La ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó afirmó que Macri y Rodriguez Larreta volvieron a la carga con su intención de “transformar la ciudad de Buenos Aires en una guarida fiscal”, algo que ya intentaron en 2008 cuando el presidente era Jefe de Gobierno porteño.
En diálogo con el programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, Gils Carbó relató que “a fines de 2008, la legislatura porteña dictó una ley que intenta crear una IGJ porteña, equivalente a la nacional. Querían traspasar sus funciones”. En ese sentido, aclaró que esa ley es “claramente inconstitucional”.
“En 2008 dije que crear una IGJ porteña era para fomentar el uso de sociedades offshore. Que ahora se pretenda reflotar entre gallos y medianoches queda claro la intención", sostuvo Gils Carbó.
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“Cuando era fiscal de cámara, en 2008, pedí una medida cautelar para impedir que hubiera una IGJ porteña. Eso se mantuvo 10 años, pero ahora parece que quieren retomarlo”, agregó. Una información publicada en el diario BAE da cuenta de que a los trabajadores de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) les avisaron desde el gobierno porteño que pronto se pondrá en marcha esta IGJ porteña.
Gils Carbó denunció que “lo que se busca con la IGJ porteña es liberalizar el uso fraudulento de sociedades” y que “crear una IGJ en la ciudad de Buenos Aires es crearse una jurisdicción sin controles”. “Quieren un bill de impunidad, donde habrá personas que van a ocultar sus patrimonios y ocultar sus responsabilidades, a diferencia de las personas comunes”, agregó.
"Obviamente la evasión impositiva es uno de los principales objetivos de crear una IGJ en la ciudad”, agregó la ex procuradora general de la Nación. "Debe haber un interés muy grande en que Buenos Aires sea una guarida fiscal", agregó.
En ese sentido, Gils Carbó relató que “la Inspección General de Justicia lleva el registro de sociedades, nacionales y extranjeras, de fundaciones, y las reglamenta y fiscaliza su actuación” y que “la joya es el registro de sociedades extranjeras” y que con este nuevo organismo “intentan es favorecer la actuación en el país de sociedades offshore”. En ese sentido, subrayó que “las sociedades offshore permiten no identificar a los directivos y accionistas, o sea, ocultan a los beneficiarios de los negocios para fugar y evadir”.
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