A partir la instalación de la cuarentena obligatoria y la necesidad de que las fuerzas de seguridad garanticen el cumplimiento de la prohibición de circulación, se comenzaron a viralizar videos, fotos y testimonios de situaciones de abuso policial. Prácticas violentas de distinto tipo, tanto de efectivos federales como provinciales. Desnudez forzada, golpes, amenazas, uso irracional de balas de goma, hostigamiento, allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias.
La mayoría de los casos en barrios populares, los sectores más vulnerables que históricamente son quienes sufren el hostigamiento permanente de las fuerzas de seguridad.
Que el dispositivo de seguridad no se transforme en un libertinaje para la policía, principalmente algunas provinciales, es tan importante como controlar que se respeten las medidas para controlar la pandemia. Las medidas dispuestas son para frenar el avance de los contagios, no para perseguir pobres en los barrios.
El pedido de Frederic a las provincias
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, manifestó su "preocupación" por "la violencia institucional" y los "abusos cometidos por agentes de las fuerzas". Este miércoles, en teleconferencia con los ministros de Seguridad de todas las provincias, pidió evitar "maltratos y hostigamientos".
Frederic explicó que procedieron inmediatamente con el pase a disponibilidad a quienes tuvieron un comportamiento por fuera de la ley, y advirtió a sus pares que la conducción de las fuerzas “implica instruir a la policía para que tenga cuidado de no avanzar sobre derechos y garantías constitucionales”.
Desde el ministerio de Seguridad destacan que reaccionaron con rapidez ante los casos de abusos que conocieron. Hay dos hechos en particular. Uno en la Villa 1-11-14, del barrio porteño de Flores, y el otro en la localidad de Isidro Casanova, del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires. En el primero, tres gendarmes hacen caminar en cuclillas y con las manos en la nuca a dos jóvenes que no habrían cumplido con la normativa. En el segundo, obligaron a un grupo de jóvenes a realizar acciones propias del denominado “baile”, una modalidad de castigo que data de los cuarteles en tiempos del servicio militar obligatorio.
“Actuamos rápidamente, con nuestra gestión hay un cambio de época”, informan desde el ministerio de Frederic. “En ambos hechos los gendarmes involucrados fueron apartados en cuestión de horas. Se ordenó el pase inmediato a disponibilidad con inicio de actuaciones disciplinarias”.
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El caso de La Purga
Otra vez en Isidro Casanova. Un móvil de Gendarmería patrullaba las calles para verificar el cumplimiento de la cuarentena. En el altoparlante, un extracto de la película La purga. El mensaje grabado decía: "Al sonar la sirena todos los delitos, incluido el asesinato, serán legales durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las siete de la mañana, al concluir la depuración". El video es escalofriante, parece una ficción distópica, como el film en cuestión.
Fueron identificados dos móviles y separaron preventivamente a 4 gendarmes, que podrían ser expulsados de la fuerza.
Mapa de abusos policiales en todo el país
Desde el 21 de marzo, las fuerzas de seguridad detuvieron a 14.849 personas, y fueron notificadas otras 544.153 que deberán enfrentar una causa penal.
El ministerio de Seguridad tiene un relevamiento de los casos más trascendentes en las provincias. Contabilizaron 5 en la provincia de Buenos Aires, 3 involucran a la Bonaerense y 2 a Gendarmería; 4 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 de la policía porteña y 2 a cargo de gendarmes; y el resto con participación de las policías provinciales: 4 en Chubut; 3 en Santa Fe; 2 en Jujuy, Tucumán y Corrientes; y un caso Córdoba, Chaco, La Pampa, y Santa Cruz.
Uno de los hechos más graves ocurrió en Córdoba. Un policía le disparó por la espalda a un adolescente. En el video viralizado en las redes sociales se observa cómo un agente de la policía cordobesa había reducido al menor, que logra zafarse y sale corriendo, el agente desenfundó su arma reglamentaria y disparó una bala de plomo por la espalda. “Tirale, matalo al hijo de puta”, se escucha. La Liga Argentina por los Derechos Humanos denunció penalmente al policía, que ya fue sancionado.
En Corrientes, la Red Provincial de Derechos Humano denunció que un carrera fue baleado en la espalda, piernas y glúteos, y luego detenido en un corral improvisado con vallas en una comisaría de la capital provincial.
En la ciudad de General Pico, La Pampa, un hombre denunció que la policía le disparó balas de goma cuando salió a comprar pan. Tuvo que ser hospitalizado.
La lista sigue. En todos estos casos, las imágenes fueron claves para desmontar la versión policial de los hechos.
Ante esta situación, la ministra Frederic habilitó la línea abierta 134 para dar cuenta de cualquier hecho de violencia institucional, pero desde el ministerio reconocen la preocupación porque consideran que no están relevados la totalidad de los casos, porque muchas veces no se denuncian los hechos por temor a represalias.
En la provincia de Buenos Aires se habilitó la línea gratuita 0800-999-8358 de la Auditoría General de Asuntos Internos para recibir denuncias.
Advertencia de los organismos de derechos humanos
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en un comunicado del 26 de marzo, advierte que “El control del cumplimiento de la cuarentena no debe acentuar la desigualdad. Los poderes ejecutivo y judicial deben asegurar que la actuación de las fuerzas de seguridad no derive en situaciones de violencia”.
En la provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció más de una decena de casos de violencia policial que relevó a partir de su labor de monitoreo como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.
Los hechos de abuso por parte de las fuerzas de seguridad tuvieron como víctimas en su gran mayoría a niños, niñas y jóvenes de los barrios más pobres, y trabajadores informales o desocupados que estaban en la calle para proveerse la comida diaria. La CPM pidió mayor control sobre el accionar de las fuerzas de seguridad y que se investiguen y sancionen estos hechos de torturas o malos tratos.
El relevamiento fue denunciado en una nota enviada el 29 de marzo al ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Los hechos fueron registrados en distintos barrios de los municipios de La Matanza, Lomas de Zamora, La Plata, Quilmes, General Pueyrredón, Dolores, Lobos, Bahía Blanca y Berisso.
Advierten sobre prácticas de violencia como hostigamiento y amenazas desde los patrulleros, persecuciones por parte de policías motorizados y armados, traslados ilegales a las comisarías. En todos los hechos, se observa un uso desproporcionado e irracional de la fuerza.
Uno de los hechos que destacaron en territorio bonaerense: en la noche del 23 de marzo en Altos de San Lorenzo, La Plata, un joven estaba en la vereda intercambiando alimentos con un vecino, cuando escucha el grito amenazante de la policía para que se meta adentro, unos 20 efectivos ingresaron al domicilio sin orden judicial disparando con balas de gomas y golpes. El joven y su hermano de 16 años fueron detenidos.
La CPM advierte que “la situación de emergencia sanitaria por el coronavirus y la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio de ninguna manera habilita el uso irracional, desproporcionado e ilegal de la fuerza. Tal como está garantizado por la Constitución Nacional y tratados internacionales, la prohibición de la tortura, los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes no puede ser derogada, incluso en circunstancias excepcionales y emergencias”.
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