El presidente de la Nación, Alberto Fernández, se presentará a declarar este martes a las 9:30 en Comodoro Py en el marco del juicio por la obra pública en Santa Cruz, una de las causas paradigmáticas del Lawfare que tiene a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como protagonista. El mandatario participará por su rol como jefe de Gabinete durante el período investigado. Asimismo, está citado a prestar testimonio el 21 de febrero el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
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Si bien Alberto Fernández, debido a su cargo como mandatario, podía declarar por escrito, decidió presentarse personalmente. Según indicó el periodista Ramón Indart, el mandatario pidió ir de forma presencial a los tribunales “para defender personalmente a Cristina Fernández de Kirchner”. En tanto, Sergio Massa, actual presidente de la Cámara de Diputados, lo hará vía videoconferencia.
Las declaraciones comenzaron el 1 de febrero con Juan Manuel Abal Medina y el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini. Según los exfuncionarios, las rutas construidas en Santa Cruz fueron aprobadas y controladas por el Congreso. Asimismo, declararon Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, el 7 y 8 de febrero, respectivamente.
La causa
El caso comenzó en 2016 con una denuncia del entonces funcionario macrista, Javier Iguacel. En tanto, el reinicio del juicio comenzó con el testimonio de Leonardo Durante, ya que los de Jésica Caballero y Omar Riveros que estaban previstos para esa jornada fueron suspendidos. A lo largo del debate oral, que comenzó en mayo de 2019 -tres meses antes de las PASO presidenciales-, declararon 41 testigos pero faltan declarar aún otros 98, entre los que se encuentran el actual presidente de la Nación, Alberto Fernández; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich; y Juan Manuel Abal Medina, todos exjefes de gabinete de Cristina y responsables de la ejecución del presupuesto, que ya declararon. También debe prestar testimonio Iguacel.
La causa de la Obra Pública en Santa Cruz se inició durante el gobierno de Macri por una denuncia de Iguacel en base a una auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad que ordenó el propio Iguacel al día siguiente de asumir al frente de esa entidad, en enero de 2016. La auditoría la pidió solo para la provincia Santa Cruz. Fue su primera decisión como director del organismo. La cuestionada instrucción del expediente estuvo a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita. En el juicio interviene el Tribunal Oral en lo Federal Nº 2 y el fiscal Diego Luciani.
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La causa versa sobre los 51 contratos de obra pública vial que le fueron adjudicados al empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas. La acusación sostiene que se dieron diversas irregularidades en esas obras. Las dos más relevantes: el incumplimiento en las tareas o demoras injustificadas, por un lado; y supuestos sobreprecios, por otro. Ambas cuestiones fueron derribadas por varios de los testigos que prestaron declaración en el juicio.
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