¿Quiénes blindan los que blindan? La libertad de expresión, cuestionada en plena campaña

De Cristina Kirchner se pueden decir muchas cosas pero algo, a esta altura de la campaña, resulta indiscutible: mantiene intacta su capacidad de instalar agenda. Por caso, seguimos hablando acerca de pindongas y de cuchuflitos. La extraña hermenéutica que hizo la prensa opositora sobre un postulado razonablemente sencillo acerca de la pérdida de calidad del consumo popular y un artículo del diario El País de España fueron resumidas por la senadora en un tuit: “Es tan obsceno el blindaje mediático que tienen Macri y Vidal que, como en otras tristes épocas, para entender lo que pasa en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires hay que recurrir a la prensa internacional”. Por supuesto, alcanzó ese puñado de caracteres para poner a hablar a todo el microclima acerca de ese tema que nos encanta odiar y sobre el que todos tienen una opinión.

La ex presidenta no es la primera en poner la lupa sobre el asunto, que se denuncia en medios opositores desde los primeros meses de la presidencia de Mauricio Macri y que recientemente empezó a colarse por los resquicios de algunos programas políticos en canales más afines. Sobran, a esta altura, evidencias de que la protección que brindan algunos medios a la administración Cambiemos no tiene comparación con otras experiencias de afinidad entre la corporación periodística y el gobierno en la historia reciente. Ni Néstor Kirchner, al que el diario La Nación recibió pronosticándole un mandato de 180 días; ni Fernando De La Rúa durante el comienzo de su gestión; ni siquiera Carlos Menem en la cresta de la ola fueron cuidados entre algodones por las principales cadenas como Cambiemos en estos tres años y medio.

Con esa inestimable ayuda, el oficialismo fue construyendo su propio relato. Un ejemplo, paradigmático además, es el lugar común, pocas veces cuestionado en el mainstream, de que este gobierno es ejemplar en materia de libertad de expresión. Para llegar a esa conclusión resulta necesario ignorar, por ejemplo, que una patota protegida por la Policía Federal ingresó a la redacción del diario Tiempo Argentino, golpeó a los trabajadores y destruyó sus herramientas en lo que fue, quizás, el atentado más grave contra la libertad de prensa desde 1983; que cada vez que hubo un episodio de represión de protestas contra el gobierno se contaron periodistas y fotógrafos entre los detenidos, baleados y golpeados; que hubo, bajo esta administración, gente que fue detenida por tuitear contra el Presidente o por insultarlo durante una recorrida de campaña

También debe ignorarse el hecho de que Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del principal canal de televisión opositor, están presos por una deuda impositiva; y que uno de ellos, De Sousa, declaró ante el fiscal federal Guillermo Marijuan que Macri en persona participó de tres reuniones donde fueron apretados para “modificar la línea editorial de sus medios” y ponerlos “al servicio de encarcelar a la ex presidenta Fernández de Kirchner”. La declaración, en el marco de una denuncia por extorsión que involucra al Presidente, incluye detalles sobre dónde fueron esos tres encuentros (la Usina del Arte, la sede del GCBA en Parque Patricios y la casa de Franco Macri), cuándo se llevaron a cabo y quiénes participaron y fueron testigos de la maniobra. No debería resultar complicado comprobar la veracidad o falsedad de esas afirmaciones.

Los ejemplos de avasallamiento de la libertad de expresión durante el gobierno de Macri son más y podrían ocupar varias veces el espacio de esta columna: la pérdida de más de cuatro mil puestos de trabajo en prensa en todo el país; los aprietes a dueños de medios para que dejen sin espacio a ciertos periodistas; la negativa del Presidente y las principales figuras políticas del oficialismo a dar entrevistas a medios críticos; la falta de información transparente sobre el manejo de la pauta oficial, que ya no sólo se distribuye entre medios sino que va directamente a los bolsillos de algunos voceros. Y sin embargo, un amplio sector de la prensa que se autopercibe como independiente no titubea en afirmar que la Argentina de Cambiemos es una panacea para quienes ejercen el oficio periodístico. Eso, entre otras cosas, es lo que Fernández de Kirchner describe como blindaje mediático.

El lunes pasado, el candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dio una entrevista a Joaquín Morales Solá en su programa televisivo en TN. A pesar del aprecio mutuo que se profesan, fue un intercambio firme, en el que el candidato presidencial se mostró más sólido que su interlocutor, dejándolo varias veces sin palabras ante una exposición que se alejaba mucho de la caracterización del kirchnerismo que Morales Solá y TN contribuyeron a crear. Lo describió a la perfección Martín Becerra en un artículo para Letra P: el periodista no pudo responder a los datos que brindaba Fernández (no todos ellos correctos) “porque ignoraba, lisa y llanamente, que existía del otro lado una perspectiva elaborada, no una caricatura ni una consigna deformada como es descripto el peronismo opositor, y en especial el kirchnerismo, en sus columnas y en las de sus colegas”.

Cabe preguntarse, a la luz de los hechos, si las figuras de los principales medios oficialistas participan voluntariamente de la construcción del maquillaje electoral del gobierno (prefiero ese término, más flexible, a la dureza del blindaje, porque, a diferencia de lo que sostiene CFK; hoy en día no es necesario acudir a la prensa extranjera para informarse de lo que pasa en Argentina y los medios opositores, con dificultades económicas y políticas, hacen ese trabajo a diario y son elegidos por cada vez más ciudadanos de este país) o si no están ellos, también, entrampados por su propio bias, que les impide reconocer un interlocutor válido en el adversario, al que creen muy distinto del que realmente es. Blindadores blindados, cometen el error de tomar de la que venden y ese error puede salirles carísimo, justo en plena campaña electoral.