Diecisiete policías que el 8 y 9 de diciembre de 2013 tomaron la jefatura departamental de la localidad entrerriana de Concordia y posibilitaron una ola de saqueos que dejó tres muertos, fueron condenados hoy por el delito de sedición agravada a penas que van desde 4 años y seis meses a 3 años y seis meses de prisión efectiva.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia, integrado por Jorge Alberto Barbagelata, Silvina Isabel Gallo y Darío Gustavo Perroud desestimó las acusaciones de privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado de bienes y lesiones leves reiteradas, que también pesaban sobre los uniformados pero informó que se los encontró culpables por el delito de sedición agravada.
Es por ello que se los condenó a prisión efectiva de 4 años y 6 meses al oficial Carlos Zaragoza y a los suboficiales José María Biderbos y Leandro Coutinho, el primero por su alta jerarquía y a los otros dos como cabecillas de las revoltosas jornadas.
Además, se los inhabilitó por 9 años para el ejercicio de cualquier tipo de cargo en la función pública y paralelamente se aplicó la pena de 4 años de prisión para los imputados Juan Manuel Rosas, Daniel Chávez, Diego Diferding, Juan Pedro Lacuadra, Alfredo Imaz y Luis Gómez, más el impedimento por 8 años para ejercer cargos en el Estado.
Por su parte, a los policías Luis Carlino, José Troncoso, Hugo Troncoso, Andrés Paredes, Carlos Rosas, Ricardo Paredes, Fabián Valdéz y Luis Paredes, el tribunal les impuso una condena de 3 años y seis meses de reclusión, más una inhabilitación de 7 años para trabajar en la función pública.
El fiscal Mario Guerrero sostuvo durante el juicio que los policías acusados "tomaron la Jefatura de Policía (de Concordia) en la noche del 8 de diciembre de 2013, instigando a saqueo en la ciudad" y recordó que el grupo de policías enjuiciados irrumpió en esa dependencia arrojando gas lacrimógeno e ingresando a las oficinas de los jefes y privándolos de su libertad.
Además, dijo que hubo funcionarios que anticiparon a algunos delincuentes que la ciudad quedaría sin servicio de seguridad y que las acciones de esos días estuvieron encuadradas en "arrancar al gobierno provincial un aumento salarial extorsivo".
El propio gobernador, Sergio Urribarri, reconoció que tuvo que acordar con los sublevados, durante una reunión que mantuvo en Concordia, un aumento bajo "una situación extorsiva" y para "evitar un baño de sangre". Aumento que no tuvo efecto ya que cuando la situación se tranquilizó, el mandatario dio marcha atrás.
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