El 2019 comenzó con un nuevo caso de vulneración de los derechos de las mujeres en la provincia de Jujuy: una niña de 12 años víctima de violación fue obligada a ser madre. El Estado no cumplió con un procedimiento que está amparado por la ley, además de ignorar lo establecido por el fallo FAL dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2012.
Son innumerables las irregularidades que atravesaron el caso: no se cumplió con la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), se antepusieron posturas personales por sobre la ley y la opinión de la familia, y hasta difundieron datos de la niña, violando su derecho a la intimidad.
El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, llegó a hablar de “una importante familia” que tenía intenciones de adoptar a la recién nacida, ignorando por completo los registros de adopción correspondientes estipulados por ley. Sumado a ello, diferentes medios de comunicación publicaron versiones falsas sobre el hecho.
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“El caso entraba en todos los causales de la ILE. Estamos discutiendo cosas que se sancionaron en 1921. Hicieron lo que tuvieron ganas. Lo manejaron como patrones de estancia”, opinó Cecilia Moreau, diputada por el Frente Renovador que apoya el proyecto por la legalización del aborto.
En este sentido, la legisladora señaló la serie de errores que se sucedieron desde el comienzo: “El Estado llegó tarde en no detectar el embarazo. Una vez que tomaron la decisión de la cesárea, tendrían que haber generado un protocolo de contención, no sólo psíquica sino física, porque acá nunca se habló de la salud de la nena”.
Moreau planteó que lo ocurrido se ponga en estudio e introdujo la posibilidad de que se convierta en un "caso testigo ante tribunales internacionales”. Además, rememoró la historia de Ana María Acevedo, la joven que falleció en 2007 cuando el hospital Iturraspe de Santa Fe la forzó a ser madre.
Ana María padecía cáncer de mandíbula y los médicos se negaron a atacarlo para cuidar al feto. Sin embargo, la recién nacida murió un día después de nacer, mientras que la joven falleció una semana después. Su madre, Norma Cuevas, acudió a los debates llevados a cabo en 2018 en el Congreso para exigir la legalización del aborto.
Por su parte, el diputado de Cambiemos y presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky hizo foco en dos cuestiones a trabajar: que el violador de la nena de Jujuy cumpla con su condena completa, y que se trabaje en la difusión de los derechos de las mujeres. "Las mujeres tienen que saber que tiene ese derecho que existe desde 1921”, resaltó.
Además, el legislador hizo hincapié en la necesidad de que se implemente de forma adecuada la ley de Educación Sexual Integral: “Es fundamental cumplir con la ESI en todo el país, le da más instrumentos a los jóvenes para saber actuar”.
En relación al rol del equipo médico, sostuvo que “habrá que analizar por qué los médicos decidieron practicar una cesárea cuando la decisión de la menor o de su representante, en este caso la madre, era la aplicación de la interrupción legal del embarazo”.
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Asimismo, el diputado de Cambiemos cuestionó las manifestaciones de los antiderechos que se hicieron presentes en el lugar: “Cualquier manifestación de este tipo incurre en violencia institucional y en la posible comisión de un delito. Nadie puede accionar en contra del derecho de practicar un aborto”.
En noviembre del año pasado Lipovetzky y las diputadas Victoria Donda, Brenda Austin, Araceli Ferreyra, Alejandra Martínez, Lucila de Ponti, Karina Banfi y Cecilia Moreau presentaron un proyecto de ley que propone penalizar este tipo de conductas.
El texto de la iniciativa propone reprimir con prisión de tres meses a un año a "quien por cualquier medio ejerciere violencia física o moral sobre autoridades de establecimientos de salud, integrantes o trabajadores de los mismos, o profesionales de la salud, a efectos de obstaculizar sus tareas o impedir el cumplimiento de las obligaciones a su cargo”.
La misma pena se aplicaría “a quienes organicen acciones de ese tipo, o convoquen a través de cualquier medio a realizarlas, o publiciten tales convocatorias”, mientras que la pena se eleva de uno (1) a tres (3) años si las acciones tipificadas tuvieran como objetivo obstaculizar o impedir la práctica de una interrupción legal de un embarazo".
La diputada de Jujuy por la Unión Cívica Radical, Gabriela Burgos, fue una de las personas que se acercó al hospital Materno Infantil de Jujuy para manifestarse en contra de la aplicación de la ILE. Burgos es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, y fue una de las diputadas con un discurso más duro en el debate por la legalización del aborto.
"Yo no puedo concebir que de dos seres humanos, de un hombre y una mujer, no nazca otra persona, otro ser humano. Hemos visto que en algunos países en donde esta práctica se ha implementado se ha utilizado esto en contra de las personas con discapacidad", sostuvo en su exposición. También habló de la “selección” de seres humanos según la “calidad de persona".
Fuentes parlamentarios revelaron a El Destape que no fue bien recibida la presencia de Burgos en el hospital. “Se puso ahí con todos los medios y no cumplió su deber. De alguna manera es presionar a los profesionales”, aseguraron desde el Congreso, y calificaron su conducta como “terrible actuación”. Dentro de las posibles acciones a implementar, se habla de una cuestión de privilegio y de debatir su continuidad como presidenta de la Comisión de Legislación Penal.
Para Araceli Ferreyra, diputada del Movimiento Evita, el caso de Jujuy expone la injusticia social que envuelve la penalización del aborto: “Si esta nena hubiese sido de familia acomodada se hacía un aborto y nadie se enteraba. Esa diferencia social que es lo que nosotros siempre denunciamos, esta falta de justicia social en el acceso a la ILE hace que si sos rica lo podés hacer en condiciones de seguridad”.
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“La denegación de un derecho contemplado en el Código Penal terminó con una tragedia rozando la tortura tanto para la nena como para el fruto de la gestación. Generaron un duelo que no debía haber y un escarnio público”, sentenció, al tiempo que calificó de “basofias fundamentalistas” a quienes buscaron bautizar a un feto “que se sabía desde el principio que era inviable”.
La diputada planteó la separación del cargo del ministro de Salud, Gustavo Bouhid, y del equipo de objetores: "Tiene que dirimirse la responsabilidad que tuvieron, no se pueden hacer ese tipo de prácticas con el título profesional de médico”.
Y agregó: “También hay que investigar si hubo denuncias de que a los tres meses había ido a la salita con síntomas de molestias estomacales. El tema de las dilaciones y la denegación son un agravante”.
El caso de Jujuy expuso la necesidad de que el aborto legal se convierta en ley. Los diputados que impulsan la iniciativa plantearon la posibilidad de que el proyecto se presente nuevamente en marzo. En relación a la introducción de modificaciones, puesto que la iniciativa pasaría por el mismo Congreso que la rechazó en 2018, dependerá de lo que establezca la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“El proyecto siempre sufrió modificaciones. Algunos temas seguramente van a ameritar alguna modificación para tener una mejor solución y normativa, como puede ser la objeción de conciencia. También analizar esto que pasó en Jujuy”, concluyó Lipovetzky.
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