La frase latína «Exceptio probat regulam in casibus non exceptis» significa que «si existe una excepción, debe existir una regla para la que se aplica dicha excepción». La persona o cosa que se excluye de la regla común, queda por fuera del universal y constituye una excepción.
La vida democrática implica que todos los ciudadanos están sometidos a la regla máxima, la Constitución Nacional. Carl Schmitt dedicó gran parte de su producción filosófico-político-jurídica a dilucidar los usos e implicaciones que el estado de excepción tenía en la política y en el derecho. Para Schmitt el soberano puede decidir el estado de excepción, que implica la suspensión del ordenamiento jurídico, a los efectos de proteger el bien público en contra de un ataque causado por enemigos internos o externos. Al decidir sobre la excepción el soberano está decidiendo sobre la norma, esto es, sobre la suspensión del orden jurídico habitual. Esta decisión, asociada a una zona borde entre la legalidad y la alegalidad, sólo puede ser aplicada en los casos límites, no puede ser utilizada rutinariamente pues se opone a la norma y se basa en la idea de la suspensión de la Constitución.
Cuando un presidente se ubica como excepción pretendiendo gobernar una nación como si fuera su propiedad, decidiendo los asuntos comunes según su voluntad sin someterse a la ley de todos, el país se transforma en un estado de excepción motivado por el capricho del “gerente” que lo administra.
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En el psicoanálisis hay dos referencias para pensar el tema de la excepción que, si bien responden a diferentes usos, coinciden en encarnar un carácter ilimitado y la atribución de un poder supremo. En su artículo “Tótem y Tabú”, para dar cuenta del origen de la civilización, Freud inventó un mito respecto de los tiempos primordiales de la humanidad. Afirmaba que en aquel entonces los hombres y las mujeres vivían en hordas salvajes gobernados por un padre violento, poseedor de todos los bienes y las mujeres, que imponía su voluntad al resto. Un día los hermanos cansados de esa distribución se confabularon y decidieron asesinarlo; luego del crimen fueron ganados por la culpa y el arrepentimiento. Para no repetir el homicidio pactaron entre todos que ninguno ocuparía el lugar del padre y realizaron un contrato que establecía dos prohibiciones: el incesto y el parricidio. Todos los hermanos se sometían a dicho contrato, una ley que los emparejaba, de renuncia a la satisfacción pulsional a cambio de obtener la cultura. El padre de la horda primitiva, poseedor del goce absoluto e irrestricto al que nunca tuvo que renunciar, representa la excepción a la ley.
En un artículo llamado “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico” Freud se interroga sobre ciertas conductas que le resultan sorprendentes. Hay personas, afirma, que se ubican en el lugar de “excepciones”: se aferran a privilegios y se niegan a resignarlos sin culpa alguna, se sienten víctimas y creen que la vida les debe algo. Demandan, reclaman, exigen, no están dispuestos a renunciar a una ganancia de placer, aunque esas satisfacciones tengan como consecuencia un perjuicio para los demás. Hacen padecer a los otros y se sienten justificados en alcanzar sus objetivos por cualquier medio. Sus demandas son compulsivas, sus exigencias desenfrenadas, sin ley ni culpa. Pueden transformarse en verdugos de sus hermanos y sienten que tienen derecho a ser excusados y a tener privilegios: se consideran excepciones.
En el gobierno del Presidente Macri la práctica de la excepción, que se diferencia del estado de excepción legal, se ha convertido en el modo habitual de gestionar, poniendo en peligro la democracia y lo social. Macri gobierna como si fuera el padre de la horda, se ubica ante la ley como una excepción no sometido a ella, como el que la digita según su capricho. Operando en equipo con Clarín y el Poder Judicial con una Corte adicta elegida a dedo, se saltean los procedimientos establecidos dejando de lado la legalidad y apelando cada vez más a mecanismos de excepción. Encontramos procesos plagados de irregularidades como el encierro ilegal de Milagro Sala, Boudou y De Vido entre otros, el embate persecutorio contra Cristina Kirchner, las muertes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel así como las frecuentes represiones a la protesta social. La lista es larga: gatillo fácil, retorno de las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, censura a periodistas, blanqueo para familiares, libertad para arrepentidos guionados, prácticas de lawfare y fórum shopping, algunas de las anormalidades que componen el cuadro.
Cuando un gobierno encarnado en una persona que se ubica como excepción intenta ejercer un poder irrestricto manipulando la justicia, la información, los hechos y la economía según su conveniencia, el estado de excepción se transforma en un modus operandis antirrepublicano, un simulacro que encubre la sustitución de la legalidad por el antojo de un Presidente y la democracia se convierte en una tiranía no limitada por la ley para todos.
Es necesario diferenciar el estado de excepción contemplado por la ley, del capricho de un sujeto como rasgo de carácter que pretende ubicarse por encima del orden jurídico. A partir del deterioro del derecho que constatamos día a día en la Argentina, ¿Resulta plausible continuar caracterizando a Cambiemos como una derecha institucional o como una “derecha democrática”?