Argentina está en las vísperas de ingresar a un nuevo proceso de reestructuración de la deuda pública externa:el Gobierno ya hizo público el cronograma de pasos a seguir en la búsqueda de cerrar un acuerdo con los bonistas y el Congreso ya le otorgó las facultades necesarias al Ministerio de Economía para proceder y utilizar los instrumentos que considere necesario, a través de la sanción de la ley de restauración de sostenibilidad. Sin embargo, este inicio está marcado por una tarea muy difícil, que es hallar a quiénes son los propietarios de los títulos emitidos por nuestro país, para comenzar a negociar.
El paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada dejó una hecatombe económica en muchas áreas, pero la deuda es un caso icónico. El país cuenta con un stock de pasivos que alcanza los u$s 310.100 millones, entre organismos públicos, privados y multilaterales. El 61,7% del total de la deuda en manos del sector privado se encuentra en dólares y un 16,1% en euros.
En pesos, representa un 15,1%, un 3,1% en pesos dólar linked, 3,4% en pesos ajustados por Cer (Coeficiente de Estabilización de Referencia) y 0,6% entre otras monedas. El 66,4% del monto total está comprendida bajo ley local y el restante 33,6% bajo ley extranjera.
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La mayoría de los recursos para financiar los préstamos que otorga el FMI proceden de los países miembros, principalmente del pago de cuotas. Además, la captación de crédito complementa temporariamente los recursos procedentes de las cuotas. Los préstamos concesionarios se financian mediante otros fondos fiduciarios basados en aportaciones.
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A cada país miembro del Fondo se le asigna una cuota —basada en el tamaño de la economía del país en relación con la economía mundial— que determina su contribución máxima a los recursos financieros de la institución. Las cuotas se revisan cada cinco años, como mínimo.
De acuerdo a la consultora Criteria, el 62% del total de la deuda argentina corresponde a bonos, un 14% con el FMI y 9% con Letras del Tesoro, entre los compromisos de mayor envergadura. Aquí yace la primera dificultad, ya que si sólo el 14% corresponde al Fondo, ¿a quién le corresponde el resto?
Si se deja de lado a organismos multilaterales-como el Fondo o el Club de París- y los tenedores públicos,la deuda que buscará reestructurar el presidente de manera inmediata, Alberto Fernández, será la que mantiene con privados. Para este segmento, la cifra gira en torno a los u$s 120.000 millones, y está denominada en un 78% en moneda extranjera.
Más que póker, será truco
"Estamos jugando al póker y no con chicos", fue la frase que usó el Presidente para describir las negociaciones. Pero más que póker, el Gobierno deberá usar artilugios de otra naturaleza para llegar a un acuerdo beneficioso con quienes, efectivamente, no son "chicos" sino gigantes del mundo financiero. Pero todo tiene un origen.
Según el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), un think tank con sede en Washington, la salida de capitales de inversores extranjeros en los países emergentes fue U$S 12.300 millones sólo en mayo de 2018. Para comprender la magnitud, los países emergentes registrarán este año US$ 100.000 millones menos de ingreso de capitales. Argentina, de acuerdo al IIF, fue la economía más golpeada por la eyección de ingresos.
A quién le debe Argentina
En diálogo con El Destape, el historiador y especialista en derecho internacional Alejandro Olmos Gaona dio detalles del proceso a través del cual el Estado argentino se autogeneró una deuda impagable. En los últimos días, trascendió que desde el Ministerio de Economía ya se pusieron en contacto con agentes de información para rastrear a quienes ostentan los títulos.
"La mecánica es así: los bonistas compraron títulos y ellos podían esperar a cobrar los intereses. Pero con la debacle económica del macrismo, muchos se desprendieron de esos títulos, los vendieron a otros agentes financieros y ahí se forma un espiral de renegociación permanente", explicó. Para el historiador, habría que hacer "un gran censo de acreedores" para "saber quién compró, a qué precio y si ya recibieron intereses".
