Avanza una denuncia penal contra el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, y el secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico de la Nación, Juan Antonio Garade, por la condonación de multas a Edenor y Edesur por no cumplir con el nivel de calidad media del servicio eléctrico. Según los cálculos del denunciante, el diputado nacional Rodolfo Tailhade, las empresas deberían dar, en concepto de beneficio a los usuarios, $7.000 en concepto de resarcimiento.
Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, impulsó la acción penal contra los funcionarios para profundizar la investigación denunciada por el diputado del FPV-PJ. Dentro de sus pedidos, solicitó que se le ordene al Ente Nacional de Regulación de Energía (ENRE) que presente los dictámenes técnicos, cuadros tarifarios, mediciones de calidad y otras de su competencia, así como la presentación de los índices de calidad media de referencia y que se describa en qué semestres las compañías cumplieron con ellos, entre otras disposiciones.
Además, solicitó los montos finales calculados en relación a las restantes deudas por sanciones establecidas y requirió que se le pida al Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina Anticorrupción las declaraciones juradas y los respectivos anexos de Garade para ver si hay incompatibilidades en sus funciones públicas actuales, “tomando en cuenta sus cargos como directivo de las compañías Edesur y Edenor, según surge de la presentación analizada”.
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Tailhade presentó la denuncia el 28 de junio en la que puso de manifiesto que los funcionarios pudieron haber realizado maniobras de administración presupuestaria que podrían haber beneficiado económicamente, de forma indebida, a las distribuidoras Edenor y Edesur.
En el documento judicial al que accedió El Destape, se argumentó que “la Ley 25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa y cambiaria, el Poder Ejecutivo renegoció los contratos de concesión de servicios de distribución del servicio público de energía eléctrica”. Luego, se estableció una transición contractual, prorrogada por la Secretaría de Energía hasta que entre en vigencia el nuevo cuadro tarifario. Esto ocurrió el 1° de abril de 2016 y los valores resultantes adquirieron vigor a partir del 1° de febrero de 2017.
En ese acuerdo se estableció un régimen de calidad del servicio “obtenidos del promedio de índices de frecuencia e interrupciones en la prestación del servicio de energía eléctrica, registrados entre los años 2000 y 2003”, dice el escrito del fiscal. En caso de no cumplir con esos parámetros, las multas “podrían ser destinadas por las empresas concesionarias a la ejecución de inversiones adicionales y al Programa de Inversiones que las compañías presentaran”. De no hacerlo, el dinero debía ir a los usuarios.
Sin sorpresa, las empresas “no presentaron índices de medición superiores a la calidad media de referencia, y sin embargo, el Gobierno Nacional -representado por los funcionarios Gustavo Lopetegui y Juan Antonio Garade- permitió que los montos impuestos por el ente regulador (…) fueran destinados por las mismas compañías a inversiones adicionales, para el período 2017-2021”.
En la denuncia presentada se manifestó que “la empresa Edenor sólo habría cumplido con los parámetros de calidad en los semestres comprendidos entre marzo y agosto de 2006, y entre marzo y agosto de 2007; en tanto que, Edesur lo habría hecho únicamente en el semestre de marzo a agosto de 2006”. En los otros períodos, fue inferior y las multas debían destinarse a beneficiar a los usuarios.
Por eso, “la denuncia destaca que la Administración Nacional habría beneficiado de manera ilegítima a las concesionarias, a través de la malversación de los fondos obtenidos en concepto de multas”. Según los cálculos de Tailhade, “el total actualizado de sanciones ascendería a treinta y cinco mil millones de pesos, lo que representaría devoluciones aproximadas de siete mil pesos por usuario”. Pero para el Gobierno, sin la intervención del ENRE, que no participó de la renegociación, fueron “multas por siete mil millones de pesos; esta última cifra significaría reintegros de alrededor de mil doscientos pesos por usuario”.
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