Luego de sólo dos años de gestión al frente de la ANSES, el organismo acumula siete causas penales donde se investigan posibles negociados que benefician a los mismos funcionarios o amigos del poder de turno. Los desmanejos del fondo de los jubilados se alinean con la presentación oficial el año próximo de un régimen de AFJPs adicional al actual.
Preocupado por la supervisión judicial, Juan Martín Monge, subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), comandó el armado de un listado de los expedientes que más pueden comprometer al ente previsional. La caja más grande del Estado nacional cuenta hoy con $ 1,2 billón, de las que un 62% corresponde a títulos públicos, pero donde cada vez son más preponderantes las especulaciones financieras y a la vez menores las inversiones productivas.
En un memo interno de cuatro páginas, al que tuvo acceso El Destape, el director de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios, Andrés María Gutiérrez le resumió “el estado procesal actualizado de las investigaciones penales preliminares de mayor relevancia para el organismo, en las cuales se hayan denunciado hechos relacionados al FGS”.
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El “informe sobre el estado procesal de causas penales” fue redactado el 27 de octubre del año pasado, exacto día en que la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad (UFISES) la exigió a la ANSES que publique las actas del comité ejecutivo. Estas dan cuenta del futuro destino del dinero y el ente difunde con siete meses de retraso, por lo que el reporte pedido por las autoridades puede buscar unificar estrategias ante las siete pesquisas que se abrieron contra las autoridades. Pese a la insistencia, el mandamás del organismo, Emilio Basavilbaso, se negó a responder las consultas de este medio.
La primera, y ponderada como más grave, es la denuncia al ex jefe del fondo Luis María Blaquier por presunta negociación incompatible al adquirir obligaciones negociables de Cablevisión y Arcor para el FGS. El titular de la UFISES Gabriel De Vedia pidió investigar a Blaquier por haber sido director de ambas compañías justo antes de ingresar a la función pública, luego de lo cual fue reemplazado por su hermano Gonzalo. En una pesquisa avanzada y prolija, que incluyó allanamiento en la propia ANSES, el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello aguardan la respuesta de exhortos enviados a Estados Unidos para continuar.
El segundo expediente que intranquiliza a Basavilbaso consiste en la investigación de El Destape sobre el memorando con Qatar, que luego fue llevado a los tribunales por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, además de los diputados Guillermo Carmona. Como reveló este medio, Blaquier se había comprometido a enviar U$S 200 millones del FGS a una offshore. El ex tenista Gastón Gaudio fue quien realizó el nexo entre los gobiernos de ambos países y uno de sus amigos financistas, Diego Rosendi, tenía la intención de gerenciar el dinero. Gracias a las actuaciones de la fiscal Paloma Ochoa y el magistrado Daniel Rafecas.
Por la denuncia del legislador nacional Rodolfo Tailhade, el juez Claudio Bonadio lleva la demanda por la venta de bonos de la empresa EPEC, que le entregaban una tasa del 12,5% al Estado, para la suscripción de deuda de la provincia de Córdoba por U$S 150 millones a diez años, a un interés anual del 7,25%. Se denuncia la pérdida de U$S 75 millones.
Luego de una presentación de la congresista Victoria Donda, recayó en el juzgado de Bonadio la venta del 11,8% de las acciones que el fondo tenía en Petrobras. Se las entregó a Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, a $ 10,37 cada una y tan sólo algunos días después el precio bursátil se disparó a cerca de los $ 18. El magistrado decidió unir este expediente con el anterior.
En su rol de fiscalizador del ente previsional, la UFISES inició una demanda por presuntos negociados entre el FGS, Petrobras y Pampa Energía, que por conexidad se unió también al expediente originado por Tailhade.
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Luis Rodrígez, también denunció posibles negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y violación de los deberes de funcionarios públicos vinculados al fondo de los jubilados. El encargado de perseguir la corrupción estatal originó el expediente que ahora está en manos de Casanello.
La séptima causa que más preocupa a la gestión de Cambiemos de la ANSES trata de otra denuncia de la UFISES por la colocación de fondos en un fideicomiso de la financiera Axis, fundada por el ministro de Finanzas, Luis Caputo. El 80% de los $ 450 millones transferidos se destinaron a la compra de Lebacs, que el FGS bien podría haber adquirido sin pagar la comisión a la compañía creada por un funcionario. La causa la lleva el juzgado de Luis Rodríguez.
Este expediente exhibe la intención del Gobierno, de acuerdo al especialista previsional Juan Carlos Díaz Roig, quien juzga que el Gobierno pretende entregarle el grueso del fondo a los bancos para que lo administren en diversos fideicomisos. Esto estaba impedido por la ley y por eso Mauricio Macri emitió un mega DNU en enero para habilitarlo, a pesar de que resulta inconstitucional modificar las leyes tributarias con decretos. “Quieren manejar el FGS por fuera de la ley, por eso el Presidente los autorizó para que hagan lo que quieran”, esgrimió. Si bien el Ejecutivo anunció el debate en el Congreso de esa decisión administrativa, mantiene su vigencia hasta se dé de baja.
La vuelta de las AFJP
El Gobierno reconoció públicamente que pretende adicionar un régimen de capitalización individual al actual sistema, como adelantó El Destape hace un año. En una entrevista a Clarín el domingo pasado, el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci confirmó que enviará al Congreso en 2019 un nuevo código previsional que añadirá la posibilidad de un ahorro privado en paralelo a la jubilación solidaria.
En el céntrico hotel Pestana, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, organizó dos semanas atrás un seminario internacional sobre “los retos de la seguridad social”, donde Paulucci y Basavilbaso les expresaron a representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros organismos trasnacionales las alternativas que elaboran para convertir en “sustentable” al sistema.
Enterados de esto, trabajadores de ANSES se lograron acceder al evento para hacer oír sus reclamos por la reincorporación de 80 recientes despidos y los recortes que lleva a cabo el Gobierno dentro del ente.
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