En ese sentido, Gaona amplió: "Imagino que esa búsqueda la harán a través de los bancos, ya que muchas colocaciones de bonos fueron a parar a las grandes entidades, los cuales quizás los han vendido con la baja de los bonos". Además, subrayó: "si el proceso no es ordenado, es muy difícil".
"Por ejemplo, los bonos de 2016- cuando Macri le pagó los buitres con intereses- eran títulos que originalmente tenían grupos inversores y se fueron cambiando de mano en mano .Cuando ven que no vas a cobrar nada, y los bonos rinden al 17,18%, los venden y ahí los buitres hacen su negocio", soslayó.
Cerca de U$S 25.000 millones de deuda pública argentina se encontraría en manos de fondos mutuos. La alemana Allianz SE (PIMCO) y los estadounidenses Franklin Resources, Blackrock y Fidelity surgen como principales tenedores.
Los siete megabancos de Wall Street controladores de las principales trasnacionales son: Bank of America, JP Morgan, Citigroup/Banamex, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon y Morgan Stanley. Sin embargo, ese núcleo estaría a la vez condicionado por el Big 4 (los cuatro grandes), tal como son conocidos en el mundillo bursátil: la propia Black Rock, State Street Corp., FMR (Fidelity) y Vanguard Group. Claramente no son jugadores chicos, y hay antecedentes que harán complejas las negociaciones.
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Black Rock
BlackRock ofrece servicios de gestión del riesgo, asesoramiento estratégico y sistemas de inversión propios a clientes con unas carteras que suman alrededor de 8 billones de dólares. La base de clientes está formada por planes de pensiones de empresas, administraciones públicas, sindicatos e industrias; gobiernos; compañías de seguros; fondos de inversión de terceros; dotaciones; fundaciones; organizaciones benéficas; empresas; organismos oficiales; fondos patrimoniales soberanos; bancos; profesionales financieros; y particulares de todo el mundo. Desde inicios de 2019 posee oficinas en nuestro país.
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PIMCO
Por su parte, PIMCO ya mantuvo diálogos con la cartera que conduce Martín Guzmán. El fondo renovó sus tenencias en el Bono de Política Monetaria (BoPoMo) a fines de 2019, ya que detenta el 40% de esa colocación. Intervino en la licitación de las Letras del Tesoro en pesos (Letes), por la cual el ministerio obtuvo unos $ 19.000 millones a una tasa final del 44%.
El BoPoMo fue una inversión lanzada al mercado en junio de 2017, bajo idea y diseño del entonces ministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo. La adhesión a la propuesta del Gobierno podría ser vista como una señal para el resto de los inversores.
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Templeton
Otra llave dentro de los acuerdos a rubricar por Argentina involucrará Templeton. En mayo de 2018, el macrismo lanzó una megaoperación de colocación de deuda, a través de la reapertura de la colocación de los Bonos del Tesoro 2023 y 2026, donde el fondo ingresó. Caputo tuvo éxito y hasta colocó la operación de los títulos Bote, cuando se prometía que el dólar se iba a estabilizar. Para ambos títulos se pactó una rentabilidad de 20% anual, paro que con el paso del tiempo, el bono iría recortando pérdidas hasta lograr una importante rentabilidad. La inversión alcanzaba los U$S 6.000 millones, pero todo salió pésimo.
Tras las PASO, entre el 12 y el 13 de agosto, Templeton perdió un 3,5% (cerca de U$S 1.000 millones). La casa de inversiones reconoció incluso que en esas 48 horas se registraron sus peores jornadas desde la crisis de 2008. El antecedente no parece ser provisorio si es que se les solicita benevolencia para negociar.
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Fidelity
Justamente Fidelity bloqueó la posibilidad de llegar a un acuerdo con la provincia de Buenos Aires para postergar el pago de un bono de US$ 250 millones hasta mayo. El ente financiero ostenta poco menos del 20% de los papeles emitidos en 2011.
Como tantos ciclos históricos que repite Argentina, será turno de volver a estirar plazos de pago, especular con quitas de intereses o capital, fijar cláusulas y todo el desgaste que los acuerdos requieren. Si para el Presidente esto es póker, llegó el momento de sentarse a la mesa.