Diego Pirota, el abogado de la familia de Débora Pérez Volpin, la periodista fallecida el 6 de febrero de 2018 a raíz de una mala praxis en una endoscopía, pidió la indagatoria de los directores del Sanatorio de la Trinidad por el encubrimiento del hecho. El pedido de indagatoria fue contra los directores Eduardo Cavallo y Roberto Martingano, así como a otros empleados del lugar a raíz del trágico suceso por el cual ya fuera condenado el endoscopista Diego Bialolenkier a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de siete años para ejercer la profesión.
El reclamo de la familia, querellante en el caso, es que la jueza de instrucción a cargo del expediente cite también a indagatoria a Sebastián Alfredo Cecchi Gallo, quien limpiara el endoscopio utilizado en la práctica trágica de Pérez Volpin; la médica Miriam Eliana Frías, la única testigo que estuvo en el quirófano junto a Bialolenkier y Nélida Puente (esta última la anestesista absuelta en juicio); y Claudia Esther Balceda, quien atendiera a la policía cuando se dispuso el allanamiento en el sanatorio.
La acusación sobre todos ellos fue durante la realización incluso del juicio que tuvo lugar a mediados de año, y tras el veredicto del juez Javier Anzóategui por la causa de la muerte quedaron en evidencia algunas irregularidades que la familia considera que fue una trama de encubrimiento.
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Uno de ellas es el posible cambio del endoscopio que se utilizó durante la práctica médica y aquel que se entregó ante la Justicia durante el allanamiento que se llevó en el Sanatorio tres días más tarde. Una pauta de ello es que el número de serie del procesador del endoscopio estaba limado.
El otro punto de sospecha es un informe que las autoridades del sanatorio entregaron a la Justicia y era sobre la medición de registros cardíacos de la paciente. Un testigo declaró que el mismo fue entregado de forma completa a los directores pero cuando éstos lo hicieron a la Justicia faltaban gran cantidad de páginas, y eso indica – considera la familia- que Pérez Volpin no estaba conectada al equipo que medía aquello.
Junto con el pedido de indagatorias, la querella pidió varias medidas de prueba entre ellas que la Dirección General de Aduanas (DGA) informe sobre la existencia de registros de importación del equipo endoscópico que se investiga.
Por esta causa están imputados el director general de Galeno Eduardo Cavallo, el director médico de La Trinidad de Palermo Roberto Martingano, las instrumentadoras Miriam Frías (única testigo que estuvo en el quirófano) y Claudia Esther Balceda (atendió a la policía cuando se dispuso el allanamiento en el sanatorio), el médico Sebastián Cecchi Gallo (limpió el endoscopio usado en el estudio) y la médica legista María Cristina Lavolpe (participó de la junta médica que se realizó tras la autopsia). Pirota pidió en su presentación que todos ellos sean citados a indagatoria, den explicaciones y "eventualmente se los procese por el delito de encubrimiento, cuanto menos".
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