La Unión Europea (UE) prorrogó el martes por un año las sanciones a 21 funcionarios nicaragüenses, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del mandatario Daniel Ortega, y tres de sus hijos, además de tres instituciones del país centroamericano.
Las sanciones, que se extenderán hasta el 15 de octubre de 2025, consisten en la prohibición de viajar o transitar por los países de la UE y la congelación de activos en bancos europeos, informó en un comunicado el consejo comunitario.
En el caso de las tres entidades sancionadas (Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos) las restricciones impiden a ciudadanos y empresas de la UE poner fondos a su disposición.
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El bloque europeo aplicó por primera vez en 2019 sanciones a personas e instituciones ligadas al gobierno de Ortega, en rechazo a las presuntas violaciones de derechos humanos por parte de la policía y paramilitares en la revuelta social del año anterior.
En su comunicado, la UE instó al gobierno de Ortega a la liberación de "presos políticos" (unos 70 en la actualidad, según la oposición) y al restablecimiento de las libertades públicas y el derecho a disentir.
También reiteró su "compromiso permanente con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos".
Nicaragua vive una crisis política desde las protestas de 2018, donde la represión estatal dejó unos 360 muertos, más de 2.000 heridos y 100.000 exiliados entre abril y septiembre de ese año, según organismos de derechos humanos.
Desde entonces, el gobierno de Ortega ha encarcelado o expulsado del país a cientos de opositores, y clausurado miles de organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas religiosas, a las que acusa de recibir financiación de la oposición para criticarlo.
Con información de Reuters
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