La Corte Suprema de Panamá empezó hoy a analizar si es "inconstitucional" el contrato otorgado por el Gobierno a una minera canadiense para que opere en el país durante 40 años, un asunto que ha desatado protestas y bloqueos de rutas que mantienen semiparalizado al país desde hace más de un mes.
Los nueve magistrados del máximo tribunal acordaron trabajar en "sesión permanente" hasta emitir un fallo que podría conducir al cierre de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica.
La Corte "inicia sesión permanente, en el Palacio de Justicia Gil Ponce, para analizar las demandas de inconstitucionalidad" del contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals, informó a media mañana el poder judicial en la red social X (antes Twitter).
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Cerca de la Corte hay cotidianas manifestaciones en demanda de un fallo que declare inconstitucional al contrato minero.
Las protestas estallaron el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el Gobierno que permite a First Quantum operar por 40 años esta mina situada en el Caribe panameño.
Desde entonces hay cortes de rutas que han afectado a casi todos los sectores productivos y ocasionado millonarias pérdidas, según gremios empresariales.
Una decena de organizaciones y particulares presentaron demandas de "inconstitucionalidad" del contrato, que deberán ser resueltas por la Corte Suprema, presidida por la magistrada María Eugenia López. El tribunal no tiene plazo fijo para dictar su fallo, informó la agencia de noticias AFP.
Por su parte, la minera pidió a la Corte desestimar esos recursos, al argumentar que el contrato no infringe la carta magna panameña y la mina es ambientalmente sostenible.
Para acallar la protesta, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato.
La medida solo conformó a los ambientalistas, pero tanto el sindicato de la construcción, como los gremios docentes y otras organizaciones han mantenido los bloqueos y el pedido de derogación del contrato.
El Gobierno y la minera argumentan que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y el contrato incluye aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, 10 veces más que el acuerdo inicial de 1997.
Desde febrero de 2019 la mina produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales.
Con información de Télam
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