Colombia: ¿por qué ahora sí puede lograr la paz?

Como a veces pasa, el personaje más inesperado logra el éxito donde otros fracasaron. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quién está más cerca que nunca de lograr un acuerdo con las Farc, no empezó su carrera política siendo precisamente una paloma de la paz. Fue ministro de Defensa de Álvaro Uribe durante los años más guerreristas, cuando el Estado colombiano recrudeció la ofensiva militar contra la guerrilla.

Sin embargo, después de asumir la presidencia en el 2010, comenzó a intentar acercamientos con la guerrilla. Durante esta primera etapa exploratoria, muchos de los contactos fueron a través del ex presidente venezolano, Hugo Chávez, como reveló el propio líder de las Farc, Timoleón Jiménez, alias "Timochenko" en una reciente entrevista en Telesur.

En agosto de 2012, el propio Santos reconoce que buscará la paz y se ahondan las diferencias con Uribe. En las elecciones presidenciales de 2014, Uribe presentó su propio candidato, Oscar Iván Zuluaga, que terminó derrotado en la segunda vuelta. Ya en esa elección, el tema del proceso de paz fue uno de los puntos más importantes de la campaña, y el triunfo de Santos (que incluyó el apoyo de la izquierda en la segunda vuelta) se convirtió en el apoyo social determinante para acelerar las mesas de negociación en La Habana.

La semana pasada, la Habana fue el centro de novedades, cuando se conoció que el gobierno colombiano y las Farc habían llegado a un acuerdo sobre uno de los tópicos más complejos del acuerdo: un entramado judicial que de garantías jurídicas a los guerrilleros así como resarcimiento a las víctimas del conflicto. Más allá de aspectos técnicos y detalles que aún no se conocen, el acuerdo supone que una vez terminado el conflicto armado habrá juicios y tribunales especiales donde podrán iluminarse matanzas, secuestros y delitos graves. Tanto las fuerzas armadas, los paramilitares como la guerrilla deberán comparecer.

Al mismo tiempo, se garantizan plazos de condena máximos, así como condiciones especiales de eventuales detenciones y tareas resarcimiento comunitarias, de acuerdo a los delitos. Más allá de las condenas que se logren, el equilibrio judicial busca garantizar lo que los colombianos llaman la "no repetición". Esto es que una vez acabada la guerra, ésta no se reinicie al poco tiempo. Un país con casi siete décadas continuadas de guerra interna, el objetivo no parece pequeño.

La dinámica de la guerra interna colombiana, más que una explicación militar tiene raíces políticas. El mayor desafío de esa "no repetición" consiste en lograr encauzar el conflicto social del país en términos democráticos. Si bien en Colombia se realizan elecciones en forma periódica y cierta "normalidad", se trata de una democracia condicionada por la espiral de violencia. Cuando la guerrilla del M-19 realizó su negociación con el gobierno de Betancur, a fines de los años 80, su líder Carlos Pizarro se presentó como candidato a la presidencia del país. Murió asesinado en medio de la campaña electoral en abril de 1990.
Unos años antes, las propias Farc habían construido una plataforma política, la Unidad Popular, como forma de reinserción política, pero sus cuadros fueron asesinados en forma masiva a partir de 1985.

¿Cuáles son las condiciones para una paz ahora? El primer elemento, es que luego de los años del uribismo, el poder de fuego de las guerrillas está muy comprometido. En un momento de mayor fortaleza, como ocurrió a comienzos de los 2000, cuando el presidente Andrés Pastrana accedió a desmilitarizar miles de kilómetros cuadrados, las Farc trataron de imponer mayores condiciones. Hoy, el acuerdo es hijo de una debilidad estructural de la guerrilla que en ningún escenario puede imaginar una conquista armada del poder. Al mismo tiempo, el gobierno de Santos podría elegir seguir desgastando militarmente a la guerrilla pero sin posibilidades de poder garantizar su desaparición y por lo tanto, de la paz.

Así, el punto de intersección en que parece haber nacido la posibilidad real de la paz es tanto la inviabilidad de continuar una insurgencia armada por parte de la guerrilla como un cálculo político de Santos de que la firma de la paz bajo su presidencia le traerá más beneficios que continuar con una persecución militar que sería probablemente interminable.

Si bien los acuerdos están avanzados, cabe recordar que tendrán que tener una ratificación en las urnas por parte de los colombianos antes de efectivizarse. Por lo que el debate entre el gobierno y el uribismo sobre estos acuerdos probablemente tenga la forma de una disputa electoral el año que viene.

De lograrse la paz durante el 2016, Colombia podrá entrar en una dinámica democrática más plena, donde puedan plantearse por primera vez en décadas una disputa por modelos políticos y económicos sin que la guerra funciona como justificador de programas conservadores y donde las opciones progresistas tampoco tengan sobre sí la lápida que significaba la acusación de cercanías o "tolerencias" con las fuerzas insurgentes.

Para la región sería un avance histórico, al mostrar que pudo dejar atrás por sus propios medios el último conflicto armado de América del Sur, quitando además uno de los argumento que suelen usarse para justificar las bases militares norteamericanas. En un mundo donde el intervencionismo militar de potencias extranjeras en países con conflictos internos está lejos de ser una anacronismo histórico, lograr la paz en Colombia no es solo saldar una deuda histórica, si no también una forma de garantizar soberanía de cara al futuro.