La recurrente elusión de toda vocación de lucha por los derechos de los trabajadores, aún frente a la implementación de un nuevo estatuto legal del coloniaje –lúcida denominación que Jauretetche asignara a la política de la Década Infame-, evidencia la acelerada claudicación de cierta dirigencia sindical.
Por 30 dineros
El estado crítico en que se encuentran los trabajadores como consecuencia de las políticas implementadas desde fines de 2015, se ha acentuado ostensiblemente en el presente año por la combinación de fenómenos tales como el desempleo creciente, una inflación sin precedentes, la caída del salario real como fruto de paritarias con techo bajo que, ni siquiera al tiempo de celebrarse, se compadecían con la merma de la ronda del 2017 y el incremento de la canasta básica en los primeros meses del 2018, y todo ello en el marco de un proceso recesivo cada vez mayor.
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Las anunciadas “cláusulas gatillo” en las concertaciones colectivas que se decían brindaban un reaseguro ante cualquier desajuste, en realidad no eran tales, puesto que no disponían la adecuación automática conforme un determinado parámetro pactado en los acuerdos, sino que sólo preveían la posibilidad de reabrir la discusión paritaria en un supuesto semejante. Esto último, como se sabe sólo se concretó en muy pocos casos y no en todos se alcanzó un acuerdo para la recomposición del salario
En esta semana se conocieron algunos datos que reafirman la grave situación de los asalariados: el costo de vida interanual a octubre (2017/2018) es del 45,9% previéndose que llegue al 48% para fin del presente año y que no será inferior al 30% en el 2019; productos decisivos en la conformación de consumos básicos, registran en lo que va del año aumentos del 80% (pan), 84% (fideos), 173% (harina), 66% (arroz), 79% (aceite), 40% (leche), 113% (transporte), 70% (combustibles).
Como los teros pero sin mucho grito, y escondiendo los huevos, la conducción cegetista desmonta velozmente la mera posibilidad de convocar a un paro –ni hablar de un plan de lucha-, a cambio de un “bono” de $ 5.000 que le ofrece el Gobierno y que en su implementación poco tiene que ver con los anuncios triunfalistas de los dirigentes que lo gestionaran.
¿Qué significa lo negociado? ¿0 es sólo un negociado?
El DNU 1043/18 establece el pago de una suma “no remunerativa”, o sea, que no es salario ni base para otros adicionales ni bonificaciones; que se abonará, como mínimo, en dos cuotas pero podrá fraccionarse, reducirse o modificarse para sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva (la gran mayoría).
Esa suma es de pago único, no se mantendrá para otros períodos; no será para todo el sector privado, pues se excluyen a trabajadoras y trabajadores rurales y de casas particulares (alrededor de 2.400.000 personas). Podrá ser compensada hasta su concurrencia con aumentos que se hubieran acordado con anterioridad para quienes estén bajo convenios colectivos o para aquellos no convencionados a los que el empleador les hubiera otorgado un aumento salarial voluntario. Más aún, incluso será factible imputarlos como pago a cuenta de futuros incrementos que se pacten en las paritarias de 2019.
El DNU también aborda un tema sensible, con la sensibilidad que caracteriza a nuestros gobernantes, que es el de los nuevos despidos que se produzcan hasta el 31 de marzo de 2019. Lo trata en su Capítulo II (Procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa”), y no es más –aunque bastante menos- que lo que su título indica.
El deber se limita a dar aviso con 10 días de antelación a la decisión de despedir, ante lo cual la autoridad estatal –ahora el Ministerio de Producción y Trabajo- “podrá convocar” al empleador, al trabajador y al gremio, a las audiencias que estime necesarias durante el –exiguo- plazo fijado para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción laboral. O sea, da por hecho la cesantía sin plantear alternativa alguna para evitarla.
Ese inoperante trámite “podrá” llevarse a cabo si así lo decide el Ministerio, lo que implica que no necesariamente ocurrirá y, en la práctica, no sucederá estando a la insuficiente infraestructura de personal con que cuenta frente a los miles de despidos que se vienen produciendo.
Pero tampoco importa su falta de acatamiento la nulidad de la decisión patronal, sino que quien no de aviso sólo será pasible de una “multa” según la Ley 25.512, que establece su entidad económica según la clasificación de las infracciones como leve, grave o muy grave, sin que el DNU defina dentro de cuál de esas categorías quedaría encuadrada la inconducta del empleador.
