Blazer, quien en 2013 fue suspendido por la propia entidad por haber recibido 20 millones de dólares de manera ilícita por porte de la Concacaf, se dedicó a grabar a sus ex compañeros con micrófonos ocultos en sus ropas. Juntó información que la justicia estadounidense utilizó contra los catorce dirigentes imputados en el escándalo de lavado de dinero, pago y cobro de coimas, y conspiración que salpica a la organización dirigida por Joseph Blatter.
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Sin embargo, el germen de la investigación que sacó los trapitos al sol en la FIFA tiene como protagonista a un ex fiscal estadounidense. Michael García fue contratado por el propio organismo del fútbol para realizar un informe sobre la elección de las sedes de los dos próximos mundiales a realizarse en Rusia y Qatar en 2018 y 2022 respectivamente.
García, casado con una agente del FBI y devenido presidente del Comité a de Ética de la entidad, escribió el extenso informe que contaba con los dichos de 75 testigos y se lo presentó a otro miembro de ese comité, el juez alemán Joachim Eckert.
El ex fiscal explicó que Eckert realizó una interpretación "sesgada y tergiversada" del informe, por lo que a pesar de haber visto irregularidades, no las consideró de suficiente peso como para someterlas a votación final.
García no se frustró con el magistrado alemán que hizo la vista gorda y le pidió a Joseph Blatter que publique el informe completo. Sin embargo, el presidente de la FIFA nunca lo hizo, incluso pese al pedido de Michel Platini, titular de la UEFA, y Jeffrey Webb, presidente de la Concacaf. Este último dirigente es uno de los imputados por el Departamento de Justicia estadounidense.
Por otro lado, la investigación por el escándalo de la FIFA también tiene una contracara suiza. La fiscalía de ese país también investiga indicios de criminalidad en el otorgamiento de las sedes de los mundiales de fútbol de 2018 y 2022. Entra las medidas tomadas por esa fiscalía, están el bloqueo datos informáticos y documentos en la sede de la organización en Zurich.