En su primer discurso como presidente de la Nación, Alberto Fernández anunció una reforma integral del sistema federal de justicia y una reestructuración del área de inteligencia del Estado: los cambios tuvieron un destinatario puntual, los jueces y fiscales de Comodoro Py. ¿Cómo reaccionaron en el edificio de Retiro al escuchar que el flamante jefe de Estado prometió terminar con “una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”?
La reacción fue diversa en los tribunales más políticos del país. No fue igual entre los jueces más jóvenes que entre los más antiguos. También varió según el piso del edificio, en el que se distribuyen las cámaras federales de Casación Penal y de Apelaciones, los juzgados de primera instancia y los tribunales orales, todos con sus respectivas fiscalías.
“El discurso me pareció excelente”, señaló un magistrado con asiento en el cuarto piso del edificio de Retiro. Un colega suyo lo definió como “muy bueno”. “Todas sus iniciativas ya habían sido insinuadas como candidato”, agregó y no se mostró sorprendido.
Un experimentado magistrado de Py coincidió: “Es el cumplimiento de sus justas promesas electorales”. Pero advirtió: “Habrá que ver si las medidas consiguen el resultado esperado”. Luego dio lugar a la queja: “La mayoría de las críticas son justas”, señaló, pero “cargan las tintas con los jueces, que son minoría, y se olvidan de los fiscales, que son mayoría”. Y añadió que a su criterio la implementación del sistema acusatorio, que es una de las reformas que se estima que se ejecutará, no es correcta: “A la luz de la experiencia, Buenos Aires incluida, no me parece una buena solución. Pero a instancia de Estados Unidos se exporta su Derecho y se consigue instalarlo como una solución, lo que es un error”. No son muchos los que coinciden con esta postura. El sistema acusatorio surge de la aplicación plena del Código Procesal Penal y con él ganan poder los fiscales en el impulso de las causas en detrimento de los jueces.
Un camarista, también con despacho en los tribunales de Retiro consideró que el discurso de AF “tuvo matices”. “Comparto la necesidad de profundizar reformas que nos permita resolver más casos y más rápido”, dijo. “Pero emparentarnos a todos con los servicios y la actividad de operadores, no es justo. Hay muchos que no nos emparentamos con esas prácticas”, añadió. Y apuntó contra la Corte Suprema de Justicia: “Por eso más me molesta la pasividad de la presidencia de la Corte (y recojo el malestar de muchos con el Presidente de la Corte) que no salió a defendernos”.
Otro camarista, cuyo despacho está en un piso diferente (en el 1° está la Cámara Federal de Casación Penal y en el 2° la Cámara Federal porteña), coincidió con que el Presidente haya criticado las detenciones arbitrarias y anunciado el final de la injerencia de operadores judiciales vía los servicios de inteligencia. A la hora analizar la reforma en ciernes consideró que solo se habló de “generalidades” y está a la espera de que se conozcan precisiones.
Por lo pronto, consideró un error la posible fusión de fueros, como el federal con el nacional porteño (algo en lo que coinciden otros jueces de Py). Creen que lejos de solucionar el problema, lo multiplicaría. Es que la fusión, que es uno de los cambios que se contempla, implicaría multiplicar la cantidad de juzgados federales vía una “absorción” de los nacionales, que actúan en delitos ordinarios que ocurren en la Capital Federal. Quienes sostienen esta postura abogan por una oxigenación de los tribunales de Py vía un recambio de jueces, ya que muchos están en condiciones de jubilarse.
Consultado por El Destape, un fiscal de cámara opinó que “el discurso le pareció muy atinado”. “Dijo cosas que ya había manifestado antes de ser candidato, inclusive. Además de que son cosas que se vienen viendo en los tribunales”. “Está muy bien que haya una revisión de las cosas que no están bien y un cambio para transparentar y hacer que el producto de tribunales sea mejor. Es una forma de descontaminar el ambiente de cuestiones de política partidaria que nunca debieron haber sido judicializadas”, agregó. “Algunos problemas creo que se irán diluyendo solos, con renuncias y causas que se irán terminando solas por el paso del tiempo. Pero otros asuntos son sistemáticos, que tienen que ver con el rol del Ministerio Público Fiscal en el futuro y de los jueces”, apuntó. En esa línea remarcó que “se deberá regular si los fiscales van a trabajar en conjunto con controles internos y externos cosa de que cualquiera no pueda hacer lo que quiera en su fiscalía”. También destacó la posible implementación del sistema acusatorio, que “le quitará todo el poder de decisión a los jueces respecto al impulso de las investigaciones”. A su vez dijo que “hay que ver el tema de los arrepentidos, informantes, delatores, y trabajarlo de una forma seria y no por el sentido de a quién están acusando”, señaló.
Otros jueces y fiscales que tienen despacho en los tribunales de Comodoro Py directamente dijeron que no escucharon el discurso del primer mandatario.
Los pasajes más duros de la ponencia de Fernández estuvieron dedicados a la Justicia. Entre otras, el flamante Presidente afirmó: “Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos”. “Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno”, agregó. “Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más”, dijo.
Acto seguido, anunció la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de fuerte injerencia en el edificio de Retiro. Y el fin de los fondos reservados para la exSIDE, que restituyó el gobierno saliente. Ambas medidas son el paso previo a la reestructuración de todo el área de inteligencia del Estado. Para completar, dijo que enviará un conjunto de leyes al Congreso que consagrará “una integral reforma del sistema federal de justicia”.
Ahora, muchos de los jueces y fiscales de Py buscan conocer el contenido de las reformas que se enviarán al Parlamento, de las que aún no tuvieron noticias precisas.
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