La causa judicial madre es el controvertido fallo del juez de Nueva York
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A esos reclamos se sumaron, en febrero, los me too: fondos con títulos en default que pidieron a Griesa anexarse al juicio de Singer y compañía. Entre ellos está el propio Singer, con más bonos en default, y EM, un fondo buitre del magnate Kenneth Dart. En principio, el magistrado reconoció me too por u$s 5400 millones, aunque la cifra sigue en discusión. Según cálculos conservadores, el monto de la deuda que el próximo Gobierno deberá negociar estaría así entre los u$s 8000 y 9000 millones, al incluir intereses y punitorios.
En los últimos días, NML Capital y otros fondos presentaron escritos a Griesa en los que alegaron que el país les causó "daños irreparables". Nadie sabe a ciencia qué efecto tendrá este pedido en la causa, pero los especialistas concuerdan en que podría encarecer el juicio aún más. Se trata de un claro mensaje al próximo presidente: si Daniel Scioli, Mauricio Macri o Sergio Massa piensan que contarán con más espaldas para negociar con los holdouts, Singer y sus amigos ya comenzaron a marcar la cancha.
Los frentes abiertos
Discovery:
En esta causa, Griesa deberá definir en estas horas si da curso al pedido de los fondos buitre de permitir embargos a YPF, Enarsa y el Banco Central. En su búsqueda de activos embargables, los holdouts se quejaron ante Griesa porque la República no envió información, a pesar de órdenes judiciales que así lo disponían. Y solicitaron al juez que tuviera como probada la relación "alter ego" o espejo entre el Estado y esas tres entidades, para poder avanzar sobre esos bienes. El magistrado reprendió al país por no colaborar y declaró que consideraría activos comerciales (y, por lo tanto embargables) a todos aquellos que no fueran ni diplomáticos ni militares. Pero no avanzó más, por el momento.
En el Gobierno celebraron. Argentina no posee activos comerciales en Estados Unidos ni cuentas bancarias sujetas a embargo. Y Griesa no se decide a avanzar sobre YPF, Enarsa y el Central, que ya cuentan con fallos judiciales que protegen sus bienes y los separa de los del Estado. Si Griesa da ese paso, estaría contradiciendo órdenes de cámaras superiores. El país debería presentar la información pedida por los fondos buitre el lunes, pero Kicillof está decidido a responder con el tipo de evasivas de las que no le gustan al magistrado.
Bonar 2024:
Los fondos buitre pidieron a Griesa trabar los pagos del último bono en dólares que emitió Argentina, luego de que, en abril, el país consiguiera u$s 1500 millones a través de este instrumento, con nueve de cada diez dólares aportados por inversores del exterior.
La batalla legal por este título público se colará de lleno en la campaña. El jueves, Argentina presentó un escrito ante el juez en el que repite sus argumentos soberanos: se trata de deuda emitida bajo legislación local (por lo que no constituiría deuda externa) y sin la ayuda de bancos colocadores. Son fundamentos que Griesa ya desechó en causas anteriores. Sobre todo en marzo, cuando bloqueó los pagos de los bonos Discount y Par emitidos en dólares bajo legislación argentina, en la causa que le costó sanciones domésticas al banco Citi por colaborar con los holdouts.
Griesa daría un veredicto por esta causa a mediados de septiembre. Si bloquea el Bonar 24 (algo que descuentan quienes ven animosidad en el magistrado) sólo podrían cobrar sus intereses, pagaderos en marzo y septiembre, los inversores que tengan cuentas en Argentina.
Pero, más importante, pondría en suspenso nuevas emisiones de bonos, a pocas semanas de que el país deba pagar el título Boden 2015 por u$s 5900 millones. El pedido de los fondos buitre fue bloquear los pagos del Bonar 24 y de toda deuda presente y futura que emita el país. El mercado local no ve con malos ojos un canje que permita aplazar esos vencimientos. Lo dijo Mario Blejer, asesor de Daniel Scioli con excelentes vínculos y muchos clientes en el mundo financiero. "El Boden rinde 8%; hay bastante interés en dejar ese dinero acá. Un canje va a tener mucha demanda", afirmó.
La ruta del dinero:
La causa con la que los fondos biutre intentan probar que la familia Kirchner lavó dinero a través de Lázaro Báez y otros funcionarios tramita en una corte de Nevada. El argumento de los holdouts es que, al probar que ese dinero era del Estado, sería embargable. Pero es una causa más política, que busca repercusión mediática. Por eso mismo, en el Gobierno esperan que haya novedades (y no positivas) antes de las elecciones.
YPF, en tres cortes:
Además de la causa de Discovery, en la que los fondos buitre intentan probar que la petrolera de capitales mixtos es "alter ego" o espejo del Estado, la firma que conduce Miguel Galuccio tiene otros dos frentes abiertos.
El primero tiene que ver con el convenio firmado con Chevron para explotar Vaca Muerta. NML pidió a una corte de California (donde está radicada la petrolera estadounidense) embargar los fondos que giraron a YPF por ese joint venture. En paralelo, los holdouts intentaron lo mismo en un juzgado de Nevada, para frenar un contrato entre YPF y Apache. Ninguna de las dos causas prosperó por el momento, aunque no fueron desechadas.
El segundo se reactivó en los últimos días y tiene a Griesa como protagonista. Es la causa en la que el fondo buitre Burford pide una indemnización por YPF, luego de haber comprado Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las empresas del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, radicadas en España. Con esos sellos, los Eskenazi se habían asociado a Repsol en 2008.
Cuando el Gobierno estatizó el control de la compañía, en 2012, y dispuso reinvertir los dividendos que antes iban a Repsol y a los Eskenazi, Petersen no pudo pagar la deuda que había tomado para adquirir su porción de YPF y perdió sus acciones. Los Eskenazi vendieron los derechos a Burford, que ahora pide dinero. La causa llegó al juzgado de Griesa, YPF pidió cambiar de juez y el magistrado se negó. Las segundas partes, se dice, nunca fueron buenas.
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