Los diputados polacos empezarán a debatir el miércoles los planes para modificar el funcionamiento del Tribunal Constitucional tras los cambios introducidos por el anterior gobierno nacionalista que, según los críticos, han socavado la independencia del tribunal.
Esta es una de las condiciones que Polonia, ahora dirigida por el primer ministro proeuropeo Donald Tusk, debe cumplir para recuperar el acceso a miles de millones de euros en fondos de la UE. Bruselas decidió desbloquear el dinero a pesar de que las reformas aún no se han completado.
El Tribunal Constitucional, que decide sobre la validez de las leyes, era una pieza clave de la reforma de los tribunales polacos llevada a cabo por el anterior gobierno de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco). Desde que el PiS perdió el poder, sigue intentando bloquear las reformas del nuevo gobierno.
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Los dos proyectos de ley cambiarían la forma de nombrar a los jueces del Tribunal, aumentando la mayoría necesaria para que requieran el apoyo de distintos partidos en el Parlamento.
Los proyectos de ley también establecen que tres jueces nombrados por el presidente en 2015, justo después de que PiS llegara al poder, son "personas no autorizadas para juzgar" y que las sentencias emitidas con su participación son inválidas.
Los tres fueron nombrados para puestos para los que previamente habían sido propuestos otros jueces.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que tales nombramientos eran ilegales y negaban a los ciudadanos el "derecho a un tribunal establecido por la ley". La Comisión Europea había expresado reservas similares.
Según la Fundación Helsinki de Derechos Humanos, la nueva legislación se aplicaría a 85 sentencias, incluida una controvertida de 2020 que supuso la prohibición casi total del aborto.
"Sin embargo, el Tribunal Constitucional también dictó una serie de sentencias que (...) no plantean objeciones. Algunas de ellas también se referían a cuestiones importantes desde la perspectiva de la protección de los derechos humanos", escribió la Fundación en un informe.
Los proyectos de ley, si son aprobados por el Parlamento, serán vetados con toda probabilidad por el presidente, Andrzej Duda, aliado del PiS, que ya ha dicho anteriormente que no aceptaría que se cuestionaran sus nombramientos judiciales. El mandato de Duda expira el año que viene.
Con información de Reuters
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