La Cámara Federal de Casación Penal advirtió sobre los riesgos que corren los presos con el Coronavirus. En una acordada que se firmó este viernes, la máxima autoridad penal del país ordenó, por un lado, que los jueces que tienen detenidos bajo su mando aborden con premura los casos de personas que integran los grupos de riesgo; y, por otro, solicitó a las autoridades competentes, entiéndanse el Gobierno, elaborar un protocolo en carácter de urgente para prevenir y proteger del virus a los encarcelados, que en muchos casos se encuentran hacinados. Se calcula, según indicaron desde el tribunal, que en todo el país hay unos 100 mil privados de su libertad. “Si el virus entra a las cárceles vamos a tener un problema sanitario masivo”, explicó a El Destape una de las firmantes.
“Constituye preocupación de este tribunal la situación de las personas privadas de la libertad en distintos establecimientos, en razón de las particulares características de propagación y contagio –conforme las advertencias efectuadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud- y las actuales condiciones de detención en el contexto de emergencia penitenciaria formalmente declarada”, señalaron los camaristas de la Casación.
En ese sentido y “a fin de resguardar adecuadamente el derecho a la salud que el Estado debe garantizar a las personas en condición de encierro, por tratarse de una específica situación de vulnerabilidad”, es que decidieron interpelar, mediante la acordada 3/20, al Poder Ejecutivo y a los jueces con presos a su disposición (según la Constitución Nacional, la responsabilidad sobre los detenidos la tienen estos magistrados).
La resolución lleva la firma de Ángela Ledesma, presidenta del tribunal; Alejandro Slokar, Gustavo Hornos, Ana Figueroa, Guillermo Yacobucci, Daniel Petrone, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo. Por su parte, Mariano Borinsky acompañó a la mayoría pero no rubricó el documento por estar en un acto en otra provincia. Lo mismo realizó Juan Carlos Gemignani, quien se encuentra en cuarentena porque regresó de Milán, Italia. Acompañó el proceso vía medios electrónicos. En disidencia se manifestaron Eduardo Riggi y Liliana Catucci, quienes consideraron que el decreto presidencial de ayer, por el cual se estableció la emergencia sanitaria, es suficientemente abarcativo, algo con lo que no coincidió la mayoría.
Es imposible disociar esta acordada del comunicado que emitió el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), por el cual se hizo un llamado a las autoridades con responsabilidad sobre los establecimientos que alojan detenidos para que extremen las medidas de prevención que ayuden a evitar el contagio de COVID-19 en las cárceles.
La CNPT destacó que las personas presas están “expuestas a serios riesgos”, situación que se agrava por el “hacinamiento”, “las deplorables condiciones de detención” y “la falta de atención sanitaria de muchos establecimientos del país”.
A ello se suma el antecedente de los motines que se sucedieron en Italia entre el domingo y el lunes pasado a causa del coronavirus, que terminaron con varios muertos y fugas.
Los mismos magistrados ya habían emitido esta semana otras acordadas en la misma dirección que la que firmaron este viernes: el lunes, recomendaron excarcelar a embarazadas y madres con hijos; y el miércoles reclamaron distintas medidas para evitar la propagación del virus en los tribunales, como que no haya una aglomeración de personas en las salas de juicio y se priorice la videoconferencia en lugar de los traslados de los presos en los actos procesales que los requieran.
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