Jorge "El Turco Asis reveló que las detenciones de Carlos Zannini, Luis D´Elía y Fernando Esteche hicieron pasar desapercibida la liberación del representante de modelos Leandro Santos, quien es requerido por la Justicia uruguaya en el marco de la causa denominada “prostitución VIP”.
"La prisiones de Zanini, Esteche y D Elía (más el pedido de desafuero de La Doctora) lograron que pase casi inadvertida la libertad simultánea de Leandro Santos, aguardada por los generosos que consumieron sus productos. Ampliaremos", escribió Asis en su cuenta de Twitter.
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El fallecido fiscal Alberto Nisman se comunicó con Santos el mismo día que presentó la denuncia por supuesto encubrimiento del caso AMIA contra la presidenta Cristina Kirchner, según consta en el registro de la empresa Nextel.
Ese registro, incorporado a la investigación de la fiscal Viviana Fein por la muerte del ex titular de la UFI AMIA, demuestra que Nisman habló con Santos el 14 de enero. Santos manejaba la agencia a la que pertenecían Florencia Cocucci, Denise Sol Fernández, Constanza Antonaci y Sol Aguilar, cuatro de las chicas que aparecen en varias fotos con el fiscal.
Asis además deja claro que hay "generosos que consumieron los productos" de Santos que aguardaban su liberación. El analista no revela la identidad de los supuestos clientes, aunque advierte que dará más información.
El abogado de Santos (35), Fernando Burlando, dijo que la medida fue adoptada por los jueces de la sala I de la Cámara Federal, Jorge Ballestero y Eduardo Farah, que revocaron un fallo del juez Claudio Bonadio.
Por ese motivo, el representante recuperó la libertad desde la cárcel federal de Marcos Paz, adonde había sido alojado luego de ser detenido el 30 de octubre en la puerta de su departamento del barrio porteño de Nuñez.
En coincidencia con la postura del fiscal Federico Delgado, Bonadio se había negado a liberar a Santos al entender que puede fugarse y podría ser condenado a una pena de cumplimiento efectivo.
El juez recordó que la detención del representante fue dispuesta en el marco del Tratado de Extradición suscripto con Uruguay y que se le imputan los delitos de “proxenetismo y explotación sexual de menores”, que tienen penas de 2 a 8 años y de 4 a 12 años, respectivamente.
Además, Bonadio estimó que Santos podría fugarse teniendo en cuenta el historial del caso, ya que en 2012 intentó eludir una detención de Interpol, y evaluó “la capacidad adquisitiva con la que cuenta, la que le permite frecuentemente egresar a otros países”, según un informe de Migraciones.