Con esas migajas el dúo dinámico –ex triunvirato- se ha dado por satisfecho, “garantizando” la paz social inmediata en vísperas de la realización del G-20, desistiendo de toda medida de acción directa y relegando sin fecha cierta la elaboración de un Plan de Lucha para lo cual existen sobrados motivos que exceden, en mucho, alguna forma de recomposición salarial. A sabiendas del fracaso absoluto que ese tipo de dádivas ya ha demostrado, estando al precedente del bono –no pagado- de $ 2.000 fijado en diciembre de 2016
A falta de voluntad de confrontación, alarmante sumisión
Con la excusa de no entorpecer la gobernabilidad de la nueva gestión, dándole la oportunidad de llevar a cabo una política que demostrara no ir contra los intereses de la clase trabajadora, pasaron de largo las transferencias de ingresos a los sectores concentrados del Capital en desmedro del gasto social, en 2015.
El veto de la ley que condicionaba los despidos sancionada por el Congreso, en 2016; la regresiva reforma del Régimen de Riesgos del Trabajo –que incluso acompañó con beneplácito la CGT- como las reformas tributaria y previsional, en 2017, que sólo originó una tibia –e inmovilizada- oposición; el incumplimiento del compromiso de suprimir el impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones, hasta el presente.
No movió a los choferes –llamarlos conductores sería exagerado- de la principal Central obrera, más que a declamativos reparos sobre la retrógrada Reforma Laboral impulsada por Cambiemos y en la que incluso participaron veladamente; ni la persecución –y encarcelamiento- de dirigentes políticos, sindicales y sociales. Las devaluaciones y especulaciones financieras acentuadas en 2018 con impacto brutal en la economía popular, constituyendo fuertes condicionamientos para la concreción de una Patria Independiente, Justa y Soberana que esos dirigentes sindicales suelen referir como el cenit que los guía.
Otro tanto ocurrió con el proyectado déficit cero –versión 2019 de pobreza cero- que significa una reducción sustantiva de toda inversión social y de expectativas de mejoras salariales, en cuyas masivas movilizaciones de rechazo a la Ley de Presupuesto estuvieron ausentes.
Así como se mantuvieron impávidos frente a las indecentes manifestaciones de Duvojne, quien afirmó “nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno” y a las que voceros del FMI calificaron –simplemente- como “desafortunadas”.
Bonus track
Anglicismo que en criollo representa una yapa, suele ser una entrega adicional de algunos materiales discográficos, y que es aplicable al plus que esta semana ofrendaron “encumbrados” directivos de la CGT en una aceptación descarada de la situación de coloniaje a la que está sometida la Argentina.
Tal como hicieran en agosto cuando se reunieran con Roberto Cardarelli (economista del FMI encargado de auditar nuestro país), para que les “explicara los objetivos económicos del Programa de (nuestro) Gobierno”, como informara ese funcionario; en estos días volvieron a recurrir al FMI en las personas de Cardarelli y Trevor Alleyne, para hacerle saber sus inquietudes y rogatorias.
Fueron los mismos dirigentes suplicantes, quienes en esta ocasión les transmitieron su preocupación por la agudización de la crisis social y solicitaron que habilitaran un mayor porcentaje de los fondos a transferir al Gobierno con destino a programas sociales, señalando que la situación había empeorado desde su anterior encuentro. Luego informaron, que sus interlocutores se limitaron a escuchar en silencio y tomar nota de lo expresado. Pero sus rogatorias no cayeron en saco roto, en tanto se les dejó un mensaje “esperanzador”, al señalar que “los próximos trimestres serán los más difíciles en términos de recesión pero confía en que a partir del tercer trimestre de 2019 se inicie una progresiva recuperación”.
Se explica que hayan dejado de ser un Triunvirato y renunciado a toda lucha soberana, porque se sienten partícipes de un nuevo Virreynato del Río de la Plata y, en consecuencia, sus planteos deben ser dirigidos a quienes realmente gobiernan nuestras tierras.
“Pobres los trabajadores argentinos si la vida fácil los llevara a matar el sentido de la lucha, necesario para mantener y consolidar nuestras conquistas” (Perón 1° de mayo de 1954). “Una central obrera que no sabe proceder con la ecuanimidad necesaria, que antepone intereses personales o de círculo a los intereses de los trabajadores, no será nunca una organización representativa” (Perón 14 de julio de 1954).
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