuel Mocoroa y María Alejandra Gottardi. La decisión se sustentó casi en forma exclusiva en la declaración del imputado Mocoroa y no se tuvo en consideración la prueba aportada por esta PIA”, cuenta la demanda.
El relato es claro: el fiscal Rodríguez y la fiscala general Gabriela Boquín son, a esta altura, los únicos funcionarios judiciales que resisten a la tentación o a las presiones en torno a este escándalo que involucra la condonación de una multimillonaria deuda por parte del Presidente a su familia.
“En definitiva, la etapa de investigación del sumario sólo puede darse por cumplida si se ha alcanzado la verdad material de todos los hechos objeto de pesquisa y se procedió a escuchar a todos los responsables involucrados en tales hechos. Tal escenario no se presentó en el sumario administrativo avalado por el decreto cuestionado, lo que deja en evidencia la arbitrariedad incurrida por la Vicepresidente al convalidar lo actuado”, dice la demanda. Y agrega: “En síntesis, como puede vislumbrarse, de forma arbitraria durante prácticamente todo el procedimiento sumarial, sobre el que se basó el Decreto impugnado, se decidió no realizar ninguna de las medidas de prueba sugeridas por esta parte acusadora, cuyo fin tendía al total esclarecimiento de los hechos, es decir, a las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que se habrían producido las irregularidades denunciadas, a fin de determinar además si otros agentes se encontraban involucrados en ellas”.
El fiscal llama la atención sobre algo grave: que no se investigó “la inadecuada defensa de los intereses del Estado Nacional al variar el criterio sostenido desde el año 2003”, es decir, porque el Estado cambió su posición cuando asumió la presidencia Macri e intentó (y aún intenta) condonar esa deuda. Esto, señala Rodríguez, “directamente no fue investigado por el instructor sumariante, sin perjuicio de lo cual, a partir del dictado del Decreto N° 907/2018 la Vicepresidente decide emitir una opinión al respecto sin ningún tipo de soporte objetivo que surja de probanza alguna, pese a que la Procuraduría sugirió diferentes medidas al respecto”. Citó luego varios casos en los que se logró la reapertura de sumarios como este.
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