Por segunda vez, se reunió la Mesa Institucional de Diálogo para resolver la grave crisis que atraviesa el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), uno de los puntos centrales de preocupación de Axel Kicillof. La superpoblación carcelaria, los problemas de salud, alimentación y un Poder Judicial que abusó del punitivismo llevaron al sistema a una situación límite que, con voluntad política, el gobierno busca solucionar.
Julio Alak, ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció que la Mesa - que incluye a los más diversos sectores, entre los que están los tres Poderes del Estado y organismos de derechos humanos - también estará integrada por internos y familiares. Una mesa ejecutiva, en tanto, asistirá a los centros penitenciarios y la fecha de inicio será el 5 de febrero, en el penal de Olmos, el más emblemático de la provincia.
El ministro destacó que el gobierno logró normalizar la provisión de alimentos y medicamentos para los detenidos. Su faltante se debió a la falta de pago a proveedores, según pudo saber este medio.
"Crisis humanitaria", así definieron a El Destape la situación de las cárceles bonaerenses. Apenas comenzó la gestión de Kicillof, 11 mil detenidos estaban en huelga de hambre, lo que pudo solucionarse. La salud penitenciaria, en tanto, corre un grave peligro ya que sólo hay 300 médicos para 50.000 reclusos y faltan materiales de trabajo, a lo que se le suma que los especialistas perciben sueldos por debajo de la canasta básica, una traba más para poder desempeñar su labor como es necesario.
Si bien aseguraron que el panorama es sombrío, recalcaron la toma de conciencia por parte del gobierno y el Poder Judicial, del que depende el SPB, para revertir esta situación. Lisandro Pellegrini, subsecretario de Política Criminal y coordinador de esta mesa de diálogo, aseguró que el Ministerio está abocado 100% al problema del sistema carcelario.
Dentro de las primeras medidas, están la reinstalación de supervisores de la subsecretaría penitenciaria para trabajar en las unidades y colaborar con las tareas necesarias, algo que dejó de implementarse durante la gestión anterior y quitó recursos. Además, informó el coordinador de la mesa, avanzan con un diagnóstico sobre los informes criminológicos necesarios para que las personas detenidas puedan ser autorizadas a reinsertarse en la sociedad. Los mismos son el insumo que los jueces utilizan para definir la libertad de un recluso, pero están demorados y generan una traba importante para quienes ya no deberían estar en el sistema.
La superpoblación es el problema más grave de todos y alcanza al 110%, según dijo Alak. Ésto impide que se cumpla con los estándares internacionales de derechos para los reclusos. De hecho, la provincia tiene la tasa de detenidos más alta del país. La misma se mide cada 100 mil habitantes y, sobre esa base, Buenos Aires tiene 309 mientras que la Nación llega a 208.
En los cuatro años de gestión de María Eugenia Vidal, destacaron, hubo un ascenso del punitivismo, de la mano dura y abuso de las prisiones preventivas que engrosaron las filas de los penales. En total hay 57 cárceles en el territorio bonaerense y todas padecen el hacinamiento y problemas de infraestructura. Ésto deriva en más problemas como la violencia, promiscuidad e imposibilidad para hacer muchas tareas, entre ellas trabajar. Cabe destacar que los detenidos están privados de su libertad ambulatoria pero no del resto de los derechos que todo ser humano tiene.
Aproximadamente, cada año ingresan entre 3500 y 4000 presos al sistema. Para evitar el hacinamiento sería necesario construir unas diez cárceles cada doce meses. Sin embargo, destacaron que los ladrillos no son la solución sino los cambios de política del Poder Judicial, como el hecho de no abusar de las prisiones preventivas y conceder las externaciones justificadas por enfermedad, mujeres embarazadas o con niños pequeños, por ejemplo. Por eso, el cambio será progresivo y no de un día para el otro aunque esperan tener resultados en el corto plazo, si ésto se llega a concretar.
De hecho, confiaron que miembros de la Justicia aseguraron que hay entre 10 mil y 15 mil detenidos que, con otra interpretación de las normas legales, podrían estar en libertad. En un universo de 50 mil reclusos, es un número importante que podría dar un alivio a la superpoblación carcelaria. No sólo se conseguiría mejorar la situación de los reclusos, sino también permitiría destinar los recursos económicos y humanos a garantizar mayor seguridad para los bonaerenses.
Sin embargo, hay otro problema que atender en este aspecto, aclaró Pellegrini, ya que el Patronato de Liberados, dedicado a políticas pospenitenciarias de acompañamiento, está desfinanciado. En relación al presupuesto bonaerense, pasó de representar el 1% a sólo el 0,7% durante la gestión de Vidal y en el último año perdió el 43% de los recursos destinados a programas sociales.
La Mesa Interinstitucional de Diálogo fue creada por Kicillof, para buscar soluciones a esta grave situación. Los encuentros serán mensuales con una evaluación trimestral. "Estamos tratando con personas, que por la circunstancia de estar privados de libertad no deben perder su condición de tales, principalmente su condición de dignidad", dijo el vicepresidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos.
En tanto, Paula Litvachky, integrante del CELS, destacó que “lo importante son las medidas inmediatas que se van tomar para bajar el nivel de presión sobre el sistema de encierro y empezar a trabajar sobre la cantidad detenidos, que hay hoy en las comisarías de la Provincia".
Muchos se preguntarán cuándo comenzarán a verse los resultados. Pellegrini sostuvo que se trabaja en generar indicadores que permitan leer el impacto de cada medida tomada, para no trabajar en el aire, para lo cual necesitan, entre otros, de las estadísticas de la Corte Suprema y el Ministerio Público Fiscal. Este seguimiento, hasta ahora, no existió.
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