La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal suspendió el primer juicio por delitos de lesa humanidad contra responsables civiles que había comenzado en Santiago del Estero. La decisión, que se tomó en línea con lo pedido por los abogados de los acusados por los crímenes cometidos contra 34 personas, fue cuestionada por los organismos de derechos humanos porque llevó a fojas cero un proceso oral que demoró catorce años en comenzar y que lleva diez audiencias realizadas y donde declararon quince víctimas de la última dictadura militar.
"Nunca antes se había suspendido un debate oral en pleno desarrollo, admitiendo quejas por recursos ya resueltos por anterioridad", señaló la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero al referirse a la resolución tomada ayer por los jueces Juan Carlos Geminiani, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. "Exigimos a los tres poderes del Estado la decisión política necesaria para la conformación de un nuevo tribunal, en resguardo de las víctimas, a tiempo que impidan la impunidad biológica de los imputados", agregaron.
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La decisión de los camaristas, que se reunieron ayer para escuchar a los defensores y a la querella y en el mismo día tomaron la resolución, fue en contra de lo que habían fallado el 29 de septiembre del año pasado. Ese día respaldaron la designación de la jueza María Alicia Noli para llevar adelante el proceso oral contra el ex oficial de la policía santiagueña Roberto Díaz Cura, uno de los catorce acusados en esta causa.
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Junto a él están acusados dos ex funcionarios de la Justicia Federal, Arturo Liendo Roca -quien falleció a poco de comenzar el juicio oral- y Santiago Olmedo de Arzuaga, el ex subjefe policial Miguel Tomás Garbi; el ex segundo jefe del Batallón de Ingenieros de Combate 141, Cayetano José Fiorini; el ex jefe de compañía de la misma unidad militar, Jorge Alberto D'Amico; y los oficiales del Departamento de Informaciones (D2) de la Policía provincial, Ramiro López Veloso, Juan Bustamante, Eduardo Baudano, Pedro Ledesma y Dido Isauro Andrada. Todos eran mi de la patota policial involucrados en secuestros y torturas.
En la nueva resolución, donde aceptaron los planteos de las defensas, los camaristas consideraron que los jueces Noli, Juan María Ramos Padilla y José María Villalobo no podían llevar adelante el juicio oral. Señalaron que la cantidad de recusaciones -todas de los abogados de la defensa- permitían concluir "que pueden existir en las partes y en la sociedad dudas razonables acerca de la imparcialidad del tribunal recusado" y pidieron que se integre uno nuevo para reiniciar el proceso oral desde cero.
"Las recusaciones forman parte de las estrategias defensivas de los abogados de los represores", sostuvo el abogado querellante Pedro Orieta y recordó las dificultades que atravesó todo el proceso, conocido como la "Megacausa III", porque "afectó a la crema de la sociedad santiagueña".
Ese impacto se observó en una de las editoriales del diario La Nación, que el 13 de agosto realizó un ataque directo al tribunal oral bajo el título "Más justicia militante".
Sostuvo sus críticas con el argumento de que los jueces son "confesos militantes" en referencia al pasado de la jueza Noli como integrante del ERP y a la participación de Ramos Padilla en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). La misma argumentación de los abogados defensores, que respaldó Casación.
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