A un día del fallo de la Corte Suprema contra el Gobierno, el diputado nacional Fernando Espinoza pidió darle un bono a los jubilados de $15 mil. Se espera para mañana una dura sentencia del máximo tribunal contra el macrismo. En el medio, el PJ pide resarcir a los abuelos por la crisis.
Espinoza propuso declarar la Emergencia para jubilados y otorgarles un bono de quince mil pesos. Se trata de un proyecto de ley presentado por el diputado que añade el pago por única vez de la suma de $ 15 mil. También incluye modificar el Impuesto sobre los Bienes Personales, con la intención de gravar con dos y medio por ciento (2,5 %) a los bienes situados en el exterior, afectando el 80% de lo recaudado a las prestaciones de la ANSeS.
El proyecto de ley de Emergencia y Pago Extraordinario a Jubilados y Pensionados parte del hecho de que “la crisis económica a la que nos condujo el gobierno castiga a los más desprotegidos, entre ellos a jubilados y pensionados”, la iniciativa propone declarar la Emergencia en materia de ingresos de los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por el término de un año.
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Con ese objetivo, el texto establece que, dentro del término de treinta días desde la entrada en vigencia de la ley en cuestión, el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso un programa que contemple la recuperación del poder adquisitivo de las prestaciones que perciben los beneficiarios mencionados.
Al margen de lo anterior, el proyecto estipula también el pago por única vez a toda la población contemplada de la suma de quince mil pesos, de lo que quedan excluidos quienes perciban prestaciones mensuales superiores a la suma de cuarenta mil pesos.
Por otra parte, el pago será efectuado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) dentro del décimo día de la entrada en vigencia de la ley y el mismo estará exento de todo impuesto o tasa de cualquier tipo, sea de fuente nacional, provincial o municipal.
Finalmente, la propuesta incluye modificar el artículo 25 del Título VI de la Ley N° 23.966 de Impuesto sobre los Bienes Personales, con la intención de gravar con dos y medio por ciento (2,5 %) a los bienes situados en el exterior. En ese sentido, añade que el ochenta por ciento de las sumas que sean percibidas por lo dispuesto sobre estos bienes será afectado a las prestaciones de la ANSeS.
En los fundamentos del proyecto, Espinoza subraya que el pago de quince mil pesos previsto “servirá para hacer justicia social y paliar la grave crisis que atraviesan los jubilados y pensionados”, agregando que “operará como un dinamizador de la economía”, al tiempo que “el Estado recuperará una porción de modo casi inmediato por el pago del Impuesto al Valor Agregado”.
EL FALLO DE LA CORTE
En el “caso Blanco” se debe definir qué índice se toma para la actualización con que se pagan las sentencias por reajuste de movilidad. Hay dos índices, el RIPTE y el ISBIC. La Anses pretende utilizar el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) que arroja valores inferiores al ISBIC (Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción), que es el que utilizan desde hace años en las tres salas de la Cámara Federal de la Seguridad Social y en las cámaras federales del Interior. Sin ir más lejos, en el “caso Blanco” la Justicia dictaminó que se reajuste de acuerdo al ISBIC, lo que motivó el planteo de la Anses que ahora debe resolver la Corte. El punto en cuestión es que el reclamo de Blanco podría alcanzar a unos 150 mil jubilados.
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