Ante la asfixia financiera que dejó el macrismo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires envió una propuesta de aplazamiento de pago para el bono BP21 que vencía el 26 de enero. La decisión fue tomada como un acto que denotó un supuesto distanciamiento con la administración nacional, por el hecho de no haber recurrido a una ayuda económica y cancelar el compromiso. Sin embargo, el plan fue delineado de manera conjunta entre ambas partes.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, conducido por Pablo López, anunció que buscará el consentimiento de sus acreedores para postergar hasta mayo el pago del Bono Buenos Aires 2021. El documento oficial expresó: “El propósito general de las enmiendas propuestas es liberar temporalmente a la Provincia de ciertas obligaciones financieras de corto plazo aplazando hasta el 1° de mayo de 2020 la próxima fecha de pago del principal, originalmente establecida para el 26 de enero de 2020”.
A partir de ese comunicado, diversas voces empezaron a plantear el porqué la provincia no acudía a la solicitud de recursos nacionales para pagar los U$S 275 millones. Lo cierto es que esa posibilidad jamás tuvo lugar desde un primer momento.
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“Nunca tuvimos previsto asistencia, no hay tal polémica. Las negociaciones por la deuda pública se están coordinando con Nación y la provincia nunca tuvo en cuenta este bono en particular. Desde el 20 de diciembre se inició el diálogo con los acreedores para llegar a un acuerdo”, expresaron desde la cartera provincial a El Destape. Claro que hay una razón.
"La Provincia de Buenos Aires está llevando a cabo sus propias gestiones, que me consta que están basadas en principios similares a los de la Nación, que oportunamente fueron comunicados por escrito", había anticipado el ministro de Economía, Martín Guzmán. El discípulo del Nobel Joseph Stiglitz se reuniría con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, el 5 de febrero durante un encuentro organizado por el Vaticano. Aquí radica el factor principal de la bifurcación de las negociaciones.
Según trascendió desde hace meses, Nación pediría aplazar pagos al Fondo durante dos o tres años por la insostenibilidad de la deuda, que sólo en 2020 asciende -contando bonos en poder de entes públicos- a U$S 52.000 millones. En ese juego de negociaciones, asignar recursos extraordinarios a una jurisdicción provincial surge como una contradicción que podría terminar con las ambiciones argentinas.
Será la provincia quien deba atender sus propios compromisos en este contexto. Según un informe de la consultora Elypsis, Buenos Aires debe afrontar en 2020 una deuda por U$S 2705 millones, de los cuales U$S 725 millones vencen en enero y otros U$S 1395 millones, entre febrero y junio.
La gestión de María Eugenia Vidal dejó una provincia muy debilitada en lo financiero, ya que la deuda pública pasó U$S 9.360 millones en diciembre de 2015 a U$S 11.959 millones en junio de 2019. Pero además se incrementó al 82,7% la participación de los compromisos en moneda extranjera.
Respecto al prospecto del bono en cuestión, según las cláusulas de acción colectiva, si la propuesta de postergar el pago de capital es aceptada por los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos, estos serán modificados con efecto vinculante para todos sus tenedores.
Las cláusulas de acción colectiva son condiciones dentro del contrato de un bono que fijan un parámetro de aceptación para que se puedan cambiar los términos de la emisión de deuda sin caer en default. De esta manera, si los dueños de tres cuartos de la emisión original por U$S 750 millones aceptan las nuevas condiciones, el 25% restante también deberá adherir al acuerdo.
Si no se alcanza esa cifra de aceptación, la provincia quedará obligada a cumplir con el pago establecido en el contrato. Así, Axel Kicillof tendría que pagar de todas formas los U$S 250 millones de capital en el día del vencimiento o iniciar el proceso que lleva al default.
Según el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, para que la propuesta sea exitosa se necesita alcanzar el nivel de consenso estipulado en el contrato antes del 22 de enero. Por eso, trabajan a contrareloj para consensuar una salida con los bonistas.
Si se concreta, el distrito más importante del país podrá pasar el verano con un poco de alivio, a la espera del 1 de abril, fecha señalada por el presidente, Alberto Fernández, como el límite para conseguir un acuerdo con los acreedores internacionales y tener un panorama menos difuso para el andar de al economía.
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