El fiscal federal Jorge Di Lello pidió desestimar una denuncia penal contra el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, por su presencia el pasado 18 de enero en el departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero donde Alberto Nisman fuese hallado sin vida.
"Es deber y facultad del nombrado dirigir y supervisar las actividades de la fuerzas de seguridad y policiales, entre otras funciones y por otra parte concurrir o no es una decisión netamente política", explicó Di Lello.
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Se trata de una denuncia en donde la ONG "Paso por paso" había acusado que la presencia de Berni significaba una intromisión del Poder Ejecutivo en la labor de la Justicia, y al haber permanecido en el lugar por más de diez horas monopolizando la escena sin dar intervención al juez Manuel De Campos, quien intervino inicialmente en la causa.
Según la denuncia, Berni habría cometido los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento.
La presencia de Berni en el lugar y el hecho si subió o no al piso 13 donde vivía Nisman sin presencia del juez, es uno de los cuestionamientos que la oposición hizo al Gobierno e incluso el funcionario tuvo que prestar declaración testimonial ante la fiscal Viviana Fein.
La acusación, según el fiscal Di Lello, "carece de los requisitos mínimos que requiere una denuncia para que sea impulsada", al tiempo que señaló que el dirigente peronista Juan Ricardo Mussa omitió señalar "las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habría acaecido el hecho".
"Ninguna de las afirmaciones dadas por el nombrado constituye un relato circunstanciado de hechos que vailice analizar si posiblemente se ha cometido algún delito y en consecuencia fijar un objeto procesal, que permita dar curso a una eficaz investigación", señaló en el dictamen al que accedió la agencia NA.
Para Di Lello "de ningún modo" la presencia de Berni en el lugar "se trataría de una intromisión por parte del Ejecutivo en las funciones propias del Poder Judicial, dado que es deber y facultad del nombrado dirigir y supervisar las actividades de la fuerzas de seguridad y policiales, entre otras funciones y por otra parte concurrir o no es una decisión netamente política".
Así presentó el escrito ante la jueza federal María Servini de Cubría, ante quien pidió rechazar la denuncia.
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