El asesinato de Suleimani, el documental de Nisman y las consecuencias en el gobierno de Alberto Fernández

El asesinato del militar más poderoso de Irán y el estreno de la serie documental sobre la muerte del fiscal Nisman, con pocas horas de diferencia, durante los primeros días del primer año de mandato de Alberto Fernández, son dos acontecimientos sin lugar a dudas independientes, cuya cercanía cronológica no responde a nada más que la casualidad pero que, combinados, ratifican el postulado empírico de que ya no existen los veranos tranquilos, si es que alguna vez existieron. Como si la crisis económica, social y sanitaria que recibió no fuera suficiente, el frente externo tomó un giro inesperado que trae nuevos desafíos, de consecuencias aún imprevisibles. Citando al inefable Jello Biafra: “Tenemos un problema más grande ahora”.

Aunque la tecnología de drones que mediatiza la industria de la muerte sirve para prevenir bajas durante la guerra también ayuda a trazar, de manera más directa, la línea invisible que une la orden y la ejecución. El misil que terminó con la vida del alto oficial iraní el jueves por la noche en el aeropuerto de Bagdad fue disparado por Donald Trump. El Presidente norteamericano que hasta ese momento menos había intervenido en Medio Oriente en muchas décadas, ejecutó sin previo aviso ni aprobación parlamentaria el acto de guerra más importante desde, por lo menos, la invasión al Irak de Saddam Hussein en 2003. Sólo en los próximos meses, o años, sabremos el alcance real de esa decisión.

El hecho de que la retaliación no haya llegado de inmediato no significa que el golpe de Trump vaya a “evitar una guerra”, como aseguró el mandatario. Por el contrario, un segundo ataque con misiles contra milicias pro-iraníes en Bagdad, en las horas posteriores al asesinato de Suleimani, dan la pauta de que el conflicto ingresó en una nueva fase. El hecho de que las autoridades de los Estados Unidos hayan negado la autoría de este nuevo hecho dispara una pregunta: ¿es posible que algún aliado regional de Washington ya esté participando de manera activa del conflicto? Si la respuesta llegase a ser positiva, el escenario se vuelve incluso más espinoso. War, children, is just a shot away.

En un mapa donde la geografía deje lugar a otros factores, Argentina estaría muy cerca de Medio Oriente. Un país donde conviven en paz extensas comunidades migrantes de esa región con una de las colectividades judías más importantes del mundo, el único en el que en una esquina se cruzan las calles Palestina y Estado de Israel, víctima de dos atentados brutales, los vínculos atraviesan décadas, fronteras, océanos e identidades políticas y religiosas. Es difícil imaginar una mariposa aleteando en el desértico clima de Bagdad pero haría bien el gobierno de Fernández en prevenirse ante posibles huracanes. Resulta imposible arriesgar cuáles pueden ser las consecuencias pero sería temerario pensar que no habrá ninguna.

Más allá de la respuesta que brinda, para quien sabe interpretar entre líneas, al enigma policial, “El fiscal, la presidenta y el espía” ofrece evidencia definitiva sobre la relación entre agentes de inteligencia locales y sus pares de los Estados Unidos. En un pasaje del documental, el exjefe de la CIA en la Argentina, Ross Newland, reconoce el vínculo: “Financiábamos diferentes operaciones de fijación de objetivos. A veces coincidían con sus objetivos y a veces no. Pero en la medida de que lo hicieran, nosotros promovíamos los nuestros. Así que ambas partes salían ganando”. La pretendida simetría del vínculo no resiste ningún tipo de análisis. Por lo demás, la confesión resulta esclarecedora y confirma sospechas largamente arraigadas.

