Cada jubilado perderá casi $ 18.000 en diciembre, cuando se cumpla el primer aniversario del feroz recorte que impuso Cambiemos desde el Congreso, amparado en la feroz represión policial. Para celebrarlo, Mauricio Macri puede aprovechar su control de la Corte Suprema de Justicia para que falle a favor de un grupo reducido de adultos mayores que desvíe la atención.
El cambio en la fórmula de actualización de los haberes afecta a 18 millones de personas, entre beneficiarios de jubilaciones, pensiones y asignación universal por hijo. Entre el último aumento antes del cambio de la ley de movilidad, en septiembre de 2017, y diciembre próximo, la inflación acumulada en la Ciudad de Buenos Aires alcanzará el 59,1%.
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En el mismo período, la suba de los haberes será de sólo el 28,4%, siempre según estimaciones del abogado de la seguridad social Miguel Fernández Pastor. Por lo tanto, en estos 15 meses la pérdida de poder adquisitivo será superior a los 30 puntos. En el caso de un jubilado con la mínima, esta reducción será de $ 17.791, lo que representa más de dos haberes.
Mientras el próximo mes el ingreso básico de un adulto mayor será de $ 9.311, si hubiera aumentado a la par de los precios deberían corresponder unos $ 11.712. Esto demuestra que Macri impuso el recorte jubilatorio para empobrecer aún más al sector más vulnerable de la sociedad. Como publica El Destape hace dos años, se trata de una inversión a largo plazo del PRO para auspiciar en 2019 una reforma previsional que permita mejorar los ingresos con un sistema de capitalización privado, a través de las afamadas AFJP.
Puesta en escena con los jueces supremos
La Corte Suprema tratará el mes próximo el pedido de un jubilado para que la actualización de haberes judicializados se realice a través de una fórmula previa a la mentada en la Reparación Histórica, de 2016. Exige el aumento a través del índice ISBIC en lugar del RIPTE.
La fecha en que se debatirá el “caso Blanco”, el 18 de diciembre, coincide con el recorte jubilatorio de un año atrás. Si los jueces supremos fallan a favor de las 150.000 personas que reclaman su derecho a no perder poder adquisitivo, podría decorar una campaña de Macri a favor de los jubilados.
Mientras, los mismos magistrados podrían tratar también con una mirada política partidaria el reclamo de Fernández Pastor sobre la inconstitucionalidad del cambio de actualización de haberes de 2017, que afecta a 18 millones de ciudadanos. “Si la Corte resolviera que la fórmula de movilidad es inconstitucional, el impacto sería de alto voltaje institucional, y agregaría, aterrador para el FMI”, interpretó el abogado previsionalista.
La pequeña victoria de los discapacitados
La quita de pensiones a discapacitados la lleva a cabo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que opera bajo las órdenes de la vicepresidenta, Gabriela Michetti. Tras la decisión judicial que obligó al Gobierno a volver a pagar las pensiones suspendidas de forma unilateral, la AND organizó un nuevo protocolo para dar de baja los haberes de los discapacitados que considera deben dejar de recibirlos.
El ente que depende de Vicepresidencia había licitado por $ 5,5 millones el servicio de consultoría para la revisión de otorgamiento de pensiones no contributivas por invalidez, que fue ganado por la multinacional KPMG y se encontraba en su etapa final, previa a su realización. Sin embargo, tras la indagación oficial de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), el Ejecutivo decidió darla de baja.
El director ejecutivo de la AND, Santiago Ibarzábal, dejó sin efecto la contratación a través de la resolución 2018-303. La decisión la tomó el 22 de octubre, según pudo saber El Destape, 18 días después de que la REDI realice un pedido de acceso a la información pública.
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