“Creemos que se viene produciendo hace unos años una utilización política de instituciones y especialmente del Poder Judicial en beneficio de determinados planteamientos que quebrantan los derechos fundamentales de las personas y de algunos lideres políticos, que se vieron perseguidos por su posición ideológica progresista”, explica el prestigioso jurista español Baltasar Garzón a El Destape. Está haciendo alusión a los golpes blandos y al Lawfare que se expandieron por América Latina. Ante esta avanzada, desde el Grupo de Puebla se decidió, recientemente, construir un Consejo Latinoamericano dedicado a la Justicia y la Democracia (CLAJUD) con el objetivo de combatir la utilización de la justicia como arma de guerra política y defender los derechos humanos. Garzón es uno de los integrantes de este órgano y está teniendo una activa participación internacional con presentaciones ante la CIDH, por ejemplo, por el golpe de Estado en Bolivia.
-¿Cuál es el rol del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia en el conflicto que vive Bolivia?
-Presentamos hace poco menos de una semana la petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la situación que viven varios políticos, como Héctor Enrique Arce Zaconta, ministro de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia; Javier Zabaleta López, ministro de Defensa Nacional de Bolivia; y César Navarro Miranda, ministro de Minería, así como otras autoridades como la presidenta del Tribunal Supremo Electoral o el vicepresidente. Es absolutamente urgente que la CIDH se pronuncie sobre esas medidas cautelares de protección personal e institucional y de derechos políticos. El CLAJUD lo que ha hecho es ponerle voz a la petición de estas personas, requiriendo una decisión urgente. Como consejo de juristas hemos intervenido aquí y lo vamos a seguir haciendo tanto personalmente como corporativamente. Creemos que es el momento de poner en valor estas iniciativas para que no sea el silencio, la indiferencia y por ende la impunidad la que prime.
-¿Cómo observa la situación de Chile? ¿El consejo de jurista podría hacer alguna presentación internacional por la represión del gobierno de Sebastián Piñera?
-La cuestión no se ha debatido todavía. Desde mi punto de vista, sí me he manifestado abiertamente, incluso con una carta abierta al presidente Piñera. La situación de Chile es delicadísima porque a pesar del anuncio de un plebiscito para decidir si hay una reforma constitucional no estamos encontrando una solución al problema. Sigue habiendo una fractura entre lo que es la manifestación popular y la clase política. Creo que el acuerdo de un espacio de dialogo debe ser más transversal y no puede marginarse a los movimientos sociales. Se debe ir mucho más al fondo que la propia reforma constitucional. Si no se atiende la desigualdad nada va a resultar. De alguna manera, el neoliberalismo que se inició en Chile podría también encontrar su fin allí si se avanza en la medida de esa participación integral y transversal de todos los estamentos afectados por la actual situación.
-¿El golpe de estado en Bolivia es un llamado de atención para toda la región porque podría repetirse?
-Claro. Ha sido el ejemplo. Parece casi buscado de propósito. Bolivia es el ejemplo de lo que puede acontecer cada vez que actuemos en defensa de los mas vulnerables, de los mas desfavorecidos, en pro de la igualdad, de la defensa de la mujer y el empoderamiento de la misma, de los pueblos originarios. Es muy, muy, delicada la situación. Vemos que siempre se rompe la cuerda por el mismo sitio. Y ahora no se puede consentir.
.¿Cree que hubo un agotamiento del Lawfare y que con el golpe en Bolivia surge una nueva etapa en la región? ¿O aún no podemos dar por agotado el Lawfare?
-No se puede dar por agotado el Lawfare porque ahí esta Brasil. Aunque ha habido decisiones importantes respecto de Lula Da Silva con su liberación, hay que ir más profundo. Vemos que desde las decisiones gubernamentales y las que representa quien en otro momento fuese juez, Sergio Moro (hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro), no van a cesar de intentarlo. Ahora en Bolivia estamos viendo persecución de los opositores políticos. Vemos que el Tribunal Constitucional que antes dijo que era constitucional la reelección, ahora dice que es constitucional la autoproclamación de Jeanine Añez sin que ni siquiera haya tenido el apoyo parlamentario suficiente. Sí que hay todavía un poder sustancial que apoya estas iniciativas utilizando al Poder Judicial para conseguir fines políticos. Eso creo que hay que seguir denunciándolo. Ahora más que nunca hay que denunciar el Lawfare y combatirlo. Tenemos la gran ventaja de que en la Argentina se ha conseguido que vuelva una opción política defendida por una gran mayoría que va en contra del Lawfare. Es hora de volver a la senda que protege a la gran mayoría de los ciudadanos.
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