No es necesario esperar más documentales para concluir que la misma operación alcanza a autoridades de las fuerzas de seguridad, funcionarios del Poder Judicial y periodistas. Como en otra época lo hacían con los oficiales de las Fuerzas Armadas. Todos ellos son un medio para un fin: el control geopolítico de los Estados Unidos sobre lo que nosotros conocemos como América Latina y ellos llaman Hemisferio Occidental o, en ocasiones, “patio trasero”, como se sincericida en la serie Toby Dershowitz de la Foundation for Defense of Democracies, una ONG financiada, entre otros, por los buitres Paul Singer y Sheldon Adelson. La FDD entrega cada año desde 2015 el Premio Alberto Nisman al Coraje en la lucha contra el terrorismo. No es broma.

Una de las palabras que van a ponerse de moda a partir de la escalada entre los Estados Unidos e Irán es proxis. Se refiere a las acciones que, en el marco de un conflicto entre dos potencias, se llevan a cabo a través de terceros (otros Estados, organizaciones paraestatales, etc) para evitar una confrontación directa. La metodología, vieja como el hombre, tuvo su edad de oro durante la Guerra Fría y sigue siendo moneda corriente en los asuntos levantinos. Nisman, queda claro en la serie, fue un proxy de Washington contra Teherán. “Hay estudios sobre la penetración de Irán en América Latina. Alberto ataba esos cabos como nadie. Esa era su verdadera pericia, no resolver quién puso la bomba en 1994”, concluye la confesión de Dershowitz.

El sitio de información y lobby financiero Bloomberg, propiedad del precandidato demócrata a la presidencia Michael Bloomberg, publicó esta semana un reporte en el que una fuente en off the record de la administración Trump advertía al gobierno argentino que la actividad del presidente depuesto de Bolivia Evo Morales en el país y una supuesta complicidad o acercamiento no verificado con el régimen de Nicolás Maduro podrían poner en riesgo el apoyo de los Estados Unidos a la renegociación de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional y las inversiones en Vaca Muerta. En las comunicaciones formales e informales entre representantes de Washington y autoridades argentinas no tuvo lugar en ningún momento semejante quid pro quo.

Evo Morales funciona, en realidad, como una excusa porque los Estados Unidos no podrían nunca admitir públicamente que su descontento se debe al desmantelamiento de su sistema de influencia en la justicia federal, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad a partir de tres acciones que el presidente Fernández impulsará en su primer año de mandato: la intervención de la AFI, la reforma judicial y la despenalización del consumo y autocultivo de cannabis como primer paso para cambiar el paradigma de Guerra contra el Narco, otro proxy, vía DEA, de la política exterior de Washington. Esa es la prioridad número uno, dos, tres y cuatro de los funcionarios de Trump en Buenos Aires.

Una futura guerra contra Irán no va a cambiar eso pero puede hacer que se endurezca la posición de los Estados Unidos, que hasta ahora ladraba su descontento por un canal y negociaba en buenos términos por el otro. Sería estúpido deducir de esa premisa que es necesario ceder a las exigencias norteamericanas. En caso de que el conflicto recrudezca y la estrategia de Teherán contemple la utilización del terrorismo a escala global, la Argentina volverá a convertirse en un objetivo en el marco de una guerra que le resulta ajena, como hace un cuarto de siglo. Es necesario y urgente que el gobierno permanezca prescindente en un conflicto entre dos estados terroristas que no tienen la menor contemplación ni interés por el bienestar de los argentinos.

Argentina y Paraguay fueron los únicos países en la región que cedieron el año pasado a la fuerte presión de Washington e incluyeron a Hezbollah en la lista de organizaciones terroristas reconocidas, algo que no hace el comité de Lucha contra el Terrorismo de la Organización de Naciones Unidas ni la mayoría de los países del mundo, más allá de los Estados Unidos y sus aliados más cercanos. La decisión tomada por Mauricio Macri adquiere un cariz más peligroso a la luz de las novedades y debería ser revisada por el nuevo gobierno. Ante la chance de un nuevo conflicto global, Argentina cuenta con la ventaja única de quedar en el culo del mundo. No podemos ser tan boludos de tirarla por la ventana.